Otros de Erasmo en La casa de mi tía

¿La justicia imparcial está garantizada en nuestro país?

Erasmo Quintana *

Todo parece indicar que de algo adolece la administración de justicia en España, porque se están dando casos de politización -no en toda-, convertida en brazo ejecutor contra uno de los partidos democráticos y a favor de otro. Parece como poco, sorprendente y bastante casual, que algunos jueces tienen las manos abiertas para todo lo que se invente del partido en el Gobierno con lo que llaman mentiras o bulos, imputando sin que hayan pruebas palmarias de lo que se acusa, solo por indicios. Pedro Sánchez ha insinuado que hay connivencia entre PP y algunos jueces para perjudicarlo, mientras las Asociaciones Judiciales responden “No existe connivencia alguna.” ¿De qué trata la respuesta, de sembrar la duda? El juez Peinado es un ejemplo. De éste solo se conocen unas imágenes televisivas en las que aparece caminando por la calle, el cual, percatándose que lo están filmando, corrige su andar torciendo la cara para no ser reconocido. En ello parece que hay mala conciencia, porque en otro caso no tendría reparo en que lo reconozcan.

Acabamos de ver una reflexión sobre esto mismo que hace José Antonio Martín Pallín, exfiscal y exmagistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, que entre otros hace una mención a la causa abierta contra el hermano del presidente Sánchez, afirmando: “Creo que estamos ante lo que se puede denominar con rotundidad, y lo afirmo, como un golpe de Estado (esta vez sin fusiles ni cañones, decimos nosotros), judicial permanente. Esto desborda toda la racionalidad que se puede admitir dentro de un sistema democrático”.

Al hermano de Sánchez lo han imputado por supuestas irregularidades en su puesto de trabajo, ajeno a la política, lo que ya es como para despojar a la imputadora el título de juez. Acusa de que el interdicto adjudica una plaza a una persona que, según parece, no tiene méritos suficientes, habiendo otros que si lo tienen. Razona Martín Pallín que desde el s. XIX el tema es de lo Contencioso Administrativo, y que los perjudicados, si creen que tienen derecho, siempre han ido a este Contencioso, dándoles la razón o no, pero nunca han tenido contenido Penal. La instancia asimismo iniciada por el juez Peinado contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, a la que acusa de que viene desempeñando actividades relacionadas con la enseñanza. Y lo que resulta es que en una Cátedra, según los Estatutos de la Complutense, se puede ser codirectora con cualquier cargo. “¿Dónde está -se pregunta Martín Pallín- la actividad delictiva? Yo no la veo por ninguna parte”.

El juez Peinado estira esta causa hasta límites preocupantes, desde el punto de vista de administrar la justicia imparcial. Pero de lo que en el fondo se trata es dar ocasión para que la acusada esté en el candelero diario de las tertulias: televisión, prensa y radio, para conseguir que ya se la condene; y pudiera ser desimputada, pero el daño que se le quería hacer ya se hizo, y ahí quedó; eso no se lo quita nadie. Tenemos también otro caso insólito, que nunca se ha dado en esta reciente democracia, y es que la Justicia ha entrado en el despacho oficial del Fiscal General del Estado para llevarse, no solo el teléfono y volcar su contenido, sino toda la documentación e informaciones tan sensibles que tiene la Fiscalía Nacional, del CNI por ejemplo, y otras tan importantes que debe custodiar con el máximo celo. Los derechos en nuestro país están en su revolución. Seamos claros, la tarea es incuestionable que quieren con malas artes derribar a Pedro Sánchez. Pero lo más inquietante de todo esto es ¿para que en su lugar vengan el PP y Vox? ¿Podemos imaginarnos cual será el centro de su gobernabilidad? Menos sus opulentos sueldos, recortes y bajadas en los impuestos a diestro y siniestro. Y los abandonados y necesitados de todo, que se busquen la vida. A simple vista, todo esto parece de una gravedad tremebunda, y habría que preguntarse si realmente determinados jueces no se habrán excedido hasta el punto de la vulneración de los derechos fundamentales que tenemos todos los españoles.

A todo lo que ocurre con la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, ese que estuvo más de cinco años ilegal, por caducidad de su mandato, tiene un sonoro silencio en todo lo que está sucediendo; ¿por dónde andará? También, algunas Asociaciones Judiciales. Así que la próxima pieza a abatir será Teresa Ribera, aunque forme parte de la Comisión Europea, nada menos que en el segundo puesto en importancia. Allí irán los del PP a echarle mierda, toda la que puedan, porque los de su partido son los “mejores”. Ya le tocó al ministro de Transportes. Con él, qué casualidad, surgieron unos gravísimos problemas en los trenes Talgo y de medianías, culpabilizándolo de las sospechosas gamberradas. Por otro lado, en el Parlamento se están perdiendo las formas, tan importantes. ¿A qué bancada la presidenta llama al orden con tanta frecuencia? A los que presumen de demócratas, pero que no aman la democracia, los fascistas.

En la Comunidad de Madrid el pecado del Fiscal General del Estado fue responder a lo dicho por el jefe de Protocolo en el gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el cual había dicho que la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, reconociendo que era defraudador, estaba en tratos de conformidad con Hacienda, y que el Fiscal General se había opuesto. Esto es rotundamente falso, un bulo más. El Estatuto dice que la Fiscalía tiene el deber de informar con la verdad a la ciudadanía. En respuesta a esto, el Tribunal Supremo dio órdenes de entrar en el despacho privado del Fiscal. Y en cuanto al problema principal que nos ocupa, creemos tener el deber de salir al paso, porque no se trata de que haya un evidente riesgo de ruptura política e involución democrática, sino principalmente de la credibilidad que los ciudadanos debemos tener en la Justicia. Con estos importantes precedentes, nuestro país pudiera hundirse en el hondón del barro cenagoso y pestilente.  

Edición de Chema Tante