Solo la lucha social y política masiva logrará torcerle la mano a los poderosos intereses lucrativos que siguen bloqueando los cambios legislativos necesarios.

Corría el año 1990, el PSOE gobernaba con mayoría absoluta, 175 diputados de 350, Felipe González llevaba ocho años en el poder y aún le quedaban otros seis más. El Ministro de Sanidad, Julián García Vargas, a raíz de una proposición no de ley presentada en el Congreso por el diputado del CDS Carlos Revilla,  constituyó la «Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud» presidida por Fernando Abril Martorell y formada por ocho expertos. El Informe presentado en el Congreso de los Diputados en abril de 1991 fue conocido como «Informe Abril». En él se hacía un análisis profundo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y daba unas recomendaciones que, si bien en aquel momento se guardaron en un cajón, fueron aplicándose lentamente por los Gobiernos siguientes del PSOE (incluido el de Zapatero) y usadas como manual por los Gobiernos del PP. En él está la base del desmantelamiento de la Sanidad Pública.

Posteriormente, el instrumento decisivo para encaminar dicho proceso hacia la privatización sanitaria ha sido la Ley 15/97, de 25 de abril, «sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud», ley privatizadora impulsada por el PP en 1997 y apoyada entonces por el PSOE, CC, PNV y CiU.

La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos del PP y del PSOE llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.

Es innegable la deriva sibilina que desde hace más de tres décadas se ha favorecido desde el Ministerio de Sanidad (bajo mandato de la derecha o de la socialdemocracia) que marca la pauta para que desde las distintas Consejerías Autonómicas al aplicar las competencias, se impulsen todo un conjunto de políticas  a favor de los sectores con intereses lucrativos en el terreno sanitario, como mutuas patronales, compañías de seguros privados, corporaciones médicas, patronal de las clínicas privadas, además de la industria farmacéutica y la de tecnologías sanitarias.

Sin embargo, la privatización no se ha realizado de la misma manera en todas las CCAA, porque depende de la introducción de criterios más o menos neoliberales por los gobiernos autonómicos y de la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales y políticas para evitarla.  

Sin dudas, para acabar con dicha deriva es objetivo prioritario la derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión y gestión pública de los centros sanitarios financiados públicamente, cerrando el paso a nuevas privatizaciones y favoreciendo la reversión de lo privatizado. Es fundamental también cerrar «puertas entreabiertas» como la que dejó en su día el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, sobre los conciertos con empresas privadas, que finalmente supuso «barra libre» para privatizar el sistema sanitario, ^[1] conviene recordar que hasta el presente la gestión pública debía de utilizarse de forma «preferente» con los resultados de todos conocidos.

Además, hay que tener en cuenta que todo lo descrito se eleva a la enésima potencia con  el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede». Con los fondos europeos Next Generation, unos 72.000 millones de euros en los próximos tres años irán a los llamados PERTE o «proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica», se fomentará hasta el infinito la privatización de la salud mediante las «colaboraciones público-privadas». 

Por ello, la reciente movilización de Madrid marca el camino, ya que solo la presión social y política logrará torcerle la mano a los poderosos intereses lucrativos que siguen bloqueando los cambios legislativos necesarios que hemos señalado y que debería materializar en teoría el Gobierno de PSOE-UP, conforme a lo comprometido en el acuerdo de coalición de diciembre de 2019.  El PSOE ha venido dilatándolo, no por casualidad, sino por efecto del peso de sus más añejos compromisos con los intereses oligárquicos que inspiraron el «Informe Abril». En cuanto a UP, declaran que  «plantearán enmiendas en el trámite parlamentario». Habrá que ver si se da el caso, en coherencia, de que dichas enmiendas decaigan al contar solo con el apoyo de UP y pocos más, frente a la vieja coincidencia «externalizadora» de PSOE, PP, CC, PNV, ahora JuntsxCat, Vox y unos cuantos más.  

Otro reto lo constituye la remoción del modelo de aseguramiento paralelo y mayoritariamente privatizado que suponen las Mutualidades de funcionarios, que rompe la equidad, y que puede realizarse progresivamente mediante la incorporación al Sistema Nacional de Salud (SNS) de todas las personas que ingresen en la función pública, quedando el resto en el modelo actual a extinguir. También la disminución paulatina de los copagos actuales, hasta su total desaparición, para evitar que se perpetúe un mecanismo de financiación que penaliza a las personas más enfermas y/o con menos recursos económicos.

Y qué decir respecto a propiciar una industria farmacéutica pública, dado el carácter estratégico para disponer de capacidad de respuesta en caso de emergencia y en casos de desabastecimientos. Una empresa pública que haga investigación básica y aplicada y comercialice el producto, orientada a dar respuesta a los problemas y demandas de salud de la población.

Es necesario garantizar la universalidad de la atención sanitaria a aquellas personas que no tienen regularizada su situación en el Estado español, eliminando trabas administrativas de difícil cumplimiento. Otros objetivos pasan por incluir en la Cartera de Servicios del SNS la Interrupción Voluntaria del Embarazo (la mayoría se realiza en centros privados) y el derecho a la Eutanasia (no aplicado por algunas Comunidades Autónomas con gobiernos de derechas).

Todo ello solo será posible mediante un potente movimiento popular que afronte la defensa de la Salud y la Sanidad Pública junto con el conjunto de reivindicaciones de la mayoría social, acabando con la dispersión de fuerzas y logrando la necesaria unidad con la que conseguir la máxima eficacia para cambiar el actual estado de cosas.

¡Todo un ejemplo el de la movilización de Madrid! Señala el camino: el de la más amplia confluencia con el objetivo de imponer transformaciones  que, o se producen de modo revolucionario desde la organización y movilización social y política masiva o simplemente se quedan en la superficialidad institucional como es habitual, en un reformismo perfectamente digerible por el sistema sin que se resuelvan de verdad las grandes cuestiones estructurales. Esa debe ser la meta, transformar la situación de la Sanidad Pública en todo el Estado español junto con la adopción de cuantas medidas se precisen frente a las acuciantes problemáticas cotidianas de la clase trabajadora y capas populares.

Notas

* Gracias a HOJAS DE DEBATE y a la colaboración de Arturo Borges Álamo

https://hojasdebate.es/sanidad/razones-movilizacion-general-sanidad-publica/