Tomate, (ir)responsabilidad compartida - por Román Rodríguez, diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias

El tomate canario se encuentra en estado crítico. Las deudas que mantienen el gobierno central y el canario, por un valor conjunto de 40 millones de euros, amenazan  seriamente la pervivencia de un sector que genera en el Archipiélago alrededor de 20.000 empleos directos e indirectos. La actitud de ambos gobiernos sólo puede calificarse de irresponsabilidad compartida. 

Una parte de la deuda corresponde al Gobierno central del PP. En concreto, 8,1 millones de euros del programa europeo de ayudas al sector primario (Posei adicional) y otros 18 millones de euros de las ayudas al transporte de mercancías, correspondientes a los años 2011 y 2012.

En el caso del Ejecutivo canario de CC y PSOE, la cantidad adeudada al sector tomatero de las Islas alcanza los 14,4 millones de euros. Es la parte que a la comunidad canaria le correspondía aportar en el Posei adicional, y que no hizo, el mismo Ejecutivo al que le han ‘sobrado’ 240 millones de euros en los ejercicios de 2012 y 2013, al ser más papista que el papa en el cumplimiento del déficit.

En mi opinión, resulta completamente decepcionante la respuesta que la nueva ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Isabel García Tejerina, dio en el Congreso a la pregunta planteada por el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo respecto a la situación del sector tomatero canario y los incumplimientos financieros del Gobierno de Rajoy, que no ha puesto un euro estos dos años y medio de legislatura.

Tejerina no reconoció la deuda de 26 millones de euros, escudándose en los incumplimientos del Gobierno canario para eludir sus obligaciones. Y, además, no mostró el menor interés en protestar ante la Unión Europea por la competencia desleal de Marruecos, como denunció Quevedo.

Empleo

Ya que desde el Gobierno canario se habla tanto de internacionalización de nuestra economía, resulta conveniente recordar algunos datos. El sector tomatero canario vende en el extranjero unos 120 millones de euros al año, es decir, exporta a otros países más que todos los bienes y servicios vendidos al continente africano, salvo los productos derivados del petróleo.

Si no se soluciona la dramática situación que vive hoy el sector tomatero más de 20.000 empleos, fundamentalmente en el Sureste y Oeste de Gran Canaria y los sures de Fuerteventura y Tenerife, en su mayoría personas de mediana edad y mujeres, se encuentran en serio riesgo de desaparición; sin que exista alternativa alguna para reintegrarse al mercado laboral.

Por eso, desde Nueva Canarias, desde el comienzo de la actual legislatura, hemos venido exigiendo en todas las instituciones (ayuntamientos, cabildos, Congreso de los Diputados y Parlamento canario) la actuación urgente del Gobierno central y del Ejecutivo canario, que han sido irresponsables en este asunto. Cuando han reaccionado ante circunstancias similares, como sucedió ante las crisis que llevaban a la pérdida masiva de empleos en sectores como la Naval en Galicia o la industria del automóvil en la comunidad de Valencia; tomando decisiones drásticas para evitar una quiebra económica y social.

En el caso del Gobierno de Canarias, con mayor responsabilidad si cabe, hemos exigido que se implique y que rompa con la enorme distancia entre su discurso y sus actuaciones prácticas en este ámbito; no puede permitir otro paso atrás en el sector primario, que apenas representa ya el 2% de nuestro PIB.

Como he señalado en otras ocasiones, el retroceso del tomate ha sido muy relevante en las dos últimas décadas. Se ha perdido más de la mitad de la producción y un tercio del empleo. Para que esto sucediera han intervenido numerosos factores, desde la creciente globalización de los mercados a la evolución al alza del tomate peninsular, pasando por la competencia de terceros países productores, especialmente la que, de forma desleal, ejerce Marruecos. Así como la presencia de destructivas plagas y el incumplimiento de los apoyos institucionales: Posei, ayudas al transporte y el programa de desarrollo rural.

Pero también han colaborado la insuficiente modernización e incorporación de nuevas tecnologías que faciliten un mayor rendimiento de las producciones, así como la falta de unidad y de lobbies que defendieran este cultivo aquí, en España y en la Unión Europea. A las que ahora se suman las dificultades de acceso al crédito y, como he señalado, los graves incumplimientos de los gobiernos central y canario.

Canarias no se puede permitir el lujo de la desaparición de uno de sus cultivos más tradicionales, con 130 años de historia. Canarias no puede permanecer impasible ante la pérdida de miles de puestos de trabajo y la depauperación de distintas comarcas de las Islas en las que el cultivo del tomate es un elemento central de su economía.

Sobra el palabrerío sobre la trascendencia del sector primario que luego se convierte en abandono político y olvido presupuestario. Urgen compromisos firmes y urgentes. El tomate no puede esperar más. Se han agotado las vías institucionales y ahora trabajadores y empresarios del sector, con el apoyo de la ciudadanía, deben movilizarse y expresar sus justas reivindicaciones en las calles.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.