Sí Podemos Canarias rechaza medidas austericidas que vayan “contra los derechos de la población”

• Manuel Marrero: “Nuestra primera exigencia es que el Gobierno del Estado autorice el uso del superávit. No vamos a renunciar a ello”.

• “La RIC debe ponerse al servicio de la creación de empleo estable y de calidad en nuestras islas ante esta situación de emergencia.”

• El Grupo Parlamentario considera que se debe acometer una “urgente revisión de la fiscalidad en nuestras islas”, con la mirada puesta en una mejor redistribución de la riqueza “a través de una fiscalidad progresiva” que “permita enfrentar el paro, combatir la pobreza y garantizar los servicios públicos”.

El Grupo Parlamentario Si podemos Canarias considera necesario que “el austericidio no puede ser la receta para salir de esta crisis, como nos pasó en la década pasada”, por lo que ha exigido al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Román Rodríguez, que “las medidas económicas que se adopten no pueden ir contra los derechos de la población”.

 “La política y la ética deben ir unidas”, ha asegurado este viernes el portavoz parlamentario, Manuel Marrero, en su intervención en la Diputación Permanente.

Por ello, ha apoyado “la coherencia por mantener el empleo” de las dos medidas adoptadas por el Gobierno del Estado, tales “la prohibición de los despidos y la oferta de los ERTE”, que en el caso concreto de Canarias, “cubren a más de 200.000 trabajadores con un coste de 340 millones de euros mensuales”. Del mismo modo, ha recordado que las medidas hacia los autónomos adoptadas por el Gobierno del Estado, “que seguramente habrán de mejorarse en algunos aspectos”, han sido complementadas del 70% al 100% por el Gobierno de Canarias.

Pese a ello, ha recordado al vicepresidente que “tenemos exigencias hacia el exterior de Canarias y hacia el interior” y que en ambos casos, “a este Gobierno y a usted como responsable de Hacienda y presupuestos, les corresponde plantear esas exigencias ante la Unión Europea y ante el Estado español”, así como “la elaboración de un plan fiscal y financiero para incrementar nuestros ingresos propios”.

Exigir el uso del superávit al Estado

“Nuestra primera exigencia es que el Gobierno del Estado autorice el uso del superávit. No vamos a renunciar a ello. La Fecam, la Fecai y el Gobierno de Canarias tienen que caminar juntos en defensa de los intereses comunes de nuestra sociedad”, ha afirmado Marrero.

Junto a esta exigencia, el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias ha insistido en que “la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se ponga al servicio de la creación de empleo estable y de calidad en nuestras islas ante esta situación de emergencia. A todos nos corresponde arrimar el hombro”

Todo ello sumado al “combate al fraude fiscal”, pues “uno de cada cuatro euros sigue en la economía sumergida, sin aportar al erario público en beneficio del interés común”.

Marrero ha recordado que ya contábamos en Canarias “con unas cifras escandalosas de paro y de pobreza y exclusión social”, antes de decretarse el Estado de Alarma y que las mismas “irán creciendo exponencialmente en la medida en que esta situación se prolongue” porque “nuestra economía dependiente del exterior no se va a recuperar de la noche a la mañana.

“Y ahí tenemos que hacer nuestras propias tareas para combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, a la par que relanzar la economía productiva y mantener el empleo”, ha insistido a Rodríguez.

Ha reconocido que “es una tarea difícil, que va a exigir sacrificios al conjunto de la sociedad, y conlleva acometer una urgente revisión de la fiscalidad en nuestras islas, con la mirada puesta en una mejor redistribución de la riqueza a través de una fiscalidad progresiva, distributiva que nos permita enfrentar el paro, combatir la pobreza y garantizar los servicios públicos”.

“La actual situación ha puesto a cero el reloj de la economía. Un Gobierno progresista debe colocar lo público se ha colocado en el centro de los valores de la ciudadanía, tanto para salvar vidas como para crear un escudo de protección social y laboral”, ha concluido.

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