CANARIAS:

La infravivienda también es una forma de especulación

DERECHO AL TECHO

Desde Derecho al Techo denunciamos el aumento descontrolado de los precios del alquiler en Canarias y la normalización de la infravivienda como alternativa habitacional. Esta situación está siendo aprovechada por quienes, con fines especulativos, alquilan viviendas por habitaciones, obteniendo beneficios desproporcionados a costa de la precariedad ajena.

En la isla de Gran Canaria se observan ejemplos alarmantes de esta tendencia:

- Habitación en Camino del Laurel, 22, Tres Barrios-Trasmontaña, Arucas
600€/mes
•       Playa de Arinaga, Agüimes (C/ Juan de Austria, 60) – 500 €
        •       Santa Brígida (C/ Castelar, 16) – 500 €
        •       Escaleritas, Las Palmas de G.C. (C/ Profesor Reina, 1) – 500 €
        •       Escaleritas, Las Palmas de G.C. (C/ Juan B. Melo, 3) – 530 €
        •       Vecindario norte (Avda. de la Unión, 35) – 490 €
        •       Vegueta, Las Palmas de G.C. (C/ Santa Bárbara) – 490 €
        •       Santa Catalina–Canteras, Las Palmas de G.C. (C/ Ruiz de Alda, 28) – 490 €
mes)
        •       Vecindario centro (C/ Artemi Semidán, 70) – 550 €
        •       Arenales – Avda. Marítima, Las Palmas de G.C. (Paseo de Tomás Morales, 86) – 550 €
- Habitación en Calle del Mocán, 25, Mogán interior, Mogán
400€/mes.
Habitación en Calle Juan de Austria, 60, Playa de Arinaga, Agüimes
500€/mes.

Todo esto se puede comprobar en las webs destinadas a alquileres.

Estos precios, que se acercan al salario medio disponible de muchas personas trabajadoras, son un abuso y una vulneración del derecho a una vivienda digna.

Pagar entre 400 y 600 euros por una habitación no puede considerarse una solución habitacional, sino una forma de explotación encubierta que enriquece a unos pocos mientras expulsa a muchas personas de sus barrios y de su ciudad.

Desde Derecho al Techo hacemos un llamamiento a todas las personas afectadas por esta situación a visibilizar y denunciar estos abusos. Estamos preparando una asamblea abierta para organizarnos colectivamente y exigir medidas que frenen la especulación y garanticen el acceso real a la vivienda.

La vivienda no es un negocio, es un derecho.