Sí se puede plantea un paquete de medidas para evitar la contratación a empresas piratas de vigilancia y seguridad

Pedro Fernández Arcila defenderá en el pleno la ejecución de una auditoría del servicio prestado por Seguridad Integral Canaria

Sí se puede propondrá al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mejorar el proceso de selección de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias municipales, con la aplicación de un paquete de medidas que ofrezcan las garantías precisas para que las llamadas “empresas piratas” del sector no tengan cabida en las contrataciones administrativas de la corporación de la capital tinerfeña.

El portavoz del grupo municipal ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, defenderá una moción en este sentido en la sesión del próximo viernes 27 de enero, en la que se plantea incorporar una serie de condiciones en los pliegos del futuro acuerdo marco o contratación administrativa de estos servicios, ya que es inminente la conclusión del contrato que ahora está adjudicado a la empresa Seguridad Integral Canaria. Igualmente, el concejal planteará la necesidad de auditar el servicio prestado por esta empresa para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

En concreto, Sí se puede plantea que el pliego que se utilice para futuras contrataciones mantenga la exigencia de aplicar el Convenio Colectivo del sector, para evitar efectos en los derechos de los trabajadores como el descuelgue salarial u otros, tal como ha ocurrido con la empresa adjudicataria en la actualidad.

Además, la organización ecosocialista considera necesario fijar “un umbral técnico mínimo”, de forma que la elección de la empresa a contratar no se haga solo por el criterio vigente en estos momentos como “mejor oferta económica”, sino mediante el criterio “mejor calidad–precio”, como recomienda la Unión Europea. Así se evita la conducta de muchas empresas piratas, que acuden al mercado de fácil acceso cuyo único requisito es ofertar al precio más bajo. 

El grupo municipal de Sí se puede en Santa Cruz propone también reducir la valoración económica e incrementar el valor de otros criterios de baremación, como el Plan de Trabajo/ Memoria Técnica y el Plan de Formación propio continuado y auditoría del concurso, factores que permiten avanzar hacia fórmulas en las que se incorporen las posibles mejoras en la prestación en beneficio de la administración.

Igualmente, se plantea valorar de forma positiva en el baremo a las empresas que no tengan aplazado el pago de sus obligaciones a la Hacienda Pública y/o Seguridad Social en el momento de la licitación o las empresas que se comprometan a presentar una auditoría sobre el cumplimiento de sus obligaciones al concluir la prestación.

La moción incluye otras medidas: evitar las bolsas de horas, que distorsionan el proceso de contratación y es muy difícil controlar su cumplimiento; detallar el mecanismo de penalizaciones, abriendo la posibilidad de que, ante las faltas muy graves en materia laboral, seguridad social o de prevención de riesgos pueda plantearse la resolución del contrato. Finalmente, se plantea la creación de una comisión de seguimiento para asociar a los agentes sociales en la etapa de la licitación y de ejecución de la prestación.

Sobre la auditoría a la empresa Seguridad Integral Canaria, según la información que consta a Sí se puede, la empresa ha incumplido por carencia de sistemas de videovigilancia en muchas de las dependencias, no cuenta con un sistema de comunicaciones y control de rondas informatizado, falta la mayor parte del material que debe figurar en los puestos de vigilancia, no se garantiza la sustitución de vigilantes o refuerzos puntuales, y los profesionales que prestan servicios en las sedes municipales desconocen la existencia de un protocolo de actuación en situaciones de emergencia.

Arcila destaca que las empresas piratas en el sector son las que incumplen de manera grave y sistemática los derechos laborales o sociales de los trabajadores; están proliferando entre las que prestan servicios a la administración pública debido a la reforma laboral impuesta por el PP y a la laxitud con la que se abordan los pliegos administrativos. Sí se puede destaca, además, que las empresas piratas no ofrecen un servicio de calidad, al centrar sus esfuerzos para obtener el contrato en la reducción del precio en detrimento de elementos de calidad del servicio.