LA ÚLTIMA DENUNCIA DEL AÑO:
El secuestro institucional de menores en España ya provoca reacciones internacionales, mientras tanto, en Canarias prosigue la impunidad y el bloqueo institucional. ARCAN ASAMBLEA REIVINDICATIVA CANARIA

Colombia interviene para proteger a sus familias mientras Canarias bloquea la fiscalización pública y será declarada obstruccionista

El penúltimo día del año, desde ARCAN queremos denunciar un grave punto de inflexión en las políticas de protección de menores en España, sin perder de vista lo que sigue sucediendo en Canarias. Y es que por primera vez, un país extranjero, en este caso Colombia, ha tenido que intervenir políticamente para proteger a sus familias residentes en España ante la retirada abusiva de sus hijos por parte de las administraciones públicas españolas.

En las últimas semanas, una senadora de la República de Colombia ha iniciado una campaña pública de denuncia y protección de familias colombianas residentes en España, alertando del patrón reiterado de retirada de menores a madres precarias, migrantes o en situación de vulnerabilidad, sin garantías suficientes ni respeto al derecho a la vida familiar.

Esta iniciativa internacional ha contado con la participación activa de ARCAN desde Canarias, habiendo mantenido diversas reuniones telemáticas con miembros del Senado colombiano para documentar y explicar lo que está ocurriendo en España. Como resultado directo de este trabajo conjunto y de  la lucha incansable de una madre coraje colombiana, se ha logrado la restitución de un menor a esta madre, después de que hubiera sido separado injustamente de su familia hace varios años en el País Vasco. Se adjunta corte de vídeo en el que la senadora colombiana denuncia públicamente estas prácticas en territorio español.

Sin duda se trata de un hecho sin precedentes: 

que un Estado extranjero tenga que posicionarse frente a España por vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales de menores y familias en su propio territorio.

Paralelamente, en Canarias, la situación no sólo no mejora, sino que se agrava por la impunidad mantenida y el bloqueo institucional.

A comienzos de 2025, ARCAN y DENIPER denunciamos ante la Diputada del Común varios casos de retirada injustificada de menores en el Archipiélago, entre ellos el de Teresa e Iván, madre y padre tinerfeños de cuatro hijos tutelados pese a existir estabilidad, casa segura, vínculo afectivo, familia extensa y un cambio claro de circunstancias.

La Diputada del Común abrió expediente formal de nuestra Queja y durante meses ha solicitado información a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias dirigida por Candelaria Delgado. Sin embargo, la Consejería no ha respondido a ninguno de los requerimientos, impidiendo deliberadamente la labor de supervisión y defensa de derechos que corresponde a esta institución.

El último comunicado oficial recibido desde la Diputación del Común es inequívoco (se adjunta):

En esta ocasión, le comunicamos que hemos reiterado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, el recordatorio de deberes legales sobre la obligación de las administraciones públicas de colaborar con la Diputación del Común en sus actuaciones, a la vista de la falta de respuesta a nuestros anteriores escritos, esta vez con la advertencia de que si no remite su respuesta en el plazo requerido, procederemos a declarar que su actitud es obstruccionista y entorpecedora de las labores de la Diputación del Común y haremos constar esta circunstancia en el informe anual al Parlamento de Canarias.   

Esto supone un hecho extremadamente grave desde el punto de vista democrático, ya que implica que el propio Gobierno de Canarias estaría bloqueando los mecanismos de control institucional frente a posibles vulneraciones de derechos fundamentales de niños y familias.

Ambos hechos -la intervención del Senado colombiano y la obstrucción institucional en Canarias- confirman lo que desde hace años venimos denunciando colectivos, activistas y familias afectadas:

-Se confunde precariedad, duelo o vulnerabilidad con desamparo,
-Se retiran menores de manera sistemática sin agotar alternativas familiares,
-Se ignora la familia extensa y se abandona a muchos menores en centros, 
-Se bloquean las restituciones incluso cuando las circunstancias han cambiado,
-Y se silencian o retrasan deliberadamente los controles institucionales.

Así, lo que comenzó como denuncias aisladas se ha convertido en un problema político, jurídico e internacional. Un problema o perversión gigantesca del  sistema, que desde ARCAN y DENIPER vamos a seguir denunciando en este 2026, hasta lograr:

1. La restitución inmediata de los menores separados injustamente de sus familias, incluido el caso de Teresa Cerpa y sus cuatro hijos.
2. La colaboración inmediata de la Consejería de Bienestar Social con la Diputación del Común, entregando toda la información requerida.
3. Una auditoría independiente de las políticas de protección de menores en Canarias.
4. Y garantías reales para que ninguna familia vuelva a ver a sus hijos retirados por el simple hecho de ser precaria, migrante, madre soltera o atravesar una crisis temporal. 

Y acaba así nuestra última denuncia del año, la más reveladora de lo que es en verdad nuestra sociedad, hipócrita y podrida hasta límites insospechados, cuando, en unas fechas que se suponen entrañables, donde los niños deben ser los protagonistas, muchos miles de niños inocentes son separados de sus familias para encerrarlos en centros o dárselos a señoras pudientes, con la complicidad o el silencio de la mayoría.    

Se ruega difusión.
Seguimos, no nos resignamos.

ASAMBLEA REIVINDICATIVA CANARIA