La vivienda como problema para los trabajadores -  Nacionalización del suelo para la promoción de vivienda social - PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN

Con millones de viviendas vacías o con uso muy limitado, somos el país donde los trabajadores y los jóvenes encuentran más dificultades para comprar y/o alquilar una vivienda. Son millones los compradores o inversores de otros países que encuentran en España el lugar ideal para vivir o para invertir en viviendas, dado que sus rentas -sensiblemente mayores que las de los trabajadores españoles- les permiten vivir en nuestro país mejor que en el suyo propio, ocupando importantes zonas turísticas y urbanizaciones de lujo. La tercera parte de la venta de viviendas se debe a compras de ciudadanos de otros países. Por eso, cuando en los últimos 25 años se han construido más viviendas que nunca, la necesidad de vivienda social es al mismo tiempo la demanda más acuciante para sectores obreros y populares, y sobre todo para la juventud.

La vivienda no es un problema nuevo. En formas diversas, el acceso a la vivienda, ya sea en compra o en alquiler, ha sido uno de los grandes problemas sociales, al tiempo que el precio del suelo y la vivienda se ha multiplicado, mientras que los salarios y las pensiones se han devaluado. El acceso al trabajo de los jóvenes se ha obstaculizado con todo tipo de leyes discriminatorias, con sueldos menores que los de los adultos, discriminación que también sufren las mujeres trabajadoras.

La crisis de 2008 llevó a bancos y grandes propietarios a pisar el acelerador de los desahucios y/o lanzamiento masivo de los inquilinos por falta de pago. La legislación hipotecaria y del alquiler de la vivienda favorece a los financieros y poseedores contra de los usuarios. Más de un millón cien mil familias, con niños y ancianos incluidos, fueron expulsados de sus viviendas sin alternativa habitacional. Los desahucios, que se mantienen por cientos cada día, ayudados por la ley mordaza -que facilita la represión policial-, se han convertido en un conflicto social y político permanente. Miles de defensores de las viviendas de los sectores populares han sido detenidos y procesados por ello.

El problema viene de lejos. La política del franquismo, ante un país semidestruido por la guerra y la miseria, fue la de promover vivienda en propiedad. Uno de los caciques del falangismo y de su “obra social de la vivienda” lo planteaba en los siguientes términos: “hagamos propietarios y no proletarios”. Viviendas que luego fueron descalificadas de sus sistemas de protección, y fueron a parar al mercado de “viviendas libres”, es decir a la especulación. Los últimos paquetes de viviendas protegidas han sido vendidos masivamente por los ayuntamientos a fondos buitre.

Los gobernantes resolvieron la crisis financiera e hipotecaria de 2008, que afectó de lleno al derecho a la vivienda, echándolos de sus trabajos y de sus casas, depreciando salarios y pensiones. El Gobierno de turno decidió el reagrupamiento de todas las viviendas requisadas en un consorcio financiado por el Estado, el Sareb, o más conocido como “banco malo”. Las cajas de ahorro fueron absorbidas en su inmensa mayoría por los grandes bancos y las quiebras bancarias fueron pagadas a fondo perdido por el Estado. Toda una operación mafiosa de utilización de fondos públicos para empujar aún más los beneficios privados de los grandes bancos.  

La forma de la crisis de la vivienda en la actualidad se caracteriza por un exceso de oferta. Hay cientos de miles de pisos que se venden o se alquilan, pero los precios son incompatibles con los ingresos de las familias. Más de 500.000 viviendas nuevas no han encontrado comprador o inquilino por el alto precio de las mismas. El millón de hipotecados, que partieron de bajos tipos de interés de los préstamos hipotecarios, ahora se ven en la imposibilidad de hacer frente a los pagos por la subida de los intereses de dinero y, de otra parte, por la multiplicación de las rentas de los alquileres. Recordemos que ya en el movimiento del 15M (“¡Le llaman democracia y no lo es!”), la cuestión de la vivienda se convirtió en uno de los asuntos claves de la movilización. Y una de las consignas que expresaban la forma de la crisis de la vivienda era: ¡Casas sin gente, gentes sin casas!

Este desajuste material entre ocupantes y viviendas se ha agravado en los últimos años, en los que, lejos de promover vivienda social, se han echado al mercado especulativo las existentes. De manera, que el muy escaso presupuesto oficial para ayudas a la vivienda social ni siquiera se ha invertido. Son millones las viviendas que se encuentran aún vacías, tanto en sectores urbanos como rurales, y millones las personas que necesitan vivienda y no pueden acceder a ella. Las instituciones públicas con competencias en vivienda no han impulsado en los últimos años ni la construcción de viviendas sociales, ni la regulación de las viviendas vacías para hacer posible que salgan al mercado del alquiler. Se ha generado, por ello, un inmenso déficit de viviendas, de manera que ahora, en la campaña para las elecciones municipales, la vivienda es objeto -por parte de unos y otros- de todo tipo de promesas fantasmagóricas que no resuelven los problemas. 

El exceso de oferta a precios imposibles es lo que fomenta una crisis de vivienda que toma la forma económica clásica de sobreproducción y subconsumo. Es falso el tratamiento que se da al problema de la vivienda, como si no representase un grave problema político al que no se quiere dar solución, por la defensa de la sacrosanta propiedad privada y del sistema especulativo de los propietarios rentistas, que nos viene de los grandes poseedores de tierras y viviendas. La Iglesia católica es la gran propietaria de tierras y viviendas en competencia con los grandes bancos y fondos buitre.

Nadie niega la necesidad de una nueva política de vivienda, que la ley recientemente aprobada no contempla, reduciendo sus propuestas a medidas cosméticas que no van al fondo del problema y que, por tanto, no resolverá las principales necesidades sociales. La ley de vivienda del gobierno de coalición y sus socios parlamentarios no pone freno a la especulación en el mercado inmobiliario, de los grandes propietarios de suelo urbano o urbanizable, de las conocidas recalificaciones de suelo que son competencia de los ayuntamientos y origen de numerosos casos de corrupción. La dinámica especulativa es el resorte del sector inmobiliario en su conjunto, por ello la CEOE, a pesar del exceso de oferta de vivienda cara, insiste en volver a inflar la burbuja especulativa de la vivienda, para lo que necesitan la colaboración con la administración pública.

Hace falta otra política de vivienda, que proteja el acceso a la vivienda de trabajadores y jóvenes y acabe con la especulación. Una política de vivienda que se reconozca como un derecho y no como una mercancía para la especulación, en tanto que la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los sectores obreros y populares: ¡Prohibición por ley de los desahucios! Los gobiernos deben impedir la continuidad de la oleada de desahucios y desalojos para impulsar la especulación. Nacionalizando el suelo y convirtiendo las viviendas vacías en viviendas sociales. Exigiendo alquileres que no superen el 30% del salario mínimo. Promoviendo vivienda pública a precios proporcionales a los salarios y pensiones reales, en aquellas zonas que se necesiten. Con acceso por proximidad de todos los servicios sociales, sanitarios, guarderías, escuelas y transportes públicos…

El derecho a la vivienda forma parte de las reivindicaciones que exigen el libre ejercicio de la soberanía popular mediante referéndum Monarquía o República, por la República y la Constituyente.