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EEUU:

Una directiva de seguridad nacional propia de un Estado totalitario

Joaquín Rábago

La directiva de seguridad nacional que acaba de firmar el presidente Donald Trump es más propia de un Estado totalitario que de una república democrática.

Según el periodista de investigación Ken Klippenstein, Trump ha aprovechado el hecho de que los grandes medios de comunicación del país estaban distraídos por la acusación contra el ex director de la CIA James Comey.

La directiva señala las opiniones “anticristianas” y “antiamericanas” como otros tantos indicadores de la violencia de la izquierda radical, contra la que el Gobierno se propone actuar.

“Es la primera vez en la historia de EEUU que se produce un esfuerzo de todo el Gobierno para desmantelar el terrorismo de izquierda”, comentó el asesor de seguridad nacional de Trump, Stephan Miller.

Según Klippenstein, las directivas de seguridad nacional suelen ser secretas, pero en este caso el Gobierno decidió publicar la que lleva  la designación “NSPM”, séptima desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

Bajo el lema de “Contrarrestar el terrorismo interno y la violencia política organizada”, Trump ordena al Departamento de Justicia, al FBI y demás  agencias de seguridad nacional combatir todo lo que califica caprichosamente  de “violencia política” dentro del país.

En su punto de mira están tanto organizaciones como grupos o individuos que, de acuerdo con la directiva, puedan identificarse por alguno de los siguientes “indicios” de violencia:

“Antiamericanismo, anticapitalismo, anticristianismo, apoyo al derrocamiento del Gobierno, extremismo en el tema migratorio, extremismo racial o de género, hostilidad hacia quienes sostienen puntos de vista tradicionales sobre la familia, la religión o la moralidad”.

EEUU, señala la directiva,  “necesita una estrategia nacional para investigar y desmantelar redes, entidades y organizaciones que fomentan la violencia política de modo que las fuerzas del orden puedan intervenir en las conspiraciones criminales antes de que deriven en acciones políticas violentas”.

En el marco de la “guerra antiterrorista” que lanzó el  presidente George W. Bush en reacción con los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra EEUU se adoptó ya una estrategia “preventiva”, que consistía en adelantarse a la posible comisión de un delito.

Lo cual llevó en el exterior a asesinatos extrajudiciales desde el aire con drones contra simples sospechosos y, en el interior del país, al reclutamiento de agentes secretos y “fuentes humanas confidenciales” para detectar a potenciales “terroristas”.

La iniciativa de Trump supone, según Klippenberg, reestructurar el aparato antiterrorista para perseguir a los propios ciudadanos norteamericanos, monitorear constantemente la actividad y el discurso político para detectar supuestos “radicalismos”.

A diferencia de anteriores documentos de seguridad nacional, ni siquiera se menciona en la nueva directiva la Primera Enmienda a la Constitución ni el derecho fundamental de los ciudadanos de EEUUa organizarse y protestar.

La NSPM-7, escribe Klippenstein, es fundamentalmente “una directiva policial que elimina las complicaciones de utilizar al Ejército o a la Guardia Nacional en acciones de “violencia política” contra los ciudadanos del propio país. 

Y ordena participar en esa nueva misión a los dos centenares de Fuerzas de Tareas Conjunta contra el Terrorismo adscritas al FBI, que incluyen agentes especiales, policías, analistas de inteligencia y técnicos en tareas de vigilancia de los ciudadanos.

La ventaja para la Casa Blanca de Trump es que elude la supervisión y el escrutinio del Congreso e incluso oculta las actividades federales a los gobernadores y al poder legislativo de los Estados.

Para el periodista Klippenstein, la nueva directiva es “una declaración de guerra contra cualquiera que no apoye al Gobierno o no suscriba la agenda de Donald Trump”.