Unid@s Sí Podemos acusa a CC de querer saltarse las sentencias judiciales sobre la zona del Atlante en La Orotava

USP denuncia la intención del gobierno local de dejar sin protección la casa número 26

Unid@s Sí Podemos denuncia las intenciones del grupo de gobierno (CC) en el Ayuntamiento de La Orotava de dejar sin protección patrimonial la casa número 26 de la calle Nicandro González Borges, situada en una parcela anexa al antiguo Teatro Atlante, ignorando por completo las diferentes sentencias judiciales que reconocen los valores histórico-artísticos del inmueble y obligaban a su reconstrucción.

La formación municipalista asegura que, en el Consejo Municipal de Patrimonio del pasado viernes, día 29 de julio, Coalición Canaria presentó el expediente sin ni siquiera mencionar la existencia de las sentencias y, aparándose en una resolución del Cabildo, trató de aprobar una propuesta de nueva ordenación urbanística que supondría dejar sin valor alguno la casa número 26 y situarla al mismo nivel que los inmuebles que la rodean. En este sentido, señala que fue la intervención de USP recordando las diferentes resoluciones judiciales del año 2008, y advirtiendo de que su incumplimiento convertiría en presuntos prevaricadores al Ayuntamiento y al Cabildo, lo que logró poner freno, por el momento, a las “perversas” intenciones del gobierno local. La postura de la formación es clara y rotunda: ninguna orden administrativa ni dictamen alguno pueden ser contrarios al obligado cumplimiento de una sentencia.

Unid@s Sí Podemos confía en que la propuesta de CC no constituya un paso previo para permitir que se derribe la casa y se levante en la parcela un inmueble como los del entorno, ni tampoco una maniobra para respaldar las tesis de la defensa y desvirtuar las de la acusación en la causa penal del ‘caso Atlante’, por la que están imputados el ex alcalde Isaac Valencia, el actual concejal de Hacienda (entonces edil de Urbanismo), Juan Dóniz, y cuatro técnicos municipales, algo que para la formación sería “muy grave”.

USP recuerda que el número 26 de la calle Nicandro González Borges fue en su día la joya de la corona del caso Atlante, ya que sus reconocidos valores patrimoniales evitaron la construcción de un macroedificio de viviendas, locales comerciales y garajes en la zona, como se establecía en tres sentencias judiciales, las dos primeras emitidas en mayo y en octubre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife y la tercera, en noviembre de ese mismo año, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta última, basándose en el artículo 100 de la Ley de Patrimonio de Canarias, imponía una multa de 6000 euros al propietario y obligaba a reparar el daño causado a la vivienda, algo que, como subraya Unid@s Sí Podemos, a día de hoy no se ha hecho.

La formación  lamenta la intencionada omisión de estas sentencias judiciales por parte de CC con el fin de llevar adelante sus viejos propósitos urbanizadores en la zona, pero aplaude que se haya paralizado la aprobación de la nueva ordenación. En cualquier caso, anuncia que estará vigilante en septiembre para que Ayuntamiento y Cabildo cumplan con su papel de garantes de la defensa del patrimonio y no centren sus esfuerzos en buscar documentación para desprotegerlo. Sobre este punto, la formación señala que el informe del Cabildo de febrero de 2016 en la que se ampara el gobierno municipal, fruto de otro informe que le pasa el propio Ayuntamiento a la institución insular sobre una supuesta pérdida de valor de la casa número 26 a raíz de unas obras realizadas en 1965, es contraria a la que emitió en su día y, por tanto, a la doctrina de sus propios actos, y que, en cualquier caso, las sentencias judiciales que Coalición Canaria trata de ocultar priman sobre cualquier otro dictamen o consideración.