TTIP: Democracia y derechos en peligro - por Ángela Musat (Juritóloga (jurista+politóloga) y activista por el derecho a la vivienda y a la vida digna. De raíces filipinas y carácter madrileño, investiga temas relativos a derechos sociales, democracia y políticas públicas. Defensora radical de los Derechos Humanos. ¡SÍ SE PUEDE!)

¿Por qué no sabemos prácticamente nada sobre el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (TTIP)? La Comisión Europea ha dotado públicamente a la negociación de una confidencialidad reforzada1 y ni siquiera a los europarlamentarios se les facilita la información que solicitan2.

La Comisión, que es quien formalmente negocia en nombre de la UE, arguye que lo que se pretende conseguir con el tratado es la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio que puedan suponer un obstáculo a los beneficios de las multinacionales. Tomando en consideración que las barreras arancelarias –es decir, impuestos a la importación y la exportación- son ahora prácticamente inexistentes y que entre estos dos bloques el comercio es de los más abiertos del mundo, parece lógico pensar que lo que quiere ser eliminado ahora son las barreras de tipo no arancelario.

El problema básico que se plantea entonces es que lo que para las multinacionales son barreras u obstáculos de esta clase, para la mayoría de la población constituyen derechos básicos y normas de protección en materia social, sanitaria, medioambiental, de seguridad alimentaria o de protección de datos.

Existen, en principio, dos maneras principales de solventar este choque claro de intereses: una democrática en la que participemos las dos partes y otra en secreto y con enormes desigualdades entre las partes y las pretensiones. Hay un interés, que siniestra y paradójicamente responde al interés general, al que le falta la tutela o defensa necesaria.

La crisis del sistema económico actual ha dejado ver la forma de operar de diferentes actores políticos que, sirviendo al mismo mandato, estratégicamente tomaban parte del tejido empresarial, del tejido político, del económico, del inmobiliario, del académico, del financiero… y tomaban muchas de sus decisiones en conjunto. En el proceso de negociación del TTIP tenemos otra prueba de ello.

Son élites políticas y corporativas a ambos lados del Atlántico quienes están al corriente y al mando de todo, mientras el desconcierto y la desinformación cunden en el resto de los mortales. Y es que lo que parece es la creación de un nuevo marco supralegal (con numerosos vicios de forma) que rija el proceso de recortes y de desposesión de derechos iniciado bajo el pretexto de la crisis.

La desigualdad que entraña este acuerdo se aprecia de manera evidente en el mecanismo de resolución de controversias que contempla en caso de desacuerdo entre las partes de un contrato en concreto. En la práctica, es un mecanismo de protección de la inversión, pues otorga únicamente al inversor el derecho de interponer una demanda ante un tribunal privado si considera que, debido a una decisión de cualquiera de los niveles administrativos y políticos, está dejando de obtener beneficio por el montante que haya estimado.

La decisión la toman sólo tres personas y la experiencia nos cuenta que las sanciones impuestas –a las que llaman compensaciones- a Estados como Alemania, Ecuador, Filipinas o El Salvador ascienden a muchos millones de dólares de los contribuyentes. Esto impide que los gobiernos de los distintos Estados sean valientes y que legislen priorizando los intereses de las personas y del medioambiente, pues se enfrentan a un posible laudo arbitral que elaboran entre tres personas por un importe que supone un gran golpe a las arcas públicas y que, además, no puede recurrir en otra instancia distinta. Es una nueva forma de chantaje. Y así está pasando en Alemania, donde en 2009, la compañía Vattenfall, sector de la energía, pide 1.400 millones de euros porque un informe ambiental ponía ciertos límites a la contaminación de las aguas residuales que la empresa vertería. Finalmente, ante tal cantidad, se llegó a un acuerdo entre Hamburgo y Vattenfall que rebajaba los estándares ambientales y permitía más contaminación.

Este macabro mecanismo de resolución de controversias lo conoce bien y así lo explica Juan Fernández-Armesto, uno de los árbitros que ha participado en estas decisiones: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el sistema de arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado cualquier forma de arbitraje con inversores (…) Se les da el poder a tres personas privadas para que revisen, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de la justicia y todas las leyes y reglamentos provenientes del Parlamento”3.

Bajo la falsa premisa de que se trata de una cuestión técnica, nos están imponiendo un sistema de administración de (in)justicia independiente y paralelo, que no obliga a las multinacionales a agotar la vía judicial interna del país en el que operan –a diferencia del resto de personas- y que tiene consecuencias muy importantes para la gente, en tanto impedirá decidir democráticamente el marco jurídico, político y económico que queremos darnos.

No será la mayoría sino las corporaciones transnacionales quienes decidan, en nombre de la competitividad, qué tipo de producto comemos, cuánto cobramos por nuestro trabajo y a qué velocidad se destruye el planeta; porque contarán con un Consejo de Cooperación Regulatoria cuya función será interferir en la generación de futuras regulaciones que pudieran limitar sus beneficios tendiendo siempre a la armonización a la baja de las normativas.

En Europa, este mínimo común denominador supone la eliminación del llamado “Principio de Precaución”, que establece, entre otros, estándares de seguridad alimentaria, puesto que la legislación en EEUU es más laxa en ese ámbito. Así, la utilización masiva de ingredientes transgénicos o de hormonas de crecimiento, que se han demostrado nocivas para la salud de las personas, llegará de la mano del tratado.

La misma Comisión Europea ha reconocido que el TTIP supondrá “prejuicios prolongados y considerables” para los trabajadores y las trabajadoras europeas4 y un impacto muy negativo para el medioambiente, en forma de mayor contaminación y un agotamiento más veloz, si cabe, de los recursos naturales.

Es, a fin de cuentas, una huida hacia delante de los de arriba -banca, multinacionales y políticos corruptos- para mantener su tasa de ganancia constantemente al alza a costa de los derechos y libertades de los de abajo. Al fin y al cabo, las corporaciones están queriendo conseguir de manera encubierta lo que sería impensable a través de un proceso político transparente y democrático.

NOTAS