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viernes, 29 de marzo de 2024 10:20h.

El defensor del Ciudadano pide el cese de Inés Rojas por su responsabilidad en los desahucios en viviendas de protección oficial

Langa González, quien ya logró paralizar un desalojo el pasado mes de septiembre, reclama que se tenga en cuenta la situación límite de las familias

El defensor del Ciudadano pide el cese de Inés Rojas por su responsabilidad en los desahucios en viviendas de protección oficial

Langa González, quien ya logró paralizar un desalojo el pasado mes de septiembre, reclama que se tenga en cuenta la situación límite de las familias

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 2014.- El abogado José Luis Langa González, defensor del Ciudadano (CCN), pide el cese de la consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, como responsable en la gestión de los desahucios que se siguen produciendo contra familias en peligro de exclusión social que ocupan viviendas de protección oficial.

Gracias a la intervención del defensor del Ciudadano en septiembre de 2013 se logró que se paralizara un desahucio contra una familia formada por una madre sin ingresos y sus cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, de su vivienda en el barrio de El Sobradillo en Santa Cruz de Tenerife.

“La consejera de Vivienda –indica Langa González- explicó en su momento que las familias que se han quedado sin ningún ingreso y que ocupan viviendas de protección oficial no serían desalojadas de sus viviendas y se tendría en cuenta su precaria situación económica y familiar, una vez se comprobase por los servicios sociales”.

Sin embargo, continúa el abogado, “esto no está siendo así y a mí me siguen llegando, como defensor del Ciudadano, casos de familias angustiadas que están a punto de perder sus viviendas de protección oficial, cuando no tienen ningún ingreso y tienen que acudir a  bancos de alimentos para poder subsistir, y es por ello que pedimos el cese de la consejera, que ha incumplido su promesa de resolver la dramática situación expuesta”.

El Defensor del Ciudadano es un órgano que lleva un año de actividad y que tiene como objetivo defender a todas las personas que puedan estar afectadas por resoluciones políticas o decisiones institucionales que no contemplan la penosa realidad que se atraviesa , y en este sentido, Langa González indica que “cada grupo político debería tener este tipo de figura, que actúe con independencia y sin costo alguno para el ciudadano”, por lo que hace un llamamiento a  las diferentes  formaciones políticas para que reflexionen sobre ello.

Asimismo, el letrado afirma que “en estos momentos de crisis debería valorarse si es necesario  mantener la figura del Diputado del Común en Canarias frente al coste que supone en infraestructuras y personal  esta institución”.  Langa González asegura que “es una paradoja que las entidades que defienden a los ciudadanos cuesten dinero a las arcas  públicas, dinero que pagan los mismos ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de la crisis”.

Las sedes del Defensor del Ciudadano, a las que se puede dirigir cualquier persona, están, en Santa Cruz de Tenerife, en la calle del Pilar 7, 1.º, teléfono 922 241 878; y en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alejandro Hidalgo, 3, teléfono 928 587 244.