Tamaranae_activistas denuncia que el proyecto de la central hidroeléctrica Chira - Soria vulnera la propia “Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias”

El grupo activista que desde el día 12 de diciembre permanece de acampada en unos terrenos privados en la zona de El Caidero para impedir la continuación de las obras de la central hidroeléctrica Chira – Soria, denuncia que existen afecciones graves al patrimonio cultural, incluyendo al conjunto troglodita de Lomo La Palma, así como a especies de flora y fauna no contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y que contravienen  a la recién aprobada “Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias”

El poblado Lomo La Palma recogido en la carta etnográfica como de “un valor científico alto, una fragilidad alta y una calificación del suelo rústico de asentamiento agrícola”, se verá afectado por las obras de la central a causa de las chimeneas de equilibrio superior e inferior para la descompresión de la caverna, las antenas de comunicación, las galerías de calota a la caverna, las galerías de acceso a la conducción de aspiración, las instalaciones temporales de las obras, así como las carreteras de acceso a las instalaciones repartidas por todo el conjunto etnográfico. Tal y como reconoce la FEDAC, el poblado de Lomo la Palma “se funda sobre un poblado en cuevas naturales y artificiales de origen prehispánico”. De producirse dichas obras en ese espacio se verían afectada buena parte del patrimonio cultural y etnográfico no recogido en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Cabe recordar que el conjunto del poblado abarca una dimensión de 260.000 m2 y, teniendo en cuenta que no todo el terreno está prospectado arqueológicamente, podría verse alterada otra buena parte de patrimonio de incalculable valor. 

El proyecto tampoco contempla las afecciones a otros dos poblados que son bienes de interés cultural, Soria y El Caidero, este último aún habitado.

Otra de las afecciones al patrimonio cultural, en este caso al suelo rústico protegido, son los terrenos que REE tiene que invadir para llevar a cabo la construcción de la gran caverna de 33 metros de alto donde irán instaladas las turbinas reversibles.

En cuanto al patrimonio natural, existen posibles afecciones graves a algunas especies de flora y fauna que no son contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental. Entre esas especies se encuentra el ya conocido como Caracol Chato de Arguineguín o Monilearia arguineguinensis, actualmente en estudio por profesionales de la biología.

El colectivo Tamaranae_Activistas defiende que el proyecto vulnera varias leyes, entre ellas la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias, la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias y la recién aprobada “Ley de cambio climático y transición energética de Canarias” del Gobierno de Canarias. En cuanto a esta última, en su artículo 65, relativo a la biodiversidad, patrimonio natural y cultural, reza: “Las administraciones públicas de Canarias competentes deberán impulsar políticas de protección y conservación de los hábitats naturales, terrestres y marinos en los ámbitos delimitados por el Estatuto de Autonomía de Canarias, con capacidad de sumidero, así como revisar los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos, y de los instrumentos de gestión de los espacios Red Natura 2000,… y deberán impulsar políticas de protección y conservación del patrimonio cultural en los ámbitos físicos de las manifestaciones de la cultura popular y tradicional con valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, así como los enclaves y yacimientos de naturaleza paleontológica, así como todos los bienes de interés cultural (BIC)”.

El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira contraviene por tanto la Ley de Cambio Climático, pues al evaluar el impacto ambiental deja fuera importantes aspectos del patrimonio cultural y natural reconocidos actualmente por la comunidad científica.

Desde el grupo activista se cuestionan otros elementos del proyecto. La seguridad de las presas es una de ellas, pues no existe ningún estudio de seguimiento o de aprovechamiento hidroeléctrico que garantice este aspecto. Otro es la entrega de los recursos hídricos a una trasnacional como REE, donde a pesar de contar con una concesión por parte del Cabildo de Gran Canaria que asegura mantendrá la titularidad pública, es indudable que la distribución, uso y aprovechamiento de dicho recurso será gestionado por la multinacional. Dicha central, alertan, supone la entrada de grandes inversores privados para el desarrollo de una transición energética que debería atender a principios de soberanía, redistribución, ahorro y respeto hacia el medio ambiente.

Tamaranae Activistas denuncia también que se producirá un fuerte cambio en la composición de la salinidad de los suelos y que afectará a los acuíferos.

No entienden como desde las instituciones autonómica e Insular sigan sosteniendo que las obras tendrán un impacto “poco significativo” sobre el medio ambiente, si para ello necesitarán llevar a cabo, entre otras cosas, la construcción de una caverna de 33 metros de altura, casi 9 kilómetros de galerías y túneles, 11 kilómetros de nuevas carreteras, 15 kilómetros de torres eléctricas de entre 36 y 73 metros de altura, 16 antenas de telecomunicaciones, iluminación permanente exterior en los edificios de control o la construcción de dos edificios, uno en Chira de 14´5 metros de altura y otro en Soria de 10´2 metros de altura.

Además critican que las medidas compensatorias que propone el Gobierno Autonómico no estén enfocadas a la mejora de la vida de sus habitantes. Entre dichas medidas se encuentra, por ejemplo, la construcción de un carril bici a lo largo de todo el barranco. Sin embargo, la población local a día de hoy no cuenta ni tan siquiera con un servicio regular de guaguas, algo inexplicable para una localidad de más de 2.500 habitantes.