Impuestos, desimpuestos, comunidades, gobierno - por Nicolás Guerra Aguiar *

“En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira: todo depende del color del cristal con que se mira”. Así reza, estimado lector, un dicho popular: pura racionalización, acertado apunte. Como todo lo que emana de la experiencia, es decir, ‘Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas’. Para un minoritario sector social (monocolor, daltónico o daltoniano) tal vez la conclusión sea falsa o, al menos, discutible. Para la inmensa mayoría es una verdad como un templo. 

  Algo parecido sucede con la discusión en torno a la eliminación de impuestos si el patrimonio es superior a setecientos mil euros (Madrid, "Andasulía", Galicia. Murcia, desde 2023). O al contrario: la provisional recuperación de tasas (Gobierno central) a contribuyentes cuyos ingresos sobrepasan tal cantidad. (Valencia reducirá si no se rebasa el tope de sesenta mil euros.) ¿Se trata de llamadas a grandes inversores, atenciones con los amigos, descarado oportunismo, irresponsabilidad política por una parte? ¿Quizás compromiso social por otra?

¿Impuestos a los ricos? María Pedrera, LA VOZ DE GALICIA

  Tanto las cuatro comunidades peperas como el Gobierno actúan en consecuencia. El cuarteto, rigurosamente fiel a los principios del neoliberalismo: importan las empresas, los beneficios… Por tanto, absoluta libertad económica, privatización de todo lo productivo y oposición radical a la intervención del Estado en la economía. El otro, el Gobierno actual (PSOE - UP), convencido de que es la izquierda progresista, avanzada y socialmente comprometida, pregona el “impuesto a los ricos” a partir de enero. 

  El PP recrimina al Gobierno central su “afán recaudatorio”. Por contra, el  Gobierno lamenta la reducción de cobros y la eliminación de tributos a quienes más tienen (hablamos de palacetes, caserones, yates, coches de lujo, joyas…): Andalucía, por ejemplo, dejará de ingresar cien millones de euros anuales. 

 La comunidad madrileña, por su parte, eliminó (ABC, septiembre) los llamados “impuestos propios” y el IRPF. Y si por soberbia,  irresponsabilidad, ingenuidad o torpeza el Gobierno imitara al PP y aspirantes y añadiera la eliminación de otros tributos, ¿qué pasaría?  

  La supresión del correspondiente al patrimonio beneficiará -dicen los especialistas- solo al 0,2% de los ciudadanos andaluces, probablemente descendientes del machadiano don Guido o, tal vez, emparentados con él por sagradas tradiciones: “Murió don Guido, un señor / de mozo muy jaranero,  […] / y repintar sus blasones, / hablar de las tradiciones […]”.

  ¿Y quiénes conforman el protegido 0,2% que deja de pagar a las haciendas autonómicas gobernadas por el PP? Pues, simple y llanamente, una privilegiada minoría elegida por los dioses como ocurría en la Edad Media con los feudales: era voluntad divina que fueran propietarios, amos y dueños de inmensas haciendas y esclavos mientras los monasterios cantaban en verso octosílabo sus grandes virtudes. (¿Y por qué no afecta hoy al resto de los españoles, usted y yo, por ejemplo? Elemental: no disponemos de bienes o ingresos superiores a setecientos mil euros, insisto.) 

  Sin embargo, no se trata de una rebelión autonómica: la permanencia, reducción o eliminación de este impuesto es potestad de cada comunidad. Es decir, por el momento, las cuatro del PP. ¿Radical discriminación a favor de unos pocos o, acaso, comunistoida revolución ideológica? (Por cierto: si las propiedades están a nombre de narcos reconocidos, ¿entran en la lista?)  

  Tras cinco bajadas de impuestos  (cope.es) por el Gobierno andaluz llega ahora esta exención sobre el patrimonio. Y hay, claro, quienes bailan por soleares: también para los empresarios es una decisión económica muy atractiva, como para emporios españoles… y multinacionales. Algo así como en Canarias cuando a empresas turísticas extranjeras se les permitió edificar hoteles, apartamentos… a pie de playa e, incluso, la privatización de algún litoral. Por cuatro perras y ayudas oficiales construyeron diques desestabilizadores de naturales corrientes marinas, puertos para sus veleros y yates, calles y carreteras en tierras ayer dedicadas a la agricultura… 

  Esta situación, claro, puede llevarnos al disparate de que todas las comunidades, para no ser menos que las anteriores, apliquen las mismas políticas de reducción: a fin de cuentas podrían justificarlas por aquello de la supervivencia y equiparación a los contrincantes. 

 Lo cual conduce a una inmediata interrogación retórica: ¿tan poderosamente ricas son hoy las comunidades peperas (y aspirantes) como para que las anulaciones del concreto impuesto -hablamos de cientos de millones- no afecten al normal desarrollo de sus obligaciones sociales? Me refiero a escuelas, colegios, universidades, becas, hospitales, residencias geriátricas, desvalidos, pymes, carreteras, ayudas a sectores inestables…

  Algo no me cuadra: eliminan impuestos y reclaman su importe a Madrid (¿será porque allí está la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre?). Así, los periódicos andaluces transmiten casi la misma estampa: el señor Moreno lo exige para combatir el lastimero lamento de hospitales públicos bajo mínimos, carencia de personal, largos meses de espera para una visita al especialista, ambulatorios que cierran el servicio nocturno; colegios rurales de las sierras que silencian palabras, educación, cultura... porque la casa del maestro amenaza ruina. ¡Pero vende como éxito personal la eliminación de impuestos! (Por cierto: “Apoyar a hogares y empresas es más útil que reducir el IVA", proclama Bruselas.)

  ¿Y por qué no exigen la reducción de gastos banales y refuerzan otros para beneficio de todos? Un ejemplo: el Senado (su presupuesto asciende a cincuenta y nueve millones de euros). Es una cámara absolutamente inservible… salvo para pagar fidelidades y colocar al presidente del PP con espléndida nómina. (Y cuya presencia en el hemiciclo -por cierto- es casi simbólica. Dónde estará a esas horas?) 

  El Gobierno central montó una estructura político – administrativa demasiado grande: sobran ministerios, organismos públicos cuyos consejos de administración están formados por coleguillas... Y todas las comunidades rebosan asesores, consejeros de asesores, instituciones absolutamente inútiles… ¿Consejería andaluza de Medio Ambiente mientras Doñana (Patrimonio de la Humanidad) se muere asaeteada por la multiplicidad de pozos ilegales para regar inmensas fincas... acaso no legalizadas? 

   El Mar Menor murciano se carga de venenos (dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, metales pesados…) La agricultura descontrolada, la disparatada urbanización de sus costas (eltiempo.es)... lo han convertido en el estercolero de una región. ¿Rebajas del 50% a quienes quizás se han enriquecido a su costa?

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar