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La Comisión Europea coloca a un coronel y analista geopolítico suizo en su “ lista negra “

Joaquín Rábago

La Comisión Europea ha colocado al conocido analista geopolítico suizo Jacques Baud, de 70 años, en su “lista negra” de sancionados por supuesta “propaganda prorrusa”.

Baud, ex coronel del Estado Mayor suizo y antiguo agente de los servicios secretos de su país, es culpable, según Bruselas, de “manipulación informativa”.

Otro de los  “delitos” que le atribuye la Comisión es el de haber participado con frecuencia en programas de televisión o radio favorables al Kremlin.

En el documento acusatorio, que firma la rusófoba Kaja Kallas, alta representante de la Unión para  Asuntos Exteriores, se culpa además a Baud de defender “teorías conspiranoicas” como la de que Ucrania provocó su propia invasión.

Entre sus libros están los titulados “El arte de la guerra rusa: cómo Occidente llevó a Rusia al fracaso” (Ed. Max Milo), “Guerres secrètes en Ucraine” y “Opération Z”.

Sus teorías  amenazan, según la Comisión,  la seguridad de Ucrania, país que, sin embargo, no es miembro de la Unión Europea ni de la OTAN aunque aspire a integrarse en ambos bloques.

Las consecuencias de figurar en la “lista negra” de la Comisión Europea son tremendas, como reconocen medios suizos.

Así, se le prohibirá viajar dentro de la UE, se bloqueará el dinero que tenga en el banco y se cerrarán sus cuentas.

Podrá ciertamente recurrir contra ese castigo, aplicado por Bruselas sin que haya pasado por tribunal alguno, pero las posibilidades de éxito, dice la prensa helvética,  son mínimas.

Lo ocurrido con Baud alimentará seguramente el debate dentro de la UE en torno a la libertad de opinión y de prensa.

El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra el derecho a opinar libremente, así como a recibir y difundir información sin injerencia de las autoridades públicas ni barreras fronterizas.

Ese derecho lo conculcó ya la propia UE al prohibir, tras la invasión rusa de Ucrania, la difusión en todo el territorio comunitario de los medios rusos, prohibición que subsiste casi cuatro años después.

Es cierto que ese derecho a la libertad de opinión y expresión tiene sus límites cuando, por ejemplo, supone un peligro para la seguridad nacional, el  orden público o la autoridad judicial. 

La cuestión es, sin embargo, quién decide lo que es información veraz o manipulación o propaganda.

¿Se arrogan ese derecho las propias autoridades comunitarias? ¿No se trata de prácticas más bien propias de un Estado autoritario por parte de una Unión Europea que dice defender “la democracia y los valores occidentales?”

Lo sucedido al coronel suizo es un terrible precedente.