Solo con el trabajo institucional, por muy bien que este se ejecute, no es posible doblegar la voluntad política de la clase dominante y lograr la derogación completa de las reformas laborales de 2010 y 2012, ni tampoco la derogación parcial de la reforma laboral del Partido Popular.

Pronto se cumplirán dos años del acuerdo de coalición firmado por el PSOE y Unidas Podemos en el que se incluían dos compromisos cruciales que hasta el momento no se han cumplimentado: las derogaciones de la ley mordaza y de la reforma laboral del Partido Popular.

Esta última es hoy de máxima actualidad. El acuerdo de coalición indica que: «derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012.». Y añade que el ejecutivo derogará «las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo»,  «la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales», la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores «sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa» y la limitación de «la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa».

Poco tiempo más tarde, este importante compromiso del pacto de coalición comenzó a sufrir un proceso de devaluación paulatina. Se empezó por decir, tanto por el PSOE como por UP, que la derogación de la reforma laboral del 2012 afectaría solo a los aspectos más lesivos para los trabajadores. Luego, en lugar de hablar de una derogación parcial, se proponía la necesidad de una nueva reforma laboral, desapareciendo literalmente la obligación de derogar la reforma laboral del PP, pero manteniendo la del PSOE de 2010. Un cambio, por cierto, que fue aceptado de forma expresa por el grupo dirigente del PCE -organización en la que milita Yolanda Díaz- que en su sesión XV del Pleno del Comité Central apuntaba la conveniencia de «acelerar la reforma laboral», y la reivindicación de  la  «puesta en marcha de una reforma laboral». 

Últimamente, el PSOE lo que plantea es la modernización o la europeización del mercado de trabajo, pero con consenso social, es decir, con el visto bueno de la patronal de la CEOE y, además, con el asentimiento de Bruselas. Este vocablo de modernización ya lo encontramos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno remitió a la Unión Europea en el que podemos leer: «El objetivo… es avanzar precisamente hacia un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, con reformas para modernizar las políticas activas de empleo, la negociación colectiva, reforzar el reskilling y upskilling de trabajadores y promover el empleo juvenil.» 

La reforma laboral no debe debilitar el dinamismo del sistema español y de las empresas, ha dicho recientemente el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, para añadir, finalmente, que la Comisión Europea evaluará el producto final.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el reciente Congreso de CCOO, ha expuesto, por el contrario, que la derogación de la reforma laboral del PP es una decisión inalterable y que se llevará a cabo este año a pesar de todas las resistencias.

Para empezar, hay que resaltar que la reforma laboral del PSOE de 2010 queda indemne. Es decir, el Gobierno de coalición, Unidas Podemos, el PSOE y la misma ministra de Trabajo, dan validez a las medidas del PSOE de entonces, tales como las mayores facilidades para los despidos objetivos y en los casos de absentismo, las reducciones de jornada laboral y la suspensión de la vigencia de los convenios colectivos por causas económicas, entre otras.

La derogación de la reforma laboral queda así restringida –derogación parcial- a cuestiones que, como las anteriores, son también de indudable trascendencia práctica: la rehabilitación de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, el control de la subcontratación, la limitación de la contratación temporal, la promoción de los contratos de formación y la necesidad de limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones laborales del contrato por parte de la empresa con revisión de los llamados descuelgues de los convenios colectivos.

No obstante, en la negociación actual, han quedado excluidas cuestiones muy importantes de la reforma laboral del Partido Popular, tales como la reducción de las indemnizaciones por despido, la supresión de los salarios de tramitación y la exclusión de las autorizaciones administrativas en los ERES y en los ERTES.

En lo referente a la ley mordaza – Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo-, el acuerdo de coalición recoge en su punto 5.6 el compromiso del ejecutivo de promulgar «una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la Ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica», así como «la derogación del artículo 315.3 del Código Penal». En este último asunto, el gobierno de coalición sí ha derogado este precepto penal – Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril- que sancionaba a los integrantes de piquetes de huelga con prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. Sin embargo, la legislación penal vigente permite considerar como delito genérico de coacciones la participación en tales piquetes por la vía del artículo 172 apartado primero del Código Penal, aunque con penas más reducidas, texto que no ha sido modificado.

La ley mordaza hasta el momento no ha sido derogada. En la actualidad se tramita en sede parlamentaria la reforma –no la derogación- de esta ley  planteada por segunda vez por el PNV. La proposición de Ley, que plantea la modificación de 44 preceptos de la norma, tiene como objetivo principal «proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas», según han expuesto los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Se encuentra en discusión desde el año 2017, actualmente bloqueada por la Mesa del Congreso desde hace más de nueve meses en el trámite parlamentario de proposición de enmiendas.

Dicho esto, la cuestión es: ¿son posibles las derogaciones de las reformas laborales del 2010 y 2012? ¿Se podría lograr, al menos, la derogación parcial de la reforma laboral del PP y la de la ley mordaza?

La patronal CEOE ya ha manifestado que su objetivo es mejorar la reforma laboral del PP, es decir, degradar aún más las condiciones de trabajo de los asalariados. En todo caso, podría aceptar la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa en concretos aspectos del contrato de trabajo, pero en absoluto está dispuesta a transigir en lo relativo a la caducidad de los convenios colectivos, ni a retroceder en la flexibilidad actual en materia de ordenación y condiciones de trabajo de las plantillas.

Por su parte, el PSOE expone la necesidad de que la nueva reforma laboral lo sea por consenso, otorgando de este modo en las negociaciones el derecho de veto a la patronal. Incluso, en fecha muy reciente, aclara que lo importante no es derogar o no la reforma laboral del PP, sino crear un nuevo marco laboral para la próxima década. El comisario europeo de Economía indica, como ya hemos señalado, que el producto final se evaluará antes de entregar fondos al Gobierno. 

En esta compleja y difícil tesitura ¿solo con la actividad institucional puede lograr Unidas Podemos la derogación, siquiera parcial, de la reforma laboral del PP y la de la ley mordaza?

Por mucha habilidad política, inteligencia y firmeza que dispongan los representantes de Unidas Podemos en las negociaciones en curso, que son expresivas de un episodio de lucha de clases, lo previsible es que una negociación sin movilización no alcance ni una cosa ni la otra. Y si algo se lograra sería tan poco que contribuiría a generar desconfianza entre los sectores sociales que en su día otorgaron el voto a Unidas Podemos. Un voto que entregaron para que sus intereses más apremiantes fueran defendidos firmemente y no ignorados. 

El problema es que desde el pacto de coalición de diciembre de 2019, salvando los periodos de confinamiento obligados, los pobrísimos resultados obtenidos por Unidas Podemos en beneficio de los trabajadores y las capas populares han sido la consecuencia predecible de su falta de voluntad política para promover una amplia movilización social y política. Las ataduras a un gobierno neoliberal se lo han impedido y los perjudicados por la actual crisis económica y social han quedado huérfanos de una verdadera y eficaz representación en las instituciones y fuera de estas.

Pese a ello, es de resaltar un reciente auge en las movilizaciones obreras y populares, como ha quedado constancia en la última manifestación de pensionistas en Madrid que congregó a más de 25.000 personas, en la que, por cierto, no estuvieron presentes las direcciones de las organizaciones políticas que integran Unidas Podemos. Yolanda Díaz, abanderada hoy de una plataforma que quiere escuchar a la sociedad civil, tampoco acudió a la Puerta del Sol para tomar nota de las reclamaciones de los pensionistas en defensa de un sistema público de pensiones.

Solo con el trabajo institucional, en el marco de una democracia burguesa, por muy bien que este se ejecute, no es posible doblegar las imposiciones de la clase dominante y lograr la derogación completa de las reformas laborales de 2010 y 2012. Tampoco la derogación descafeinada de la reforma laboral del Partido Popular. Enfrente tenemos a una clase social organizada, fuerte, dueña de los medios de producción y de los de comunicación y que cuenta, además, con un PSOE como aliado útil.

Lo peor es que por este camino no solo no se alcanzan buenos resultados. Lo más grave es que el espacio social y político que ocupan los trabajadores y las capas populares queda bajo la influencia directa de la derecha, de la extrema derecha y del fascismo. En la lucha de clases, no existen espacios vacíos. Si nos retiramos del movimiento obrero y popular, si no somos capaces de poner las responsabilidades institucionales al servicio de la movilización y la lucha en defensa de los intereses de estos sectores sociales, entonces serán otros quienes vengan a tomar esos lugares.

Habitualmente se oye decir que la salida de Unidas Podemos del Gobierno de coalición facilitaría el acceso al ejecutivo del PP y el avance del fascismo. Por tal motivo se aduce la conveniencia de no confrontar con el gobierno desde la calle y desde los centros de trabajo. 

En primer lugar, la retirada de Unidas Podemos del Gobierno de coalición, pero manteniendo el apoyo parlamentario a las iniciativas legislativas y a las acciones de gobierno que fuesen favorables a los intereses populares, sería suficiente para frenar el acceso al ejecutivo del PP y de Vox. En este caso, si el PSOE desea alargar la legislatura hasta su plazo máximo de cuatro años, tendría que escorar su acción de gobierno hacia las capas populares, limitando el alcance de sus políticas neoliberales.

En segundo lugar, Unidas Podemos, tanto dentro como fuera del Gobierno de coalición, debe trabajar siempre, y desde todas las instancias de representación institucional, en la organización de una amplia movilización popular en la lucha, no ya solo por lograr las derogaciones completas de las reformas laborales del PP y PSOE, sino también para que sean atendidas otras reivindicaciones que afectan a temas tan vitales como la vivienda, el precio de la luz, la sanidad y la educación públicas, el creciente aumento del coste de la vida, el sistema público de pensiones, etc.

Y en tercer lugar, una actividad política que pusiese de verdad las responsabilidades institucionales al servicio de la lucha y la movilización popular, que promoviera el desarrollo de la lucha de clases mediante un fuerte protagonismo popular, constituiría, sin lugar a dudas, el mejor camino para frenar el paso a la derecha y al fascismo en la calle, en los centros de trabajo y también en las urnas.

Negociar sí, por supuesto. Pero desde una amplia movilización obrera y popular que incluya además el ejercicio del derecho a preparar, organizar y desarrollar una huelga general. No a posteriori, para protestar por lo que publique el BOE contrario al acuerdo de coalición, sino durante la negociación, para hacer posible desde la legítima presión la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular.

¿Han conseguido los trabajadores algún derecho o mejora en sus condiciones de trabajo mediante una negociación con la patronal sin organización, sin unidad, sin movilización y sin lucha consecuente? 

* Gracias a Miguel Medina Fernández-Aceytuno, a HOJAS DE DEBATE y a la colaboración de Arturo Borges Álamo