“El Parlamento de Canarias ha fallado a su gente”

Jacinto Ortega del Rosario

 Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados (SGU).

Mientras miles de trabajadoras y trabajadores canarios pelean cada día por conciliar la vida, por sobrevivir con salarios estancados y por no colapsar ante el agotamiento laboral, el Parlamento de Canarias ha decidido darles la espalda. El reciente rechazo de la propuesta para apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el registro obligatorio de jornada y el derecho a la desconexión digital, es una afrenta directa a la dignidad de la clase trabajadora de estas islas.

Este rechazo, impulsado por los votos de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, AHI y Vox, no es solo una mala decisión política. Es una muestra flagrante de insensibilidad social, sometimiento a los intereses empresariales y desprecio a las luchas sindicales. En pleno siglo XXI, mientras media Europa avanza hacia modelos laborales más humanos y sostenibles, en Canarias se nos niega el derecho a vivir mejor.

¿A qué le tienen miedo?

La excusa de Coalición Canaria y el Partido Popular es que no puede haber avances sin acuerdo con la patronal. ¿Desde cuándo el progreso de los trabajadores depende del permiso de los empresarios? ¿Acaso pedimos permiso para abolir el trabajo infantil, conquistar las vacaciones o establecer el salario mínimo? Los derechos no se negocian, se conquistan.

Vox, en su retórica ya conocida, acusa a esta ley de “populismo laboral” y de castigar al que arriesga. ¿Y qué hay del que madruga todos los días por un sueldo que no alcanza? ¿Del que arriesga su salud física y mental por aguantar turnos interminables?

Los partidos que rechazan esta ley dicen estar preocupados por el impacto económico. Pero lo que en realidad temen es perder el control sobre un modelo laboral obsoleto que vive de exprimir al trabajador.

Las consecuencias del “no”

Este voto negativo tiene un costo humano, no solo político:

Aumentará el estrés y las enfermedades relacionadas con el trabajo, ya críticas en Canarias según múltiples informes.

Dificultará aún más la conciliación familiar, especialmente en sectores feminizados y mal pagados.

Alejará a nuestras islas del futuro laboral europeo, que ya experimenta semanas laborales de 4 días sin pérdida de productividad.

Condenará a las pymes y autónomos a un modelo de competitividad basada en la sobreexplotación, en lugar de la innovación.

Desde el SGU respondemos con firmeza.

Como Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados (SGU), digo claramente: no aceptamos este portazo. Los trabajadores no pueden seguir siendo los últimos en la fila cada vez que se habla de progreso.

Exigimos:

1. La reapertura del debate en el Parlamento, con voz y voto sindical.

2. Un calendario de implementación realista, acompañado de incentivos para las pymes.

3. Una campaña informativa y legal para que todos los trabajadores conozcan sus derechos actuales y los que se nos están negando.

4. Que cada diputado que votó en contra, dé la cara en los centros de trabajo y explique su voto a quienes sostienen esta tierra con su esfuerzo.

No pedimos privilegios, pedimos justicia.

La reducción de la jornada no es un lujo, es una necesidad. La desconexión digital no es un capricho, es una frontera entre la vida y el trabajo. El registro horario no es una molestia, es una herramienta contra el fraude laboral.

Canarias no puede avanzar mientras su clase trabajadora retrocede. Desde el SGU, seguiremos organizados, movilizados y decididos a conquistar cada derecho que nos corresponde. Porque sin justicia laboral, no hay democracia real.