Debemos iniciar estas líneas resaltando que el desarrollo de la IA cuenta con una amplia trayectoria histórica, desde los años 30 del siglo XX, aunque su exposición mediática e incidencia social haya tenido lugar en estas últimas décadas. Una tecnología que es capaz de realizar las tareas propias de la inteligencia humana y tiene la gran facultad de aprendizaje automático y exponencial, que según los expertos podría superar en un futuro inmediato la capacidad humana.

El debate actual sobre la IA se establece entre aquellos que consideran que aporta una serie de beneficios a la sociedad (salud, educación, medio ambiente, seguridad,...) y los que la conciben como una gran amenaza (manipulación, control de datos, violación de la privacidad, sesgos, vigilancia, censura, desinformación, discriminación,…).

Uno de esos tantos peligros, derivado de su mal uso, es que podría socavar el sistema democrático. De ahí, la imperiosa necesidad de normatizar y supervisar el  uso y desarrollo de la IA. Cuestión en la que parece no existir un acuerdo al respecto. Por tanto, se podría decir que la supervivencia de la estructura del poder vigente dependerá, en gran medida, del uso y del desarrollo de la IA, así como de las medidas que se adopten. Ambos asuntos son centrales.

En ese sentido, las voces críticas en el mundo occidental no paran de alertar sobre los riesgos de una pérdida de principios y la exigencia de establecer normativas de uso con valores éticos y responsables, tanto en el espacio social como en el actuar de las corporaciones tecnológicas. Aunque también, debemos decir con claridad y bien alto, que es imprescindible que los propios gobiernos, las instituciones y los partidos políticos sean los primeros en ejercer un uso ético y transparente, respetando los valores y derechos democráticos.

No obstante, nos cuesta comprender, o quizás no, por qué hasta este momento, la gobernanza, como los grupos opositores, no han propuesto y normalizado un sistema de regulación, especialmente en un contexto donde esa tecnología se encuentra en manos de los intereses de las grandes corporaciones y pueden propiciar un golpe de muerte a este sistema democrático precario, nacido a finales del siglo XVIII, y borrar de un plumazo los derechos ganados a sangre a lo largo del tiempo, aunque gran parte de los mismos han quedado reducidos, en esencia, a un soporte puramente documental-normativo.

La situación actual es que casi ningún país cuenta con un marco regulador de la IA. Ese dato nos está hablando de muchas cosas. Sin embargo, a pesar de ese vacío, han surgido algunas iniciativas, como el acuerdo adoptado por 193 estados miembros de la UNESCO en 2021; las acciones propiciadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la propuesta de Ley de IA de la Unión Europea en abril de 2021; el proyecto de Ley en España en junio de 2022; y la presentación de un proyecto de Ley en los Estados Unidos Mexicanos en 2023. En cualquier caso, aunque se disponga de esos impulsos, todavía nos encontramos en pañales o en el limbo de este mundo global. Y no llegamos a entender, o más bien todo lo contrario, por qué ese retraso y lentitud en abordar un tema clave, que va a definir el futuro más próximo. Y no hay excusas por la existencias de diferencias significativas, porque también hay convergencias.

Las trampas del sistema

Se habla mucho, quizás demasiado y sin fondo, tanto desde los organismos internacionales como desde los gobiernos nacionales o supranacionales, sobre la necesidad de un desarrollo ético, responsable y transparente, que evite acciones dañinas a los individuos o a la sociedad. Sin embargo, la IA ha sido utilizada como herramienta en diferentes países por los partidos políticos con la finalidad de interferir en los procesos electorales. Por ejemplo, en los EE.UU. una consultora utilizó los datos de 50 millones de usuarios para crear perfiles y enviar mensajes personalizados a favor de un candidato en las elecciones de 2016, también, se aplicó la IA para generar imágenes falsas o manipuladas de candidatos; y en España, algunos partidos políticos han empleado el big data y análisis predictivo para segmentar el electorado y adaptar sus mensajes en las campañas electorales, además, de utilizar la IA para crear bots, que difundían propaganda o desinformación en las redes sociales.

De modo que, el uso de la IA en los procesos electorales es otro de los riesgos junto a la manipulación, el engaño, la desinformación, etc. Desde otra perspectiva, se puede entender entonces esa escasa preocupación de los partidos políticos en incorporar a sus programas electorales propuestas de control y regulación, cuando son ellos los que utilizan esos mismos recursos para influir de forma irregular y mal intencionada en los procesos electorales.

En definitiva, a río revuelto, ganancia de pescadores, que son los que tienen los aparejos adecuados. Debemos resaltar, para finalizar, que esta realidad descrita es posible gracias a la baja calidad democrática de la ciudadanía, a la inactividad de los movimientos sindicalistas y al escaso eco de los colectivos y movimientos sociales. Temas estos, que abordaremos en una siguiente colaboración.

* Gracias a José Manuel Castellano. Publicado originalmente en el blog del autor

https://jmcaste.blogspot.com/2023/08/la-ia-una-crisis-para-la-estructura-del.html