Buscar
jueves, 29 de septiembre de 2022 09:29h.

Una ley caducada - por Lidia Falcón

 

FR LD FLCN

Una ley caducada - por Lidia Falcón *

El anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y va a ser presentado a la Cámara de Diputados para su debate. Y como si de la mayor novedad se tratara, la ministra portavoz del gobierno, y la de Igualdad, Irene Montero nos la han presentado con el júbilo y el triunfalismo que corresponde a este gobierno, que hace gala de leyes y reformas trascendentales completamente huecas, que no tienen después ningún efecto en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Esta vez se trata de presumir de haber revertido el cambio de la segunda ley de aborto de 2010, que aprobó Rajoy y su PP en el año 2015, exclusivamente en el apartado que se refiere a poder practicar una intervención voluntaria del embarazo sin el consentimiento de los padres desde los 16 años, que se había prohibido.

Esta norma que presentan como una novedad, se está pidiendo desde hace siete años, y han transcurrido tres desde que el gobierno más de izquierda en la historia de la democracia española, anda mareando la perdiz para tomar tan simple determinación.

Cuando creíamos que la imposición de recabar el permiso parental para abortar se iba a derogar definitivamente, la montaña parió el ratón de permitirlo en la franja de 16 a 18 años, como si se hubiera llegado al summum de la liberalidad.

A veces me pregunto cuánto tiempo puede aguantar el cuerpo y la mente humanas la represión continuada de la racionalidad, marginada por los prejuicios y las estupideces que dominan las acciones de los políticos, y lo peor, son soportados con resignación bovina por la ciudadanía. Porque hace treinta años que estoy preguntando, con ira, ¿por qué se sitúa en el límite de los 16 años la capacidad de una muchacha de decidir interrumpir un embarazado no deseado? ¿Por qué no en 15, o en 14 o en 12?

Hace unos años, en México, una niña de 11 años, violada por el propio padre, tuvo que dar a luz a otra desgraciada criatura, porque la Iglesia y el juzgado y el cariñoso padre decidieron que debía convertirse en madre.

¿Queremos que nuestras niñas de 12 a 16 años sean obligadas a parir a la fuerza antes de esa mágica edad –y no sé por qué esa- si el padre –que tantas veces es el violador- no permite el aborto? ¿Creemos realmente que las niñas han de estar bajo la suprema potestad del pater familiae, como en las tribus de Jehová? Sigue siendo el imperio del Patriarcado el que inspira nuestras leyes. 

Lo imprescindible es que se dictara la necesidad de practicar un aborto a toda niña menor de 16 años, y en caso de oposición de los padres se le adjudicara un defensor judicial para protegerla. Estamos en un sistema legal, social y moral tan monstruoso que se asigna un defensor judicial y se le quita la patria potestad a los padres que le nieguen al niño o niña que a los 8 años cambie de sexo, pero en cambio para la pobre criatura a la que embarace un mal nacido a los 12 hay que requerir el permiso paterno para practicarle el aborto.

Y yo pregunto, y si la familia católica lo niega, ¿qué se hace? La víctima deseosa de no ser sacrificada, ¿a quién recurre para ejercitar su derecho a no ser tratada como un hembra animal reproductora? El proyecto no contempla –este término en el lenguaje jurídico siempre me ha parecido muy adecuado, veo tanto a los legisladores como a la Justicia y a sus ejecutores contemplando impávidos las desgracias de sus justiciables- este supuesto. Para la ministra de Igualdad no existe esa posibilidad. Y preveo la desgracia de tantas menores de 16 años, abusadas y violadas por parientes varones que son los primeros en la estadística, obligadas a gestar y parir sin que nadie acuda en su ayuda. Y que ni siquiera irán a engrosar la estadística, porque no se enterará nadie, y en el improbable caso de que pudiera escaparse con la ayuda de una amiga y acudir a un médico o centro ginecológico le exigirían la compañía y el permiso del padre, del que estará huyendo. Es la cantera para los abortos clandestinos con sus consecuencias médicas y legales.

Estas reflexiones se me han gastado en la mente y en la boca, a base de repetirlas durante decenas de años, en los actos públicos, en los medios de comunicación, en los debates con la derecha tridentina y la socialdemocracia hipócrita. En realidad, han caducado, como los espárragos envasados, avinagrados y cubiertos de moho. Y así habremos de tragárnoslos, bajo la catarata de elogios y enhorabuenas con que los están cubriendo la ilustre ministra y su corte de indocumentadas y aduladoras consejeras y la pléyade de socialistas que en cuarenta años de gobiernos y oposición nunca han razonado de esta manera.

El segundo tema que dice Montero haber resuelto con todo éxito es el de que el aborto se practique fundamentalmente por la sanidad pública. Porque, y lo reconoce, en los 37 años en que está vigente la posibilidad legal de interrumpir un embarazo no deseado el 95% de las intervenciones se practican en las clínicas privadas. Y ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, ha intentado revertir esta situación que significa el caudal de ingresos más importante de las clínicas privadas. Y así funciona el PSOE, porque, además de beneficiar a las empresas, que siempre interesa, ellos mismos, diputados, médicos, feministas y otros aprovechados llevan beneficiándose de la angustia y la falta de apoyo estatal de las mujeres durante casi cuatro décadas. Con la indignidad de que en determinadas Comunidades no se ha practicado nunca ninguna intervención en la sanidad pública, como Murcia y Navarra.

Ahora dice Irene que esa situación se va a revertir. Pero, naturalmente, respetando el derecho a la objeción de conciencia que alegan los médicos y los departamentos de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos, para negarse a cumplir con su obligación de atender a la paciente que les requiere. ¿Y cómo lo conseguirá después de que desde la aprobación de la ley de 1983 nunca se haya logrado? ¿Se obligará por la fuerza a los médicos a practicar el aborto o seguirán derivando a la paciente a las clínicas privadas como están haciendo hasta ahora? El primer caso conculca los derechos constitucionales del personal sanitario, el segundo ya lo conocemos. No hay nada nuevo bajo el sol.

Porque la única actuación que resuelve el problema es que se respete la decisión de los sanitarios, como obliga la Constitución, y a aquellos del Departamento de Ginecología que se nieguen a practicar abortos se les aparte del servicio, porque no cumplen con su obligación. Sería impensable que un médico de confesión Testigos de Jehová que se niegue a realizar transfusiones de sangre estuviese precisamente en ese servicio. Para los católicos esta postura resulta ridícula, pero consideran que la devoción por los embriones que muestran los médicos antiabortistas es más defendible que permitir a las mujeres decidir su maternidad.    

Este dilema no se resuelve en la ley y ni se le plantea a la ministra, ni a sus seguidoras. Todas, una y otras están celebrando como gran éxito este anteproyecto que se unirá a la serie de fracasos que suman el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y volveremos a contar niñas y adolescentes violadas y obligadas a ser madres contra su voluntad, o se llenarán las arcas de médicos poco escrupulosos con la ley.

Lo más incomprensibles es que ni las voces más autorizadas del Partido Socialista ni las dirigentes del Movimiento Feminista hagan comentario alguno sobre los temas que he analizado. Permanecen en absoluto silencio o aprueban el proyecto con aduladora devoción, que siempre tiene rédito. 

* En La casa de mi tía por gentileza de Lidia Falcón

lidia falcón reseña

 

MANCHETA AGOSTO 22