20-N: Algo más que la fecha de una defunción

Jacinto Ortega del Rosario

Cada 20 de noviembre vuelve a abrirse una grieta que España nunca terminó de cerrar. Ese día no solo recuerda la muerte de un dictador; también expone, año tras año, el silencio, la desmemoria y la herida abierta de miles de familias que aún buscan a sus muertos, aún reclaman verdad, justicia y reparación. Lo que para algunos se ha convertido en una referencia histórica casi rutinaria, para otros sigue siendo el recordatorio de que la democracia española se ha construido dejando bajo tierra —literal y metafóricamente— a quienes fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por el franquismo.

Los familiares de los represaliados llevan décadas levantando la voz. Y lo hacen contra un muro que, aunque se ha ido agrietando con el paso del tiempo, sigue mostrando resistencia. Las exhumaciones avanzan, sí, pero lo hacen lentamente, atrapadas entre burocracia, falta de recursos y, en demasiadas ocasiones, una incomodidad política que aún pesa. Las familias han tenido que escuchar durante años que “es mejor no remover el pasado”, mientras ellas siguen buscando cuerpos que jamás debieron desaparecer, nombres que fueron borrados, historias que nunca se contaron.

Hoy, cuando España presume de madurez democrática, esos familiares se siguen preguntando: ¿qué democracia puede considerarse plena si aún se niega justicia a quienes fueron víctimas del terror de Estado? ¿Cómo se puede construir memoria colectiva si se esquivan las responsabilidades históricas? El 20-N continúa siendo un recordatorio incómodo precisamente porque obliga a mirar de frente aquello que durante demasiado tiempo se quiso mantener en penumbra.

Pero quizá la preocupación más urgente no es solo la falta de justicia, sino la peligrosa distancia que se está abriendo entre esa memoria y una generación que no vivió la dictadura. Muchos jóvenes observan este debate desde lejos, como si fuera un conflicto ajeno, una página polvorienta en un libro de texto. Y es comprensible: nadie puede sentir como propio un trauma que no ha heredado. Pero esa distancia —cuando se convierte en indiferencia— es terreno fértil para la banalización, la nostalgia infundada o, peor aún, la desinformación.

La memoria histórica no puede depender únicamente de los supervivientes ni de sus descendientes. No es un duelo privado; es un compromiso público. Las nuevas generaciones no tienen la responsabilidad de cargar con la culpa del pasado, pero sí la de comprenderlo para que no se repita. Y ese deber no puede recaer solo en los docentes, ni solo en instituciones, ni solo en quienes aún buscan a sus familiares en fosas comunes. Es un proyecto colectivo.

Este 20-N no debería ser un simple hito en el calendario ni un espacio de disputa ideológica. Debería ser una invitación a escuchar a quienes llevan demasiado tiempo reclamando algo tan básico como el derecho a enterrar a sus muertos, a reconocer su sufrimiento y a que el país en el que viven deje de mirar hacia otro lado.

Porque mientras haya familias que sigan preguntándose dónde están los suyos, mientras haya fosas sin abrir y nombres sin restituir, el 20-N no será un símbolo del pasado: será un recordatorio del presente que aún falta por reparar. Y la memoria, si de verdad es un pilar democrático, no puede permitirse el lujo de ser opcional ni de desvanecerse en el olvido generacional.

Jacinto Ortega del Rosario