Escandaloso robo de su escaño al diputado Alberto Rodríguez - por Erasmo Quintana *

Cuando en un país no hay justicia, y si la hay, no es justicia, malo, malo, malo. En el caso de España, que se dice democrática, el único camino que le queda para ser coherente, es que venga la ultraderecha Vox. Se alardea mucho de que hay separación de poderes. Muy bien: poder legislativo (el Parlamento), poder ejecutivo (el Gobierno) y poder judicial (la Justicia).

Si esta separación de poderes la llevásemos a rajatabla, ¿podríamos imaginarnos el incordio que sería uno de esos poderes? De ahí la necesidad de que el poder legislativo (reflejo de la voluntad del pueblo), introduzca una cierta parte de su voluntad en el poder judicial, porque es bien sabido que es inevitable que en el judicial haya ideología, en este caso conservadora, como se ve. Si se lo propusieran, se convertirían en tapón (legal) de todo aquello que gobiernos progresistas quisieran para el país. Ciertos Gobiernos no podrían gobernar porque tienen enfrente a ese poder ultraconservador. Por esto lo del equilibrio, que hoy por hoy no existe.

Vemos pues, que con la utilización torticera de la Ley, se viola la -sacrosanta- separación de poderes y, en esta ocasión, el derecho elector de los canarios de Tenerife; violéntase el espíritu democrático de la nación. Se condena inmisericordemente a un diputado porque, por supuesto hecho delictivo de hace ocho años, y sin pruebas contundentes que lo incriminen, solo por un atestado de un agente que dice que Alberto le propinó una patada, de la que no trascendió secuelas ni hematoma. El hecho resultó falso, un montaje, cosa de la que ha dado fe la presencia masiva de reporteros gráficos, desmantelando la acusación, toda vez que Alberto Rodríguez no se encontraba en el lugar de los supuestos hechos delictivos.

Por tanto, lo de quitarle la condición de diputado es una gravísima intromisión del juez Manuel Marchena con la complicidad de Meritxell Batet (PSOE), presidenta de la Mesa del Congreso. Un golpe de Estado judicial, un esperpento, un montaje descarado. No estoy muy puesto en estos temas, pero creo que es la primera vez que uno de los poderes del Estado se entromete en otro de los poderes para algo tan grave como desposeer de un derecho inalienable, arrebatándole su cargo de diputado electo. Este grandísimo despropósito es la primera vez que ocurre sin evidentes pruebas inculpatorias, y cuando en la sentencia que lo condena a poco más de un mes de cárcel y a no poder presentarse a elección durante este tiempo, el afán del juez y la política, por tratarse de alguien de Podemos, los inducen a hacer el más espantoso de los ridículos. Tendremos que esperar por la Justicia Europea para que las aguas vuelvan a su cauce, y redima a un ciudadano español del terrible atropello del que ha sido víctima.

Cosas que ocurren en este cada vez más desgraciado país. Una justicia, la de España, que es implacable con los débiles, y blanda y comprensiva con los fuertes. Además de sospechosa, porque tenía que apercibir al Partido Popular, que no actúa obedeciendo lo que le manda la Constitución para renovar órganos institucionales, vencido el tiempo de mandato.

El partido de Pablo Casado ya accedió a renovar distintos estamentos menos el CGPJ, porque simplemente, no le conviene  renovarlo, llegándose al extremo de que lleva cerca de tres años en funciones, incluso renovando jueces por enfermedad y jubilación (cosa que nos  parece un dislate) en funciones, por la negativa de un partido que pierde la mayoría de jueces de su cuerda, y que quiere seguir disfrutando.

Qué poca altura de un Partido Popular que ha gobernado el país, y que aspira volverlo a gobernar, demostrando ninguna seriedad, más bien filibusterismo desvergonzado. ¿El pueblo español se merece a esta gente?      Hay un extraño maridaje entre Partido Popular-Vox y el Tribunal Supremo y el Constitucional, pues todo lo que hacen va disfrazado de justicia pero, ¿los ciudadanos de bien podemos sentirnos seguros con este sistema?

A las mujeres se llega a asesinarlas por ser mujeres, y los de izquierda, perseguidos judicialmente por ser de Unidas Podemos. Lo del juez Manuel Marchena es la “democrática” manera de deshacerse de un político incómodo como Alberto Rodríguez, diputado por Tenerife de Podemos, sin mucho esfuerzo y con aroma de “hacer justicia”.

Según el catedrático Pérez Royo, el problema democrático más importante con el que ha tenido que enfrentarse la sociedad española es el proceso de construcción de su Estado Constitucional. La diferencia la encontramos que en el resto de Europa el fascismo fue derrotado, mientras en España,  triunfó de la mano de Franco, en este caso con el apoyo inestimable de Hitler y Mussolini. Con el paso del tiempo, en qué retrógrado y de ultratumba se ha convertido nuestro país, del que los nazis y el fascio nunca se han ido.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Erasmo Quintana