ALEMANIA:

La piel fina de los políticos alemanes y la mano larga de la autoridad

Joaquín Rábago

¿Se imaginan ustedes que llaman “belicista” en público a un político o le tachan de “lameculos”,  y  el individuo presenta una demanda por difamación y  la policía aparece en su casa y confisca su ordenador?

Pues cosas parecidas han sucedido en Alemania como puede testificar el septuagenario escritor y teórico de los medios Norbert Bolz, que fue objeto de un registro domiciliario ordenado por un tribunal berlinés. 

Su delito era haber utilizado en plan irónico,  como argumentó  su defensa, para criticar el llamado “wokismo”,   la frase “Deutschland erwache” (“Alemania, ¡despierta!”), castigada en la legislación de ese país por supuesta asociación con el régimen nazi.

La ironía o el sarcasmo no son evidentemente en Alemania escudos protectores frente a la mano larga de la autoridad.

Los campeones en la presentación de querellas por difamación han sido sobre todo los Verdes como la ex ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, o el vicecanciller y ministro de Hacienda Robert Habeck, que demostraron mientras ejercieron el poder tener la piel demasiado fina.

Desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2024, el ministro y vicecanciller Habeck presentó nada menos que  805 querellas por supuestas injurias y su correligionaria, Baerbock, 513. 

A Baerbock la llamaron de todo, desde “belicista” o “corrupta” hasta “la ministra de Exteriores más tonta del mundo”, y hay que decir que hizo honor a alguno de esos calificativos. 

Hoy la Baerbock es presidenta del actual período de sesiones de  la Asamblea General de las Naciones Unidas como premio al parecer a sus continuas meteduras de pata diplomáticas mientras ejerció el anterior cargo.

Como escribe en un comentario en el semanario Der Spiegel la profesora de Derecho procesal y Derecho de los Medios Elisa Hoven en la Universidad de Leipzig, los políticos que se querellan reciben además el apoyo de las organizaciones no gubernamentales.

De la lucha contra el llamado “odio digital”, es decir el contenido que incita al odio o discrimina en el espacio digital, ha surgido todo un mercado: despachos de abogados y empresas tecnológicas avisan a los afectados muchas veces antes de que éstos se enteren, explica Hoven.

Y todo ello ha influido en los legisladores, que ya el año 2021 reforzaron las leyes que restringen el derecho de crítica,  sobre todo en el caso de los políticos.

El nuevo artículo 188 del código penal alemán castiga las ofensas públicas a políticos en ejercicio con mucha mayor severidad que si se trata de particulares, lo que supone a su vez una mayor presión sobre fiscales y jueces.

Lo cual, explica la profesora de Derecho procesal, crea en la ciudadanía la impresión de que el Estado reacciona a las críticas que se le hacen endureciendo su ejercicio del poder.

El derecho penal debería, sin embargo, ejercerse con la máxima prudencia si se trata de proteger el libre debate en política, imprescindible en democracia.

Los registros domiciliarios por la policía o las sentencias condenatorias recuerdan demasiado en Alemania a lo ocurrido durante el Tercer Reich o más tarde en la llamada República Democrática Alemana.

Llamar a un ministro “imbécil” no justifica un registro y poner, como también ha ocurrido,  la foto manipulada de una ministra del Interior que lleva una pancarta que reza “Odio la libertad de opinión” no debería ser en ningún caso delito.