¿Por qué el Ingreso Mínimo Vital se está retrasando y cómo podría haberse evitado? - por Eduardo Garzón SAQUE DE ESQUINA
¿Por qué el Ingreso Mínimo Vital se está retrasando y cómo podría haberse evitado? - por Eduardo Garzón SAQUE DE ESQUINA
Estos días hemos conocido que la prestación del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el gobierno de coalición ha llegado, de momento, a pocas familias. Concretamente, a mitad de agosto la habían recibido de oficio (esto es, que se les ha concedido automáticamente por conocerse ya que no tenían suficientes ingresos y que por lo tanto cumplían los requisitos para recibir la prestación) 74.119 familias de un total de 750.000 solicitudes, lo que supone un porcentaje muy reducido teniendo en cuenta que la medida se aprobó a final de mayo y que está pensada para una situación de emergencia.
La verdad es que esto, desgraciadamente, no es ninguna sorpresa. Ya comenté en un vídeo anterior que la prestación iba a tardar en llegar, e incluso el propio ministro de Seguridad Social aclaró que se trata de un trámite largo y que hasta septiembre no se van a aprobar la mayoría de prestaciones. ¿Por qué? Por varias razones.
La primera es que, exceptuando las prestaciones otorgadas de oficio, para poder dar el dinero es necesario primero que la familia demuestre que lo necesita, por lo que debe presentar una solicitud (que es bastante compleja, lo que por cierto contradice el real decreto que hablaba de simplificar los trámites) y segundo es el propio Estado el que debe cotejar los datos de renta, patrimonio y domicilio para verificar si de verdad cumple los requisitos, lo que implica el cruce de varias fuentes de datos (ayuntamientos, Agencia Tributaria, Ine, SEPE…). Esto no se hace de la noche a la mañana: inevitablemente lleva tiempo. Además, el teletrabajo instaurado debido a la pandemia dificulta y ralentiza mucho las cosas.
La segunda es que ha habido una avalancha de solicitudes que ha saturado el Instituto Nacional de Seguridad Social. Aquí no podemos olvidar que en los últimos diez años este Instituto ha perdido el 21% de la plantilla por culpa de las tasas de reposición reducidísimas o nulas aprobadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Si recortas plantilla es normal que luego te falte gente para sacar adelante el trabajo. Por cierto, no deja de ser llamativo que personas que hoy día se quejan de que la prestación tarde tanto en tramitarse estuviesen de acuerdo en ir recortando poco a poco las plantillas públicas.
El Instituto Nacional de Seguridad Social ha tratado de reforzar sus medios y recursos, ha contratado a 550 trabajadores más y ha derivado parte del trámite a empresas externas contratadas. Además muchos empleados se han ofrecido voluntariamente a hacer horas extra. Sin embargo, no parece ser suficiente.
La tercera razón es que casi 80.000 expedientes más que se han tramitado de momento no se han validado o se han rechazado porque los solicitantes no cumplían los requisitos. Algunos podrán subsanarse con la presentación de nueva documentación pero otros no. Aquí no sabemos si es que los requisitos son demasiado exigentes, si ha faltado información a los solicitantes, o si algunos han probado a ver si había suerte. En cualquier caso la buena noticia es que las solicitudes que se aprueben tendrán carácter retroactivo, es decir, que se les pagará también por los meses anteriores.
¿Qué se podría haber hecho para evitar este retraso? Simplificar el trámite de la solicitud, tener mucha más plantilla y más medios, e incluso aliviar algunos requisitos. De hecho, esto podría haberse llevado al límite aprobando lo que muchos han denominado un cheque de emergencia universal.
Este cheque de emergencia es muy sencillo: se trata de que el Estado ponga a disposición de todo el mundo un cheque que podría cobrarse en cualquier banco por una cantidad determinada (por ejemplo de 500 euros al mes). De esta forma, cualquier persona podría cobrar el cheque y recibir el dinero que tanto necesita en cuestión de muy poco tiempo.
La clave sería instar a que ejerciesen ese derecho solamente las familias más necesitadas y que se abstuvieran las que no lo necesitasen. Posteriormente, se vería quiénes han cobrado el cheque y se activarían los mecanismos para comprobar si de verdad esas personas han necesitado el dinero o no. Si no lo hubiesen necesitado, tendrían que devolverlo (todo o una parte). Esta comprobación podría tardar meses como está tardando la actual, pero la diferencia es que en este caso las familias más necesitadas habrían recibido el dinero muy pronto. En definitiva, tendría la ventaja de que sólo la cobran quienes lo necesitan pero también que lo hiciesen desde el primer momento y no tras meses de espera.
Ése es un barco que ya ha zarpado pero que en cualquier caso podría recuperarse para prestaciones futuras. Por si a alguien se le pasa por la cabeza, esto es muy distinto a lo que supone una Renta Básica Universal, que es darle dinero a todo el mundo sin que lo tengan que devolver.
Que haya muchas cosas que se puedan mejorar en el Ingreso Mínimo Vital no quita que su aprobación haya sido un completo acierto. De hecho, lo más probable es que en septiembre o en octubre la inmensa mayoría de las solicitudes hayan sido tramitadas y que buena parte se validen positivamente, dejando todo este retraso sólo como un mal recuerdo. No obstante, habrá que seguir vigilando y presionando para que mejoren y perfeccionen esta prestación tan necesaria.
* En La casa de mi tía con la colaboración de Francisco Morote, de Attac Canarias
