Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo han resultado un desastre para el Gobierno de Coalición Progresista (GCP). Las fuerzas políticas en el representadas han perdido 6 gobiernos autonómicos, los ayuntamientos de Valencia, Sevilla y Zaragoza, con una merma muy considerable de su poder territorial. Barcelona está en juego entre un posible, pero difícil, tripartito de izquierdas, o un bipartito independentista. La reacción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido inmediata y ha adelantado la convocatoria de las elecciones generales del 10 de diciembre al 23 de julio. La creciente polarización se convierte en un pulso todo o nada en el que el principal objetivo de las izquierdas es evitar un gobierno de la derecha extrema y de la extrema derecha PP-Vox.

Breve balance del 28 M

El PP ha obtenido más votos que en 2019 (31,5% por 22,6%), pero el PSOE no ha perdido muchos (28,1% por 29,4%, unos 400.000 votos). Vox dobla (7,2% por 3,6%). Las izquierdas han perdido votos porque no han logrado movilizar a los votantes, aunque la abstención no lo explique todo. Se han mostrado divididas y en algunos casos enfrentadas abiertamente en el espacio a la izquierda del PSOE. Por lo que respecta al principal partido del GCP, hay un sector minoritario de sus dirigentes y de su electorado que critica abiertamente su política de alianzas, comprando el discurso de las derechas, o las políticas de igualdad impulsadas por Podemos.

Por su parte, las derechas han liquidado a un competidor, Ciudadanos. Este hecho ha facilitado concentrar el voto, ya que en muchos casos el crecimiento del PP es básicamente lo que pierde C’s. En Aragón, el PP gana 94.554 votos y Vox, 33.000; C’s pierde 102.135. En Valencia, C’s pierde 430.245 y el crecimiento del PP y Vox ni siquiera recupera esos votos (358.640 y 23.938). Incluso en la Comunidad de Madrid, el PP obtiene mayoría absoluta y porcentaje de votos superiores por la abstención, pero todas las derechas pierden votos. Ayuso se deja 33.228; C’s, 76.822 y Vox 85.445. En total pierden 195.495 votos, que las izquierdas no logran recuperar por la división y por quedarse fuera Unidas Podemos al no llegar al 5% (158.831 votos).

En Cataluña, con una participación 8 puntos inferior a la media estatal, el PSC (23,4%) se convierte en el partido más votado en las municipales, aunque las tres fuerzas independentistas sumarían el 39,6% (Junts 18,1%, ERC 17,1%, CUP 4,4%), una caída conjunta de 5 puntos que absorbe prácticamente ERC. Vox gana casi 4 puntos, repartiéndose a partes iguales con el PP (8,1%) los restos de Ciudadanos. Los Comunes se mantienen prácticamente igual (8,7%), con la mitad de sus votos concentrados en Barcelona, pero pasa de ser la primera a la tercera fuerza.

En Euskadi, con una abstención de cinco puntos más (39,89%), EH Bildu consigue 119 concejales más (1.050, el 29,21%) frente a un PNV que pierde 79 (981, 31,69%) y su socio PSE-EE que también pierde 17 (207, 16,2%). El PP gana también 16 concejales (71, 8,35%). La confluencia alrededor de Podemos pasa de 65 a 46 concejales (5,745). En Navarra, EH Bildu gana 25 concejales (345, 21,34%), situándose como el segundo partido más votado detrás de Unión del Pueblo Navarro (246, 25,27%). El PSN-PSOE pierde 6 concejales (227, 15,7%).

En Galicia, el PP es la fuerza más votada, aunque se le siguen resistiendo las grandes ciudades (excepto Ferrol) y avanza el BNG sumando 134 concejales más, con la casi desaparición de las Mareas. El bloque de izquierdas sigue siendo mayoritario, 669.053 votos por 554.112 votos el PP. Vox sigue sin tener representación.

El visible desastre no debe ocultar que en Cataluña las izquierdas superan por unos 500.000 votos a las derechas; que en Euskadi ganan también por más de 100.000 votos, que hay un empate en la Comunidad Valenciana, mientras que en Madrid la derecha se impone por más de 500.000 votos y en Andalucía por 140.000.

Proyecciones cara al 23 J

A la espera de las primeras encuestas tras la convocatoria de elecciones (El País anuncia una este lunes), que probablemente recojan el ambiente de desmovilización y desconcierto de las izquierdas tras el 28 M, disponemos al menos de las proyecciones realizadas con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Dado que la tasa de participación en las segundas elecciones generales de 2019 fue de 68,23% (una caída de 3,5 puntos de las primeras, el 71,8%) y en estas elecciones municipales y autonómicas ha sido del 63,9%, con una caída de -1,29% de las últimas), cabría esperar un hipotético aumento tendencial de entre 3 y 5 puntos de participación el 23 J en el caso de una movilización de los electorados de las izquierdas, sobre todo de concentrarse el voto de la izquierda del PSOE en Sumar.

Por utilizar solo dos de estas proyecciones, la de El País y la de El Mundo, con líneas editoriales a favor de uno u otro bloque, ambas coinciden en que el PP sería el partido más votado y con mayor crecimiento de escaños (143-139) y podría con Vox (15-17) alcanzar los 158-156 escaños, por lo que necesitaría añadir a su bloque parlamentario, para alcanzar la mayoría de 176 votos, otros 18-20 diputados. Pero la suma de potenciales aliados (CC, UPN, PRC…) no alcanzaría en el mejor de los casos la mitad de los mismos.

Por su parte, el bloque progresista podría contar con 122-120 escaños del PSOE, con 20-14 de la izquierda agrupada en Sumar, es decir 136-140 votos. Pero de repetirse la mayoría parlamentaria actual, podría añadir en la moción de investidura entre 33-24 votos más, lo que le acercaría a la mayoría parlamentaria más que el bloque de las derechas extremas.

Sin embargo, El Mundo introduce un escenario adicional en su proyección. Que el resultado de las elecciones del 23 J en Andalucía sea más similar a las elecciones autonómicas de 2022 que a las municipales de 2023. Ello supondría 7 escaños más para el PP y 7 escaños menos para el PSOE. No sería suficiente para permitir a Feijoo formar gobierno, por lo que la proyección de El Mundo aplica la misma lógica a Castilla-La Mancha y Castilla-León, hasta que el bloque de las derechas extremas alcanza la mayoría parlamentaria virtual. Kiko Llaneras, para El Pais, también hace sus propias proyecciones con un modelo más sofisticado.

Más allá del proceso adivinatorio que implican estas proyecciones, lo que ponen de manifiesto es que las elecciones del 23 de julio están lejos de haberse decidido. Que el equilibrio en la correlación de fuerzas electoral desde 2015 hasta 2019 osciló alrededor de 10 escaños y que habrá una presión enorme a favor del voto útil entorno al PP y el PSOE. En el bloque progresista y teniendo en cuenta la estabilidad del número de los escaños de los partidos vascos, catalanes y gallegos, la movilización autónoma de la izquierda del PSOE dependerá de la credibilidad electoral y programática del proceso de confluencia que quiere ser Sumar.

Pero si el PP es el partido más votado el 23 J, será llamado a formar gobierno y Feijoo deberá presentarse a una moción de investidura. De no obtener los 176 votos de apoyo, le corresponderá al PSOE intentarlo. Y el efecto político de la incapacidad de Feijoo para establecer las alianzas necesarias puede favorecer las negociaciones del bloque progresista, aunque con un aumento de las tensiones que hoy alientan la polarización y la reaparición de los llamamientos de sectores del PP y del PSOE a un gobierno bipartidista.

Balances y responsabilidades

El sociólogo Robert K. Merton definió una “profecía auto-cumplida” como “una definición ‘falsa’ de la situación, que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva ‘verdadera’”. No otra cosa ha sido la política de mal menor que ha ido justificando la asunción de los límites impuestos por el régimen del 78, el consenso de Bruselas y la concepción geopolítica de la OTAN. Una y otra vez hemos echado mano de Gramsci para definirla: “Todo mal mayor se hace menor en relación con otro que es aún mayor, y así hasta el infinito. No se trata, pues, de otra cosa que de la forma que asume el proceso de adaptación a un movimiento regresivo, cuya evolución está dirigida por una fuerza eficiente, mientras que la fuerza antitética está resuelta a capitular progresivamente, a trechos cortos, y no de golpe, lo que contribuiría, por efecto psicológico condensado, a dar a luz a una fuerza contracorriente activa o, si ésta ya existiese, a reforzarla”.

En el balance de responsabilidades que corresponde a los distintos componentes del GCP, que inevitablemente se debate estos días, Pablo Iglesias las hace recaer en la incapacidad del PSOE para sumir la batalla cultural e ideológica contra la derecha, que habría conseguido imponer su narrativa, ahogando el debate municipalista y autonómico. Una marea reaccionaria españolista contra la “ilegitimidad” de un gobierno que ha conseguido legislar sus políticas progresistas gracias al apoyo de un bloque parlamentario que agrupa a socialdemócratas, eurocomunistas, izquierdas independentistas vascas y catalanas y al veterano y ambidiestro PNV. Por coherencia, esa “ilegitimidad” se extendería a las 214 leyes y tres presupuestos anuales aprobados, exigiendo como expiación “derogar el sanchismo”. Es decir, las derechas extremas conceptualizan y demonizan la acción del GCP como un todo más o menos coherente al que acusa de querer “romper España” o, lo que es lo mismo, sus intereses de clase dominante.

La coherencia de esta narrativa de las derechas extremas, por su parte, contradice la realidad de los límites políticos aceptados. Una vez más: régimen del 78, consenso de Bruselas, OTAN. Revela no el mínimo traspaso de estos límites por el GCP como la lectura reaccionaria que hacen de ellos para apelar a la defensa de sus intereses. Lo que explica la campaña permanente del PP ante la Comisión y el Parlamento europeos contra el GCP, que no ha tenido hasta el momento mayor éxito, a pesar o quizás por, la marea reaccionaria a la que ya tiene que hacer frente la UE, y que ha reforzado ante todo la hegemonía geopolítica de EEUU en Europa.

No parece, por tanto, que esta sea una explicación suficientemente convincente. Si sitúa el foco de las responsabilidades más allá de Unidas Podemos, a pesar de reconocer la profundidad de su descalabro electoral. Es decir, más allá de la justificación estratégica de entrar y no de apoyar críticamente desde fuera a un gobierno del PSOE, la salida del gobierno del propio Pablo Iglesias, la designación de cargos y responsabilidades entre los que se quedaban y la confrontación con las fuerzas del mismo espacio político que ha dificultado hasta ahora la constitución de Sumar.

Una explicación más satisfactoria es la de Ignacio Sánchez-Cuenca, asesor de Yolanda Díaz, aunque tiene muchos elementos de auto-profecía del mal menor (como ha señalado Miguel Mora). El cambio de ciclo político habría tenido lugar en realidad en 2018, a pesar del éxito de la moción de censura contra Rajoy. En diciembre de aquel año, el PSOE perdía la Junta de Andalucía y Vox alcanzaba el 15%, iniciando la polarización de bloques que ha llevado a la actual situación. El 15 M agotaba su capacidad movilizadora en la integración de Podemos en el GCP y el procés catalán, agotado y reprimido, reavivaba un nacionalismo español reaccionario sobre los rescoldos vivos de la lucha contra ETA. En esta degradación constante de la correlación de fuerzas, el GCP ha rentabilizado considerablemente los resortes reformistas de los que disponía frente a la policrisis, en gran medida gracias al cambio de orientación en el Consenso de Bruselas al que ha contribuido señaladamente. Es este legado el que hay que defender. Y mediante la polarización y la movilización de las izquierdas concretar alrededor del PSOE y Sumar un nuevo bloque parlamentario plural de 176 diputados.

PSOE

Hasta que punto ha calado el discurso de la derecha en sectores del viejo aparato ‘felipista’ del PSOE lo refleja un artículo de Alfonso Guerra, “El embrollo electoral”. Tras lamentar la derrota de “buenos candidatos” socialistas, atribuye toda la responsabilidad a Pedro Sánchez por “abandonar el socialismo liberal que había impregnado la acción del PSOE durante 140 años para substituirlo por una alianza de radicales, populistas, independentistas y herederos del terror significaba un cambio brutal en la tradición y el pensamiento del PSOE”. El problema es la desconfianza que provoca el “sanchismo”. Implícito en él está el rechazo del bipartidismo que provocó el golpe de mano interno en el PSOE y la posterior recuperación de la secretaria general del PSOE frente a los candidatos que entonces ofrecían “confianza”.

Con el peligro de esta quinta-columna en el PSOE, de erosión continua en los siete meses que quedarían de legislatura del GCP por los ataques de una derecha movilizada, pero también de unas diferencias entre los socios de gobierno cada vez más patentes en la tramitación de los 19 proyectos legislativos pendientes, Pedro Sánchez decidió en doce horas la convocatoria adelantada de las elecciones generales el 23 J. Su anuncio televisado desde Moncloa fue seguido de una explicación más detallada ante los diputados y senadores socialistas el 31 de mayo, que constituirán las líneas de campaña del PSOE para el 23 J.

Pedro Sánchez asumió la derrota de los candidatos socialistas el 28 M en primera persona. Hizo un balance pormenorizado de los avances sociales y democráticos de la legislatura, en medio de las crisis del Covid y del coste de la vida, de la “solución ibérica” para los precios de la energía. Todos esos avances, que la derecha llama “sanchismo” serían derogados por una derecha extrema y una extrema derecha trumpistas, enfangada en una campaña de “noticias falsas”, entre ellas el inminente pucherazo electoral que prepararía Sánchez con el adelanto electoral que, por otra parte, han venido reclamando desde antes de la moción de censura de Vox-Tamames. Con la convocatoria del 23 J, Sáchez quiere convertir la derrota del 28 M en “un punto de partida, no un punto de llegada”: movilizar a unas izquierdas paralizadas por los efectos de la crisis, hacerlas responsables de su propio futuro y frenar la ola reaccionaria que recorre Europa en España.

El tono épico del envite, el llamamiento explícito a la defensa de los intereses de clase, simbolizados en los fundadores del PSOE, chocará sin embargo con el balance real del GCP: un progresismo arbitrista entre las clases, que ha respetado los límites impuestos por el régimen del 78, el consenso de Bruselas y la geopolítica de la OTAN. Incluso los “escudos sociales” levantados apoyándose en las ayudas europeas, lejos de ser ese absurdo de una “nacionalización de los salarios”, ha sido ante todo una política condicionada de pobres reales o potenciales, que no ha alcanzado por incapacidad administrativa a la mitad de los sectores de población a los que estaban destinados.

Por eso los programas electorales tienen en la actual coyuntura una credibilidad relativa. Lo que pesa es la experiencia acumulada de los efectos de la gestión progresista de la policrisis en un marco de reflujo y desmovilización de las izquierdas sociales. De unos aparatos políticos de izquierdas cooptados por el funcionamiento de un aparato de estado con importantes bloqueos internos, burocratizado, que han ido adaptándose a las políticas del mal menor, dejando para otro ciclo las reformas estructurales que exige la larga agonía del régimen del 78. El acto final de este desencuentro, la imposibilidad de reagrupar el espacio a la izquierda del PSOE para las elecciones municipales y convertirlo en una negociación de pequeños aparatos sobre la base de sus derrotas hasta el último día del plazo legal para la inscripción de Sumar, es quizás el ejemplo más descarnado de todo lo anterior.

Derrotar a PP y Vox

Los contornos del choque de intereses de clase que tendrá lugar el 23 J están dados. En las escasas 8 semanas que restan es esencial explicar de la manera más sencilla y simple a lo que nos enfrentamos en el reino de España: si ganan y forman gobierno el PP y Vox derogaran no el “sanchismo”, sino las esperanzas mismas de una movilización democrática de las clases trabajadoras para defenderse de las nuevas políticas de austeridad y ajuste fiscal que la Comisión europea -apoyada con entusiasmo por el Banco de España- quieren imponer a partir de los presupuestos de 2024. Un gobierno PP-VOX sería un desastre para las libertades, las mujeres, las clases populares, los inmigrantes, los derechos sexuales de las minorías, las naciones históricas…La restauración reaccionaria de los intereses de las clases dominantes, apoyándose en las características más antidemocráticas del régimen del 78, acentuarán la desigualdad, el centralismo y el capitalismo de amiguetes. Para mantener las esperanzas abiertas de un nuevo ciclo de movilizaciones sociales progresistas, la primera condición imprescindible es la derrota electoral del PP y Vox.

A contribuir a ella llamamos a todos nuestros lectores.

* Gracias a Daniel Raventós, Gustavo Buster, Miguel Salas, a SIN PERMISO y a la colaboración de Francisco Morote, de Attac Canarias

https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-derrotar-al-pp-y-a-vox-en-las-elecciones-del-23-j