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Alemania tiene un enorme déficit fiscal, pero se resiste al impuesto sobre el patrimonio

Joaquín Rábago

Alemania tiene un déficit que se calcula en 172.000 millones hasta el año 2029 y se propone ahorrar en gasto social en lugar de volver a aplicar un impuesto sobre el patrimonio.

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Y ello a pesar de que un 69 por ciento de los ciudadanos serían favorables a su imposición: un 97 por ciento de los votantes del Partido Verde, un 87 por ciento de los socialdemócratas y un 86 por ciento de los que votan a La Izquierda.

Entre los votantes de la CDU también son mayoría – un 66 por ciento- los partidarios de ese impuesto sobre la fortuna personal, pero sólo, y no deja de ser elocuente, un 44 por ciento de los partidarios de la ultranacionalista Alternativa para Alemania.

La riqueza mediana de los hogares alemanes, una vez pagadas todas las deudas, es de 103.000 euros mientras que el de una rica heredera, como Susanne Klatten, de la empresa automovilística BMW, es de 21.000 millones.

En teoría existe en Alemania desde 1923 un impuesto sobre el patrimonio, pero no se aplica en la práctica desde 1997.

Hasta entonces, tanto los particulares como las personas jurídicas tenían que pagar entre un 0,5 y un 0,7 por ciento del valor patrimonial aunque había todo tipo de subterfugios y escapatoria

Ese impuesto representaba entonces, según el semanario Die Zeit, sólo un 1 por ciento de los ingresos del Estado; el resto procedía de otras fuentes.

Las propiedades inmobiliarias se valoraban en él mucho menos que otros tipos de patrimonio, algo que el propio Tribunal Constitucional puso en cuestión, pero en lugar de reformarlo, simplemente se anuló ese impuesto.

Sucede que en la actualidad, el 64 por ciento del patrimonio de los alemanes está en propiedades inmobiliarias frente a un 17 por ciento, que está en cuentas o en cajas fuertes bancarias, un 15 por ciento en empresas y un 4 por ciento en automóviles y otro tipo de propiedades.

Die Linke (La Izquierda) es partidaria de reintroducir ese impuesto, que, según el presidente de ese pequeño partido, Jan van Aken, permitiría al Estado recaudar fácilmente 108.000 millones de euros.

Su propuesta es que, a partir de un millón de euros de patrimonio, se pagase un impuesto anual del 1 por ciento, que pasaría a un 5 por ciento a partir de 50 millones y se elevaría hasta un 12 por ciento si la fortuna personal superase los 1.000 millones de euros.

Como era de esperar, los lobbies económicos se apresuraron a calificar la propuesta de La Izquierda de complicada y difícil de aplicar.

Para la directora del Instituto de Derecho Fiscal de la Universidad de Colonia, Johanna Hey, equivaldría incluso a una “expropiación”.

Para el economista Stefan Bach, del Instituto de Investigaciones Económicas de Berlín, de aplicarse ese impuesto, el Estado perdería un 40 por ciento de ingresos fiscales en un plazo de entre cinco y diez años.

Su argumentación es que los ricos encontrarían siempre nuevos resquicios para evitar pagar impuestos y todo afectaría muy negativamente a las inversiones y al crecimiento económico.

incluso un impuesto sobre el patrimonio de sólo un 1 por ciento tendría, según Bach, un efecto disuasorio.

Ese impuesto sería además fatal sobre todo para las empresas que se encuentran ya en crisis, que tendrían también que pagar, lo que dificultaría aún más su situación económica.

Según Die Zeit, sólo cuatro de treinta y ocho países industrializados aplican el impuesto sobre el patrimonio: España, Francia, Noruega y Suiza.

En Francia representa el 0,1 por ciento del PIB; en España, el 0,2 por ciento; en Noruega, el 0,6 por ciento mientras que en Suiza llega al 1,2 por ciento de la riqueza nacional.