República y Canarias: un futuro común desde una perspectiva progresista  

Antonella Aliotti

Feminista Radical y Antirracista

Defensora de la Casa Común

Activista de DDHH y Sociales

¿Por qué España necesita una República? Una mirada desde la izquierda y desde Canarias

En un momento de desgaste institucional, escándalos reales y desconexión entre la ciudadanía y sus representantes, la pregunta sobre la forma de Estado vuelve a cobrar fuerza: ¿debe España seguir siendo una monarquía o ha llegado la hora de abrir el camino hacia una república? Para una parte significativa de la izquierda, esta no es una cuestión simbólica ni anecdótica, sino un debate urgente que toca la raíz misma del proyecto democrático. La monarquía no es neutral: defiende intereses concretos, y muchos de ellos chocan frontalmente con los valores de justicia social, transparencia y soberanía popular.

La actual monarquía parlamentaria no es fruto de un pacto libre entre ciudadanos, sino una herencia directa del franquismo. Juan Carlos I fue designado por el dictador como su sucesor, y la Constitución de 1978, si bien supuso avances democráticos, blindó la figura del rey sin ofrecer a la población una alternativa real. Desde entonces, en más de cuatro décadas, la ciudadanía no ha tenido ocasión de decidir entre monarquía o república. Ese referéndum sigue pendiente, y negarlo es negar un principio básico de cualquier democracia madura: la capacidad del pueblo para elegir su forma de gobierno.

Desde la izquierda, la república no se concibe como una simple sustitución del jefe del Estado, sino como una oportunidad para construir un modelo más justo, igualitario y participativo. Una república debería apostar por la redistribución de la riqueza, los derechos sociales, la sostenibilidad, la cultura crítica y el respeto a la diversidad territorial y cultural. Significaría también acabar con los privilegios hereditarios, la impunidad y las redes clientelares que hoy siguen vivas bajo la protección de la Casa Real.

Uno de los puntos más graves del actual reinado ha sido el cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental, ejecutado por el Gobierno sin debate público ni control parlamentario, y respaldado por el rey Felipe VI de forma tácita pero efectiva. Esta cesión a las demandas de Marruecos ha traicionado los compromisos históricos y jurídicos de España con el pueblo saharaui, y ha generado tensión en territorios como Canarias, que siente de cerca las consecuencias geoestratégicas de esta sumisión diplomática. Todo ello responde a intereses económicos y alianzas que benefician a las élites político-empresariales —incluida la monarquía— a costa del derecho internacional y del sentir de buena parte de la ciudadanía.

La renuncia del Estado español al derecho internacional en el caso del Sáhara Occidental no solo supone una traición histórica al pueblo saharaui, sino también una amenaza directa para Canarias. El sometimiento diplomático ante Marruecos deja en evidencia que las decisiones sobre nuestro entorno geoestratégico no se toman desde los intereses de las islas, sino desde los despachos de Madrid y de la Moncloa con sus intereses monárquicos con Marruecos, y en función de los beneficios de terceros. Desde esta realidad, se hace urgente reivindicar a Canarias como archipiélago de Estado, con poder soberano sobre su espacio aéreo, sus aguas y sus recursos. La República debería ser la oportunidad de avanzar hacia una autonomía real, capaz de garantizar que nuestras decisiones no sigan siendo moneda de cambio en pactos que ignoran nuestra voluntad y nuestra posición geográfica única.

Desde Canarias, la república se vislumbra, entonces, como una posibilidad de reorganizar el Estado desde la equidad y la participación. Una república federal, confederal o plurinacional permitiría a las islas tener mayor control sobre sus recursos, definir sus políticas de desarrollo, defender su territorio frente al extractivismo y establecer vínculos solidarios con África y América Latina desde la cooperación y no desde la subordinación. En vez de ser un enclave al servicio de los intereses exteriores, Canarias podría ser un sujeto político con voz propia dentro de un nuevo pacto republicano.

Frente al inmovilismo monárquico, la república representa la posibilidad de construir un país donde todos los cargos públicos —incluido el jefe del Estado— sean elegidos democráticamente y rindan cuentas. Un país donde la justicia no se arrodille ante los apellidos ni la economía esté secuestrada por los intereses financieros. Un país donde la diversidad de sus pueblos, lenguas y culturas no sea vista como una amenaza, sino como una riqueza.

La monarquía no solo es una institución antidemocrática, sino también profundamente patriarcal. El trono se hereda por sangre, no por méritos, y reproduce el poder de una familia que encarna los valores más reaccionarios del sistema: jerarquía, obediencia y supremacía masculina. Desde una mirada feminista radical, no hay justicia de género posible en una estructura que naturaliza los privilegios por nacimiento y convierte a las mujeres en consortes, hijas o decorado. Una república no es garantía de feminismo, pero abre la puerta a desmontar el orden simbólico del patriarcado y a construir una sociedad verdaderamente igualitaria desde sus cimientos.

Por todo esto, es hora de abrir el debate, de exigir un referéndum y de imaginar juntos una república que no sea solo una nueva forma de gobierno, sino un nuevo proyecto de convivencia.