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CANARIAS VIVIENDA ¿A quién beneficia este decreto?

Jacinto Ortega del Rosario *

El nuevo decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias busca resolver la emergencia habitacional facilitando y agilizando la concesión de licencias urbanísticas. Sin embargo, tras su aparente urgencia social, se oculta una apuesta por la desregulación urbanística que favorece principalmente a grandes promotores inmobiliarios, con un riesgo evidente de degradación ambiental y especulación.

Una “solución” que no ataca la raíz del problema.

Aunque el Ejecutivo justifica la medida por los largos retrasos administrativos, el decreto no aborda el verdadero problema estructural del mercado de la vivienda en Canarias: la enorme cantidad de viviendas vacías, la presión del alquiler vacacional y la especulación inmobiliaria. En lugar de impulsar políticas de control de precios o movilización de viviendas vacías, se opta por abrir más suelo a la construcción sin garantías claras de acceso para la población local.

Privatización encubierta de funciones públicas.

El decreto permite que agentes privados (colegios profesionales, entidades colaboradoras, etc.) emitan informes técnicos con efectos legales inmediatos, sustituyendo de facto la labor de los servicios públicos municipales. Esta medida no solo erosiona la autonomía local y los controles urbanísticos, sino que introduce conflictos de interés al permitir que los promotores elijan y paguen directamente a quienes deben evaluarlos.

Amenaza al equilibrio urbano y al medio ambiente.

Organizaciones ecologistas han denunciado que el decreto puede permitir construir sobre suelos reservados para equipamientos públicos, sin asegurar previamente los servicios básicos. Esto podría crear barrios sin infraestructuras adecuadas, generando problemas a medio y largo plazo. Además, no hay un análisis de impacto ambiental serio, algo alarmante en un territorio tan limitado y frágil como Canarias.

Un regalo al sector constructor.

El decreto parece más una concesión directa al lobby de la construcción que una estrategia de vivienda. Las promesas de creación de empleo y dinamización económica replican los discursos de los años del boom inmobiliario, sin garantías de sostenibilidad ni de que las viviendas resultantes se destinen a alquiler asequible o residencia habitual.

Este decreto ley no es una política de vivienda, sino una política de suelo. Bajo el pretexto de la urgencia social, se debilitan los controles públicos, se promueve la privatización de la planificación urbana y se entrega más poder a intereses privados, sin mecanismos reales para evitar que esta nueva ola constructiva derive en más gentrificación, más turismo y menos vivienda para los residentes. Una solución rápida, pero profundamente desequilibrada.