Medidas políticas (impuesto a la banca, IMV y SMI), que están siendo cuestionadas -por Antonio Aguado, coherente veterano militante socialista *

En principio sonaba muy bien la adopción de esas medidas, pero sus aplicaciones como se ha venido comprobando no han tenido la eficacia debida. El impuesto a los beneficios bancarios, por no tenerse previsto las medidas necesarias que lo pudieran evitar, como era de esperar las entidades bancarias, tienen recursos más que suficientes, para hacer recaer en sus clientes o impositores, los impuestos que en ese sentido se les aplique.

Aún así, recientemente se ha dado a conocer los resultados obtenidos, durante el año pasado, comprobándose que, las seis corporaciones bancarias más importantes del país, todavía con los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania, incrementaron sus beneficios en 20.850 millones de euros el 28% superior al del ejercicio anterior 2021. 

El IMV (Ingreso Mínimo Vital), aprobado en junio de 2020 y que iba dirigido a 850.000 familias o 2.250.000 personas, que están por debajo del umbral de la pobreza. Debido a la absurda y nefasta burocracia establecida para poder ser reclamado, se ha venido percibiendo “a cuenta gotas” por las personas, que podían acogerse al mismo y aún así, hasta final del año pasado sólo lo percibían 509.574 hogares o 1.400.000 personas. 

En relación con el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), el incremento a través de los gobiernos de Pedro Sánchez, ha sido bastante significativo, concretamente del 46%,  pasando en tan solo cinco años desde 2018 de los 736 euros que lo dejó el gobierno de Rajoy que, en siete años lo incremento tan solo el 14%, hasta los 1.080 euros en la actualidad equiparándose como lo estipula la Unión Europea con el salario medio. 

Afectando al SMI están las horas extras, que realizan el 78 % de los trabajadores, pero sólo las perciben el 49%. O sea, se vienen realizando mensualmente 13 millones de horas extras que no se pagan. En este caso ocurre que no se tuvo previsto las arbitrariedades de muchos empresarios desaprensivos, que coaccionan a sus empleados para que sin remuneración extra ni nada a cambio, trabajen horas de más, de lo contrario, se arriesgan a ser despedidos o no renovarles sus contratos, lo que significa ponerles en un serio riesgo social en caso de perder su puesto de trabajo. 

Estas tres medidas que en teoría tendría que producirle respaldo electoral al gobierno de Pedro Sánchez (seguro que ningún gobierno de derecha las adoptaría), por el contrario y debido a que van dirigidas a los más desfavorecidos y vulnerables, como consecuencia de las muchas decepciones, frustraciones e indignación causadas en el camino, puede ser caldo de cultivo para la derecha extrema del PP y extrema derecha de Vox, con lenguaje populista incluido.

En cuyo caso serán estas dos organizaciones políticas las que, rentabilicen electoralmente esos estados de ánimo de las personas humildes, como se comprobó en las elecciones autonómicas del 4 de abril del pasado año para la Comunidad Autónoma de Madrid, en las que el triunfo de Isabel Díaz Ayuso fue bastante considerable en barrios de ese extracto social. Si de verdad Pedro Sánchez, quiere granjearse el respaldo electoral de la mayoría social de la población española, al respecto, tiene que adoptar medidas correctoras con las que ésta se identifique y debe ser con más libertad y justicia social, bien aplicadas con agilidad y eficacia.   

En el caso de la banca, si se le ponen impuestos por los tantos beneficios que viene obteniendo, aplicar medidas que eviten revertir esos impuestos a los clientes o impositores. Impedirle sigan despidiendo empleados en detrimento de los servicios que deben prestar. En ese sentido, las 600.000 firmas recogidas por el doctor Carlos San Juan en su campaña: “soy mayor, pero no idiota”, no han surtido el efecto deseado. 

Aunque Rajoy de forma grandilocuente expuso que se iba a recuperar, ¿el Estado da por perdido los 60.000 millones empleados en rescatar las cajas de ahorros que, al final en gran medida han ido a parar a la banca privada, siendo el caso más evidente el de Bankia, absorbida por La Caixa?. 

Para evitar las arbitrariedades y extorsiones de la banca privada, la solución es la creación de una banca pública. Seguro que sería muy ampliamente respaldada por la gran mayoría de la población. Lo mismo ocurriría con una empresa energética pública.

En lo que respecta al IMV y SMI, siendo estas medidas razonables y justas, se hace necesario adoptar las correcciones oportunas. En el caso del Ingreso Mínimo Vital, agilizando los trámites burocráticos para que puedan acceder a su prestación quienes tengan derecho al mismo y a quienes lo vienen percibiendo, pero con retraso por cuestiones burocráticas, se les dé una paga extraordinaria con carácter retroactivo que cubra el tiempo perdido.  

De adoptarse estas medidas correctoras, antes de las próximas elecciones generales (lo ideal, seria incluso implementarlas antes de las autonómicas y municipales), con toda seguridad, el respaldo mayoritario al gobierno podría ser una realidad. De lo contrario, se lo estaremos poniendo más fácil a la derecha extrema del PP y extrema derecha de Vox, con sus discursos populistas atrayendo a gran cantidad de personas decepcionadas e indignadas que, por sus situaciones económicas y sociales, tienen tantas carencias para acceder a bienes y servicios esenciales. Nos jugamos mucho, un nuevo modelo de Estado reaccionario e irrespirable si logran configurar gobierno. En consecuencia y para evitarlo, no se puede ir con “paños calientes o medias tintas”. 

* Gracias a Antonio Aguado Suárez