Justicia injusta. Rápida para el PSOE y lenta para el PP

Antonio Aguado

coherente veterano militante socialista, ex militante del PSOE

La Justicia en España, es un poder fáctico que, en muchas ocasiones, condiciona a los poderes legislativo y sobre todo al ejecutivo.  La judicatura es una carrera profesional que, salvo honrosas excepciones, es elitista y ultraconservadora y por supuesto está politizada.

En este sentido, son muchos los casos que lo demuestran, siendo de los ejemplos más evidentes, la rapidez con la que, en menos de un año, fue juzgado y condenado sin ninguna prueba que le incriminara, el 20 de noviembre del 2025 el fiscal general del Estado Alvaro García Ortiz.

Lo mismo ocurrió con el caso Koldo, Ábalos y Cerdan. Estos dos últimos fueron secretario de organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y diputados respectivamente. Este caso la Justicia lo abordó rápidamente.

En el caso de Santos Cerdán estuvo cinco meses en prisión preventiva desde junio a noviembre del 2025. En este sentido, Koldo García y José Luís Ábalos, igualmente ingresaron en prisión preventiva desde finales de noviembre del 2025 y continúan en esa situación hasta la actualidad. Los tres están a expensa de que se ultime el juicio oral y se dicte sentencias.

A diferencia del PP que no expulsa a sus militantes y cargos públicos corruptos, Ábalos fue expulsado del PSOE, aunque no dimitió de su cargo de diputado. Cerdan si lo hizo, e incluso, abandonó el PSOE. Esto no le afectó a Koldo, al no tener cargos orgánicos ni institucionales. Aunque presuntamente hayan cometido delitos graves, pero en realidad han sido auténticas chorizadas.

Nada comparable con el caso Gürtel y su derivada o apéndice el otro llamado Kitchen e igualmente el caso Montoro, en los tres, la Justicia ha actuado muy lentamente.

El caso Gürtel abarcó la primera época de esta trama desde 1999 hasta el 2005 y la sentencia de la Audiencia Nacional, se produjo el 24 de mayo del 2018. La sentencia firme del Tribunal Supremo se produjo el 14 de octubre del 2020.

El caso Kitchen (para ocultar y destruir pruebas del caso Gurtel, utilizando a 70 policías y seis comisarios, todo pagado con fondos reservados a través del Ministerio del Interior), ha sido de los más graves desde el advenimiento de la democracia. Se produjo en el año 2013 y principalmente se desarrollo hasta el 2015. Ahora es cuando se está juzgando. 

Sin embargo, el  llamado M. Rajoy que con arreglo a las evidencias demostradas es el principal responsable de esa miserable trama, por lo visto, los jueces encargados de este enjuiciamiento,  “no saben quien es” y en vez de acudir como imputado, lo hizo como testigo “obligado a decir la verdad”, algo que con total impunidad en absoluto hizo en su comparecencia. 

El caso Montoro, junto con los dos anteriores, ha sido igualmente de los más graves ocurridos, pues se basaba en  aprovechar el Ministerio de Hacienda del que era titular  para propiciar y llevar a efecto, una estructura de corrupción institucional, haciendo leyes a la carta para determinadas empresas como las gasísticas. Al respecto, Montoro había constituido el denominado Equipo Económico que, canalizaba todas las operaciones fraudulentas.  

También se dedicó a hacer leyes a la carta para las empresas de apuestas, siendo de las principales Codere, estando al frente el ministro de Justicia Rafael Catalá. Muchas de estas empresas se han estado estableciendo cerca de centros educativos, con el riesgo que eso comporta.

En 2012 Cristóbal Montoro, propició una amnistía fiscal que permitió a casi 35.000 beneficiarios aflorar 40.000 millones de euros ocultos y de los que el Estado sólo recaudó 1.200 millones. Aunque el Tribunal Constitucional la anuló en 2017 por inconstitucional, pero no afecto a las regularizaciones realizadas.

La trama del caso Montoro fue realizada entre los años 2011 y 2018 cuando formaba parte como ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, la investigación judicial saltó a la luz pública en julio del 2025. Otro caso más de Justicia injusta por su lentitud. Hasta tal punto que, como el caso Kitchen, muchos de sus delitos podrían prescribir.

Esto demuestra la doble vara de medir que tiene la Justicia. En consecuencia,  ésta para que realmente sea democrática tendría que emanar del pueblo.

Antonio Aguado Suárez