La movilización de Madrid marca el camino - por Arturo Borges Álamo, médico jubilado, militante del Partido Comunista de Canarias (PCC)

Las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid han dado de nuevo una gran lección de lucha, que continúa día a día y semana a semana por la Sanidad Pública.

Con sus concentraciones, acampadas y manifestaciones han hecho recular en más de una ocasión las intenciones de la Consejería de Sanidad con respecto a los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP). Con la movilización masiva del domingo 13 de noviembre, el plan de Ayuso para la destrucción de la atención primaria madrileña debe quedar definitivamente aparcado.

Podrá ser la respuesta generada por el pueblo madrileño, frente a la posición neoliberal más agresiva contra la Sanidad Pública que representa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, todo un ejemplo para enfrentar la deriva sibilina que desde hace más de tres décadas se ha favorecido desde el Ministerio de Sanidad (bajo mandato de la derecha o de la socialdemocracia) que marca la pauta para que desde las distintas Consejerías Autonómicas al aplicar las competencias, se impulsen todo un conjunto de políticas  a favor de los sectores con intereses lucrativos en el terreno sanitario, como mutuas patronales, compañías de seguros privados, corporaciones médicas, patronal de las clínicas privadas además de la industria farmacéutica y la de tecnologías sanitarias.

Sin dudas, para acabar con dicha deriva es objetivo prioritario la derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión y gestión pública de los centros sanitarios financiados públicamente, cerrando el paso a nuevas privatizaciones y favoreciendo la reversión de lo privatizado. Para ello, la movilización de Madrid marca el camino, ya que solo la presión social y política logrará torcerle la mano a los poderosos intereses lucrativos que siguen bloqueando los cambios señalados que debería materializar el Gobierno de coalición PSOE-UP. 

En el Servicio Madrileño de Salud la atención primaria  está formada por 266 centros de salud y 166 consultorios locales. Además este primer nivel asistencial contaba con dos tipos de servicios de urgencias, en las zonas rurales existían 40 Servicios de Atención Rural (SAR), y en la zona metropolitana la atención urgente corría a cargo de los 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).

Durante la pandemia los SUAP se cerraron y trasladaron a su personal para cubrir primero el hospital de campaña de IFEMA, más tarde a diferentes lugares para vacunar de COVID, y por último se les llevó al hospital Zendal. Han pasado más de dos años y medio moviéndolas obligatoriamente de un lugar a otro para tareas que no eran las suyas, por lo que de unos 580 efectivos al final han quedado unos 146, según cifras de los propios trabajadores pues nada se ha publicado.

En el último año con mayor intensidad la movilización ciudadana ha ido en aumento, exigiendo en sus barrios y pueblos que sus centros de salud tuviesen el personal necesario para ser vistos presencialmente, y que los SUAP se abriesen. Esto presionó al gobierno del Partido Popular y a su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la apertura de los mismos. Sin embargo no se hizo como estaban anteriormente a la pandemia, entre otras cosas porque ya no había personal suficiente, y sobre todo porque el gobierno lo quería hacer a su manera. 

El Plan que idearon para la apertura de los SUAP fue que el personal de los SAR cubriesen también los SUAP. Esto implicaba el desmantelamiento de los SAR y sin nuevas contrataciones de profesionales… las cuentas no salían. No se podía cubrir los nuevos 78 Puntos de Atención Continuada (PAC), con el personal de 40 SAR, unos 700 efectivos de los que más de un 15% de médicas y médicos han dimitido, más 146 profesionales que quedaban de los antiguos SUAP.

El pasado día 22 de octubre tuvo lugar en Madrid una manifestación que marcó un punto de inflexión. Fue más numerosa que todas las últimas movilizaciones y confluyeron vecinos y vecinas junto a nutridos cortejos de profesionales de atención primaria. La habían convocado sindicatos, asociaciones vecinales, y fue apoyada por numerosos colectivos y plataformas en defensa de la sanidad pública.

A pesar de este giro en la correlación de fuerzas los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, SATSE y CESIT) firmaron un acuerdo con la Consejería de Sanidad y desconvocaron la huelga. Ni la mayoría de profesionales ni la ciudadanía lo entendíeron. A los pocos días dos sindicatos con menor implantación en la sanidad madrileña: MATS (Movimiento Asambleario de Trabajador@s de la Sanidad) y SummAT (sindicato mayoritario entre trabajadores de las urgencias extrahospitalarias) junto a la plataforma SAR convocaron huelga los días 4, 5 y 6 de noviembre. AMYTS un sindicato médico también convocó desde el día 7 de noviembre de forma indefinida.

A las 48 horas de funcionamiento de los PAC la situación era caótica. La falta de profesionales hacía inviable su apertura, y cuando se ha forzado que estuviesen abiertos, no tenían médicos en un porcentaje entre el 40% y 70%, o falta el personal de enfermería entre un 13% y un 26%. Esto hizo que se sucedieran las dimisiones de altos cargos de la gerencia de atención primaria, y de mandos intermedios responsables de llevar a cabo la apertura de los PAC. Además también los sindicatos firmantes del acuerdo lo rechazaron y denunciaron.

Después de una semana de su puesta en marcha el caos y la conflictividad es bastante alta: la huelga indefinida de médicos en marcha. MATS y SummAT volvieron a convocar para los días 11, 12 y 13. Y para el día 13 se convocó a toda la población, vecinos y vecinas junto a trabajadores y trabajadoras sanitarias a cuatro marchas que confluyeron en el centro de Madrid contra el Plan de Urgencias Extrahospitalarias de Ayuso.

Vecinas y vecinos llegados de toda la Comunidad recorrieron las principales calles madrileñas para encontrarse en Cibeles y allí protagonizar la protesta por la Sanidad Pública más importante de los últimos años.

¡Todo un ejemplo para Canarias!. Madrid marca el camino: el de la más amplia confluencia con el objetivo de imponer transformaciones, que o se producen de modo revolucionario desde la organización y movilización social y política masiva o simplemente se quedan en la superficialidad institucional como es habitual, en un reformismo perfectamente digerible por el sistema sin que se resuelvan de verdad las grandes cuestiones estructurales. Esa debe ser la meta, tanto en Madrid como en Canarias.

* En La casa de mi tía por gentileza de Arturo Borges Álamo