Cuando disentir se convierte en delito - por Jacinto Ortega del Rosario
Cuando disentir se convierte en delito
Jacinto Ortega del Rosario
Hablar hoy desde la izquierda, escribir desde la izquierda, gobernar desde la izquierda o, simplemente, pensar en voz alta desde posiciones críticas con el poder económico, mediático y político, se ha convertido en un acto de valentía. No exagero. Lo afirmo desde la experiencia, desde la observación directa y desde la memoria colectiva de quienes hemos intentado transformar las instituciones para que sirvan a la gente y no a unos pocos.
España atraviesa un momento peligroso: la normalización de la persecución ideológica. Una persecución que no siempre se ejerce con porras o censura explícita, sino con algo mucho más sofisticado y devastador: querellas, titulares intoxicados, campañas de desprestigio, insultos impunes y una justicia que, demasiadas veces, mira hacia otro lado o actúa con doble rasero.
Lo que algunos se empeñan en llamar “polémicas” no es otra cosa que lawfare, guerra judicial contra adversarios políticos. Una estrategia conocida en América Latina y que hoy se aplica con descaro en Europa, y muy especialmente en España, contra quienes representaron —y representan— una amenaza real al sistema de privilegios.
Podemos ha sido el laboratorio de este experimento. Diputados y diputadas sometidos a investigaciones eternas que terminan archivadas, pero no antes de haber dejado su rastro de sospecha. Ministros y ministras perseguidos por titulares que luego nadie rectifica. Concejales y concejalas señalados en sus municipios como si fueran delincuentes por aplicar políticas sociales. ¿Cuántas causas archivadas hacen falta para reconocer que aquí hubo una estrategia y no una casualidad?
No hablamos de errores aislados. Hablamos de una cacería sistemática. De la utilización del poder judicial, mediático y económico para disciplinar a quien osa salirse del guion.
Canarias tampoco ha sido una excepción
Quien crea que esta dinámica no ha llegado a Canarias se engaña o miente. En nuestras islas, representantes de Podemos —en ayuntamientos, cabildos y el Parlamento— han sufrido hostigamiento constante, caricaturización mediática y una fiscalización desproporcionada que jamás se aplica con el mismo celo a otros partidos.
He visto cómo concejales y concejalas comprometidas con la cohesión social, la igualdad y los derechos humanos eran retratados como radicales peligrosos por defender lo más básico: vivienda, servicios públicos, dignidad laboral o feminismo. He visto cómo se cuestionaba su legitimidad, su formación, incluso su integridad
moral, mientras se toleraban prácticas mucho más graves en otras formaciones políticas sin apenas ruido mediático.
Canarias, que tanto ha sufrido el abandono histórico del Estado, merecía una política valiente, no una izquierda amordazada por el miedo al titular o a la querella.
El odio como espectáculo mediático
La ultraderecha no ha inventado el odio, pero sí lo ha convertido en espectáculo rentable. Y parte de los grandes medios han decidido servirle de altavoz, blanqueando discursos que hace años habrían sido inaceptables.
Mientras tanto, el humor incómodo se persigue. El caso de Héctor de Miguel, Quequé, no es anecdótico. Es paradigmático. Cuando la sátira señala las vergüenzas del poder, cuando ridiculiza el cinismo mediático o la hipocresía moral de ciertos sectores, la respuesta no es el debate: es el castigo. Acoso, denuncias, campañas de linchamiento y presión suficiente como para forzar el silencio.
Que un humorista tenga que parar porque el coste personal de hacer reír pensando es demasiado alto debería avergonzarnos como sociedad.
Y si a todo esto le sumamos el componente de género, el panorama es aún más desolador. Las ministras, diputadas, consejeras y concejalas de Podemos han sufrido un nivel de violencia política absolutamente intolerable: insultos machistas, amenazas, cuestionamiento constante de su capacidad y una exposición mediática cruel que no se aplica a sus homólogos masculinos.
No se les perdona ni el tono, ni el gesto, ni el error humano. Porque el objetivo no es fiscalizar: es expulsarlas del espacio público.
La pregunta ya no es si existe persecución, sino por qué la estamos normalizando.
¿Qué democracia es esta en la que discrepar te convierte en sospechoso? ¿Qué libertad de expresión es esta en la que criticar al poder tiene consecuencias legales, económicas o psicológicas?
No se trata de defender siglas, ni trayectorias individuales. Se trata de defender el derecho colectivo a una democracia viva, incómoda, plural y conflictiva. Porque la democracia sin conflicto es propaganda.
Si permitimos que se silencie a periodistas, humoristas o representantes públicos por ser de izquierdas o por cuestionar a la derecha y a la ultraderecha, mañana no quedará nadie a quien defender.
Y entonces, cuando el silencio sea la norma, ya será demasiado tarde para lamentarse.
