Sí se puede denuncia que Santa Cruz no promueve la integración social de las familias perceptoras de la PCI

* Asunción Frías exige a Bermúdez mayor firmeza frente a los incumplimientos del Gobierno de Canarias

* La concejala ecosocialista solicita la comparecencia del edil de Servicios Sociales en la próxima Comisión de Control

Sí se puede denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no promueve la integración social de las familias perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la ayuda que el Gobierno de Canarias concede a algunas personas en situación de exclusión o en riesgo de estarlo.

La concejala de la organización ecosocialista en la capital tinerfeña Asunción Frías señala que la ley contempla un papel esencial para las corporaciones municipales en el seguimiento de la situación de las personas que requieren esta prestación. El Ayuntamiento de Santa Cruz, sin embargo, a juicio de la concejala, incumple varios artículos de la Ley 1/2007 de la Prestación Canaria de Inserción.

La principal causa de estos incumplimientos es “la falta de personal”, asegura Frías, porque “solo hay una trabajadora social dedicada a la gestión de la PCI en cada una de las Unidades de Trabajo Social (UTS), por lo que no pueden dedicarse a facilitar la integración social y laboral de las familias perceptoras de la ayuda”. A ello hay que unir que en varios distritos no hay educadoras sociales ni animadoras socioculturales que contribuyan a esa labor.

Frías recuerda que el artículo 39 de la citada ley establece como obligación de los ayuntamientos "la detección de las personas en situación o riesgo de exclusión y la puesta en marcha de acciones asistenciales y rehabilitadoras que posibiliten la inserción social de las mismas". Además, el mismo artículo plantea que el Ayuntamiento debe hacer seguimiento de su participación en las actividades de inserción, algo que se incumple en Santa Cruz por completo con algunas familias y parcialmente con otras.

Además, la concejala ecosocialista se hace eco de la situación generada a raíz del retraso en los pagos de la PCI por parte del gobierno autonómico, lo que coloca a la población canaria y, en este caso, a parte de la ciudadanía de la capital tinerfeña, “ante el abismo de la exclusión y de la extrema vulnerabilidad”. Por ello, exige, una vez más, a Bermúdez “mayor firmeza frente a los incumplimientos del Gobierno de Canarias” en el pago de esta ayuda debido al agotamiento de la partida presupuestaria correspondiente, situación gravísima que se repite año tras año con la complicidad de los sucesivos parlamentarios y gobernantes de CC, PP y PSOE.

Comisión de Control

Para buscar soluciones, la concejala ha pedido la comparecencia del presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, ante la Comisión de Control que se celebrará a mediados de septiembre, para que informe sobre las medidas del gobierno municipal “en relación con la mejora de la gestión propia y la del Gobierno de Canarias” en el ámbito de la PCI.

Antes de esta comparecencia, Frías pide información por escrito sobre el número de familias en lista de espera para solicitar la PCI en cada una de las UTS de Santa Cruz; la cantidad de expedientes de solicitudes iniciales de la PCI gestionados durante 2015 en cada una de las UTS y, de ellos, cuántos han sido resueltos a lo largo del año, así como cuántas familias están actualmente cobrando la prestación.

Finalmente, la concejala pregunta la cantidad de expedientes de solicitantes iniciales de la PCI pendientes de resolución por parte de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración; el número de familias solicitantes de renovación de la PCI en el municipio y aún no la han cobrado, y la cantidad de inserciones laborales en familias perceptoras de la PCI en 2015 en cada uno de los distritos.

Renta básica

Sí se puede lleva años reclamando del Ayuntamiento y del Ejecutivo canario una mayor implicación en relación con una ayuda imprescindible hoy para un sector de la sociedad chicharrera. En este sentido, la organización ecosocialista, junto con muchos otros colectivos ciudadanos, está integrada en plataformas que promueven la implantación de la renta básica en el Estado español.

“Quienes nos gobiernan demuestran día tras día que la lucha contra la pobreza no les parece un asunto importante; por ello seguimos exigiendo al Estado y al Gobierno de Canarias un sistema de garantía de rentas que asegure a las personas la satisfacción de sus necesidades con autonomía y dignidad –afirma la concejala–. Ante los elevados niveles de pobreza y desempleo, en lugar de adelgazar el Estado Social, se debe reafirmar que la razón de ser de los gobiernos es garantizar el bienestar de la ciudadanía y no de los mercados”, concluye.