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jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

Injusta vejez - por Ramón Trujillo (*)

Lejos, en el tiempo y en la realización, están los sueños de que la utilización de la tecnología liberaría del trabajo a las personas y se podría dedicar más tiempo al ocio y la creación. La codicia del poderoso caballero don dinero acaparó el beneficio y obliga a la gente a trabajar igual, mándando al paro, a quienes sobran y negándose a atender a quienes les llega la edad del retiro. Por ahí van los tiros de este documentado y razonadamente indignado artículo de Ramón Trujillo. 

Injusta vejez - por Ramón Trujillo (*)

 Todo es poco y nada es suficiente cuando se trata de desmantelar el estado del bienestar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de pedir un nuevo recorte de las pensiones de jubilación y otro retraso de la edad de retiro ante el “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Según el FMI, los estados y las personas deben contratar pensiones privadas y, asimismo, quienes son dueños de sus viviendas deben firmar hipotecas inversas para obtener una renta de jubilación a cambio de entregar la vivienda al banco cuando fallecen.

Se le pide a la ciudadanía que contrate pensiones privadas cuando los salarios reales se reducen y cuando tantas entidades financieras privadas han tenido que ser rescatadas por los estados. Durante la crisis, ¿cuántos fondos de pensiones privados se habrían evaporado en el mundo sin los rescates efectuados por el sector público? ¿Qué consecuencias tendría la generalización de las hipotecas inversas en España con la mitad de los jóvenes desempleados y con una política de vivienda pública en alquiler prácticamente irrelevante?

La lógica económica que se nos está imponiendo es un seguro de miseria para nuestros hijos. Y no hay ningún determinismo demográfico, ni económico, que justifique el ataque constante a que están sometidas las pensiones públicas. La única motivación real para continuar deteriorando las pensiones públicas de jubilación se halla en la voluntad de privatizarlas, para así proporcionar inmensos beneficios al sector financiero.

En España se ha decidido retrasar la edad de jubilación precisamente cuando se acaba de reducir nuestra esperanza de vida. Y, en 2027, habrá culminado el proceso de retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y, a partir de entonces, se iniciarán las revisiones, cada cinco años, que harán que, para 2050, la gente se jubile a los 69 años. El incremento de la vida laboral hasta los 67 años supone reducir un 10% lo percibido como pensionista.

Nos han dicho que, a causa de la mayor esperanza de vida, hay que retrasar la edad de jubilación y reducir la cuantía de las pensiones públicas para hacerlas sostenibles. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida tiene una repercusión menor sobre las pensiones de lo que habitualmente se cree. Por ejemplo, en España, de 1993 a 2008, la esperanza de vida aumentó en 3.5 años (de 77.7 a 81.2), pero sólo se incrementó en dos años para las personas de 65 años (de 18.1 a 20.1).

En cualquier caso, vivir más años no implica prolongar la buena salud y las condiciones adecuadas para seguir trabajando. De hecho, en Estados Unidos, una persona que hoy tenga 20 años vivirá más que una persona que tuviera su misma edad hace una década, pero tendrá un año menos de vida saludable (sin enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes).

Es más, el retraso en la edad de jubilación castiga a las clases sociales menos pudientes que, a partir de los 65 años vivirán 15 más, frente a las clases más adineradas, que vivirán 25 años más. El retraso de la jubilación a los 67 años reducirá un 13% lo percibido por los pensionistas de las clases más bajas y un 8% lo percibido por quienes integran las clases más altas.

Al recorte de la pensión pública derivado del alargamiento de la vida laboral, se añade el provocado por el incremento de los años usados para calcular la cuantía de la pensión, al pasar de 15 años a 25. Esto supondrá una reducción de la pensión de casi el 5%.

Sin embargo, lo más sorprendente de estos últimos recortes sufridos por las pensiones públicas en España es que nuestro país gasta en pensiones tres puntos menos de PIB que nuestros vecinos de la Unión Europea a Quince (UE-15). Ellos emplean el 12% de su PIB en pensiones y nosotros el 9%; ellos gastan 2.547 euros anuales por habitante en pensiones de vejez y nosotros 1.557, es decir, gastamos el 61% de lo que gastan ellos, aunque nuestro PIB por persona representa el 92% del que posee la UE-15.

El problema real de España con las pensiones públicas se halla en que son bastante menos generosas que las de nuestros vecinos. Y, para solucionar algunos problemas derivados de la relación entre cotizantes y pensionistas, que aparecerán a medio plazo, hay un amplio margen de maniobra que incluye completar las cotizaciones con ingresos fiscales, incrementar la ocupación femenina y la tasa de fecundidad expandiendo el estado del bienestar y, asimismo, tomar en cuenta los efectos positivos derivados del incremento de la productividad por persona ocupada.

Las pensiones públicas no están en peligro a causa de la demografía o de alguna ineludible ley económica. El riesgo proviene de los grupos de presión que monopolizan el debate público sobre las pensiones, ocultan las fórmulas para garantizar su viabilidad y hacen creer que son más o menos insostenibles. Cuentan con el apoyo del FMI, de la Comisión Europea y de numerosos gobiernos que, conjuntamente, trabajan en el desmantelamiento del estado del bienestar y al servicio de esos poderes financieros que están desestabilizando seriamente las economías. Se trata de un proceso de deterioro severo del bienestar, de aumento de la desigualdad y la pobreza y de cronificación de las crisis económicas. Hoy es más necesario que nunca entender que hay alternativas y luchar por ellas. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.

También en:

http://eldia.es/2012-04-20/CRITERIOS/29-Injusta-vejez.htm