Esta frase de un presidente mexicano es clave en mi programa político, tanto para el Cabildo como para el Parlamento de Canarias. Y también suscribo la del ex presidente uruguayo José Mújica, “a los que le gusta mucho la plata, hay que correrlos de la política”.

No voy a prometer ni a lanzar un programa electoral al uso, porque aquí estamos para una nueva política, para que los ciudadanos tomen la palabra, porque no es suficiente que las administraciones públicas hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo y de eficacia, sino que un buen gobierno en el sector público debe buscar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por la actuación de la administración, y avanzar en la profundización democrática y en un mayor compromiso con la ciudadanía, mejorando el diálogo y la participación de los grupos de interés.

 ¿Cómo conseguir un buen gobierno insular y autonómico?

En primer término, ampliar las exigencias de transparencia sobre las decisiones públicas. Abrir el gobierno a los ciudadanos y las empresas a través de Internet, un gobierno abierto que no sólo proporcione información económica y presupuestaria y de la gestión pública, sino también de las subvenciones y de la contratación pública, y de verificación de en qué se gastan los recursos públicos.

En segundo lugar, urge una estricta aplicación de códigos éticos de conducta. Estos códigos son compromisos que adquieren voluntariamente los responsables públicos para aplicar comportamientos éticos.

En tercer lugar, escuchar las demandas sociales y dar participación a los ciudadanos en la vida política. Las mejores ideas y las mejores soluciones a nuestros principales problemas pueden provenir de los ciudadanos.

Además, en cuarto lugar, es preciso reforzar el control y las sanciones. La labor de control de la gestión de las finanzas públicas debe ser interna, llevada a cabo por la propia administración, y también externa, desarrollada por el Tribunal de Cuentas y los organismos autonómicos e insulares de control externos, siempre desde la plena autonomía e independencia de los poderes políticos.

En todo caso, es preciso reforzar con medios materiales y humanos las fiscalizaciones y la justicia, modificando los procedimientos para conseguir una acción rápida en la detección y castigo de la corrupción. Deben mejorar las leyes para prevenir comportamientos corruptos, por ejemplo aumentando a cuatro años la incompatibilidad de los responsables públicos para ocupar cargos de responsabilidad en empresas privadas.

Y en quinto y último lugar, la rendición de cuentas que, desde la independencia, objetividad y transparencia, debe ir encaminada hacia la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones reflejadas en los programas electorales y, en su caso, en los posibles planes estratégicos de las administraciones públicas.

Aplicar estos principios son claves para este candidato tanto en el Cabildo Insular como en el Parlamento de Canarias, ya que conducen a la apertura real de las instituciones públicas a los ciudadanos, no declaraciones retóricas que luego se quedan en intenciones y que al final no cambian la opacidad y la escasa democratización de unos gobiernos que desde hace más de 30 años gobiernan de cara a los ciudadanos.

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