Nuestra valoración es muy diferente a la autocomplaciente y triunfalista que realiza la actual dirección del PCE en el Informe de Gestión.

En diciembre de 2017, con ocasión del XX Congreso del PCE, se produjo la paradoja de que la mayoría congresual (más del 80% de las delegaciones) aprobó el rechazo del eurocomunismo y el retorno a los principios del marxismo-leninismo suprimidos de la legalidad partidaria en 1978. La minoría congresual reformista,  sin lograr el 20% de los votos de las delegaciones, obtuvo, sin embargo, mediante las consabidas componendas, la mayoría en el Comité Central, en la Comisión Política y en el Secretariado del PCE. El resultado no fue nada democrático: esta minoría congresual continuó con las riendas del aparato de dirección del Partido y la mayoría congresual marxista-leninista quedó en minoría en el Comité Central, en la Comisión Política y en el Secretariado.

Desde el anterior Congreso del PCE, las actuaciones de la nueva dirección, contrariamente a lo que afirma el Informe de Gestión, lejos de llevar a cabo un trabajo riguroso dirigido a transformar a la organización comunista en un PCE de clase, revolucionario y combativo, ha venido dando continuidad a la misma política socialdemócrata que desde décadas atrás implementaron los anteriores mandatarios  de la organización.

Las expectativas que el XX Congreso despertó entre ex militantes del PCE, simpatizantes y camaradas de otras formaciones comunistas, se han visto frustradas por esa falta de coherencia que viene mostrando desde finales de 2017 la dirección que encabeza Enrique Santiago y que han alejado, además, una alternativa posible de reunificación de las y los comunistas bajo una misma organización política.

En sucesivos procesos electorales la autodenominada «izquierda transformadora» se ha articulado, en términos generales, mediante una confluencia entre PCE, Izquierda Unida y Podemos, con un programa político de matiz socialdemócrata, muy parecido al programa del PSOE, de naturaleza reformista, condescendiente con el capitalismo, muy alejado de la voluntad de cambio político, social y económico profundo que necesita la mayoría social de nuestro país, víctima de  políticas neoliberales y belicistas.

La confluencia presentada en los diferentes procesos electorales de 2018 y 2019, promovida por la dirección ejecutiva del PCE, se apartó de nuestra legalidad partidaria de manera muy grave. El XX Congreso determinó, con claridad meridiana, que los procesos de confluencia para los procesos electorales tenían que llevarse a cabo «en torno a la ruptura con el régimen» de la Transición ^[1], así como que en este proceso de confluencia «el PCE (debía) ser la fuerza de vanguardia de la Ruptura» ^[2] y que «la alternativa (pasaba) por la articulación de un bloque social y popular, de carácter rupturista que sea capaz de organizar un contrapoder al legalmente establecido»  ^[3]. Por el contrario, las confluencias electorales y sus políticas han contribuido al fortalecimiento del régimen del 78. Incluso, en no pocas ocasiones, mediante la renuncia del sindicalismo de clase y la movilización social, dieron alas a la extrema derecha, que ha ido ocupando los espacios obreros y populares que el reformismo ha ido abandonado.

También hubo transgresión de la legalidad partidaria por Enrique Santiago y su grupo, en cuanto al expediente sancionador abierto a medio centenar de camaradas en relación con la Plataforma Interna de Opinión promovida por 176 militantes de muy diferentes territorios de cara al debate de la Conferencia Política convocada en junio de 2019, acerca «del proceso de reorganización del bloque popular, cuya expresión electoral en este ciclo ha sido Unidas Podemos». Esta injusta actuación se saldó con el archivo del expediente disciplinario, no sin vulneración del derecho fundamental de defensa apreciado en sede judicial.

Situándonos, como hace el Informe de Gestión, ya en 2020, en momentos inmediatamente previos a la conformación del gobierno de coalición, resulta llamativa la trasmutación del análisis sobre el papel del PSOE, que al parecer por una hipotética «crisis del régimen del 78» pasa a formar parte del «bloque de izquierda». Y todo ello en el marco, como dice el documento, de «una intensa reflexión y debate sobre nuestra participación en el Gobierno de España». Y añade: «Debate interno que realizó el PCE, dentro de IU, sobre la incorporación de Unidas Podemos al Gobierno», con el más absoluto desprecio a la necesaria posición independiente del Partido. Se remarca que es «un importante éxito político haber contribuido a formar un gobierno de coalición con la participación de Unidas Podemos, posicionamiento que posteriormente fue ampliamente avalado en Izquierda Unida por casi un 90% de la militancia». Lo que sí sabemos es que a la militancia del PCE nunca se le preguntó en el seno de la organización acerca de la conveniencia de formar parte de un gobierno de coalición.

Sobre este asunto, nuestra valoración es muy diferente a la autocomplaciente y triunfalista que realiza la actual dirección del PCE en el Informe de Gestión. La presencia de nuestra organización en el gobierno de coalición no ha impedido los incumplimientos generalizados de los acuerdos firmados en diciembre de 2019, las insuficiencias y debilidades de un escudo social incapaz de vetar los despidos masivos, incluso los de las multinacionales que presumen de seguir obteniendo importantes beneficios económicos, la ausencia de voluntad política para derogar la ley mordaza,  la escasa presencia de Unidas Podemos en la lucha de clases, la paulatina desaparición del PCE y de Izquierda Unida del escenario político, con un Podemos en retroceso carente de estructura organizativa y, por último, el avance del fascismo que ocupa los espacios obreros y populares que se abandonan.

Desde la celebración del XX Congreso en diciembre de 2017, son muchas las transgresiones a la legalidad partidaria cometidas por quienes han ocupado hasta hoy altas responsabilidades en la dirección de la organización. La última de ellas, en fecha muy reciente, ha provocado un generalizado rechazo de la militancia, atónita al conocer cómo los afiliados con carnet del PCE en el Gobierno Sánchez, apoyan el envío de armamento ofensivo a Ucrania con el subsiguiente respaldo a la OTAN y al ejecutivo belicista del que forman parte. Enrique Santiago, con anterioridad, había expresado ya en junio del pasado año, el respaldo a la celebración en Madrid, en junio de este año, de la cumbre de esta alianza militar, brazo armado del imperialismo. Con esta actuación, vulneran  el mandato congresual de luchar por la salida de España de la OTAN y contra la presencia de bases militares extranjeras en nuestro territorio, pese a las afirmaciones en contra que se vierten en el Informe de Gestión.

Estos mismos afiliados vulneraron, de manera repetida en estos últimos cuatro años, los principios del centralismo democrático y de la democracia interna regulados en los artículos 18 y 19 de los Estatutos. De esta forma, discriminaron a una numerosa militancia por el hecho de que discrepaban en el debate político de las posiciones de ciertos responsables, y procedieron, en no pocas ocasiones, a desmantelar incluso a organizaciones territoriales enteras, con tal de impedir la actividad partidaria de la militancia respetuosa con el mandato de la legalidad partidaria.

Por otra parte, el quebrantamiento generalizado de los acuerdos del gobierno de coalición se ha debido, entre otros motivos, a que altos responsables en la dirección del Partido, no han atendido la obligación estatutaria de realizar una actividad política encaminada al impulso y al desarrollo de una amplia e intensa movilización obrera y popular que lograse modificar la correlación de fuerzas en favor de la mayoría social oprimida. En su lugar, han puesto todo su empeño en defender a un ejecutivo belicista que, además, ha adoptado todo tipo de medidas neoliberales contrarias a los intereses populares, así como, redondeando el vasallaje a Washington, que «remató la faena» con la entrega del Sáhara al sátrapa marroquí.

Estas y otras tantas vulneraciones a la legalidad congresual han provocado que una numerosa militancia haya abandonado las filas del Partido, harta de tantísimas inobservancias al mandato congresual. Más de 2.000 camaradas han devuelto sus carnets, quedando un censo de alrededor de 7.000 en una organización que en otras épocas ha contado con más de 100.000 militantes.

Sin duda, estamos de acuerdo con la afirmación que se expresa en el Informe de Gestión de que «es a nuestra militancia a quien corresponde valorar» lo ocurrido desde finales de 2017. Algo que ya se está haciendo en el actual proceso del XXI Congreso en el marco de un debate que debe conducirse con el siempre necesario respeto al mandato congresual y a los principios del marxismo-leninismo por toda la militancia, empezando por el mismísimo Secretario General de la organización, única forma de preservar en el PCE la imprescindible independencia de clase respecto de la burguesía y de cualquier confluencia o alianza en la que decida participar.

Un debate que debe promover una nueva dirección para un PCE del siglo XXI , que analice y aplique una adecuada política de alianzas, capaz de elaborar un programa político dirigido a la defensa de los intereses inmediatos de la clase trabajadora y capas populares. Un debate para la plena recuperación del sindicalismo revolucionario y combativo, del feminismo de clase , que estimule el regreso al PCE de las y los comunistas que lo abandonaron y para la incorporación de nuevos efectivos a la organización y de manera especial de jóvenes, así como para poner en marcha un proceso hacia la unidad de las y los comunistas en una misma organización política. Y un debate, finalmente, enmarcado en la lucha política por la apertura de un proceso constituyente republicano en dirección hacia el socialismo.

* Gracias a Arturo BNorges Álamo y a HOJAS DE DEBATE

https://hojasdebate.es/xxi-congreso/informe-mala-gestion-enrique-santiago/