La corrupción político-empresarial ha sido la tónica estos años: el pelotazo de Las Teresitas, los fraudes en los planes generales de ordenación urbana –frenados algunos gracias a la oposición de plataformas vecinales–, los casos Arona, Atlante, Eólico, El Trompo, Faycán, Carreteras, Mamotreto, Unión, Fórum Filatélico, García Cabrera, Siliuto, Areneras de Güímar, Grúas, por el que está imputado el actual presidente de Canarias y candidato al cargo, Fernando Clavijo… y muchos más que harían casi interminable la lista, son algunos ejemplos del infame maridaje entre la casta política gobernante y los detentadores del poder económico, empresarios que han acumulado ingentes beneficios bajo el paraguas de unas corporaciones institucionales dependientes de los intereses de los políticos que las gobiernan y de sus patrones económicos que las utilizan en su provecho.

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