En los últimos años, en todo el mundo, se suceden oleadas de protestas y actos de desobediencia civil para señalar la extrema gravedad de la crisis ecológico-social y climática en la que seguimos adentrándonos. En muchas de ellas, específicamente, se denuncia la inacción de los gobiernos y su complicidad con los intereses de grandes empresas, así como su filosofía extractivista. Sin embargo, la respuesta de bastantes gobiernos ha sido una fuerte represión, aplicando el Código penal y una legislación endurecida contra la protesta ciudadana y con ello perjudicando a sus propias sociedades. Pues al criminalizar la protesta no violenta, una sociedad se daña a sí misma (y por partida doble si es una sociedad democrática): se priva de medios para detectar problemas y conflictos y resolverlos con justicia de forma temprana, antes de que se agraven y enquisten. Tanto más cuando la protesta trata de hacer frente a una verdadera amenaza existencial, como es aquí el caso: afrontamos nada menos que la creciente inhabitabilidad de la Tierra.

En concreto, está cerca el juicio penal contra tres personas detenidas tras el corte de tráfico en el puente de la calle Joaquín Costa, en Madrid (Nuevos Ministerios), el 7 de octubre de 2019. En esta acción de desobediencia civil pacífica participaron unos trescientos manifestantes. Hubo tres detenciones, efectuadas de manera aleatoria, con afán de atemorizar. El próximo 17 de marzo de 2026 se juzgará en Madrid a estas tres personas, acusadas de resistencia grave a la autoridad (castigada con penas de prisión de tres meses a un año o multas de 6 a 18 meses; Fiscalía pide en concreto diez meses de prisión). Su “resistencia” consistió sólo en tratar de no ser dañadas cuando la policía las separaba agresivamente del grupo de activistas abrazadas entre sí y sentadas sobre el asfalto. Éste es uno de los casos de represión, y ahora el más inmediato en nuestro país, pero muchos otros se van produciendo mientras continuamos dirigiéndonos hacia la catástrofe ecológico-social.

Las personas y organizaciones que firmamos este texto de apoyo rechazamos esa política de criminalización de la protesta, afirmamos nuestra solidaridad con las personas encausadas y exigimos su absolución en éste y en todos los procesos judiciales abiertos contra las protestas climáticas. En lo que va siendo un mundo en llamas, no podemos castigar a los avisadores del fuego.

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