El viernes entró en vigor en la Unión Europea la Ley de Servicios Digitales, un instrumento más al servicio de la censura.

La Comisión Europea presentó en 2020 la “Ley de Servicios Digitales”, con dos reglamentos destinados oficialmente a “regular” internet.

El primero pretende afrontar los retos que plantean los gigantescos monopolios tecnológicos, empezando por los más conocidos: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Se presenta como si estuviera dirigido contra el dominio de los monopolios sobre sectores enteros de la economía digital y, a partir de ahí, sobre la economía en su conjunto.

Pero hay otro objetivo más concreto, ideológico, que se presenta con el pretexto de la lucha contra “el odio” y la desinformación en línea”.

La Unión Europea provecha la oportunidad pala limitar la libertad de expresión de los medios independientes, particularmente en el área de lo que la Unión Europea llama “desinformación”, que es aquella que escapa de la ideología dominante.

En definitiva, la nueva ley tiene como objetivo combatir a aquellos a quienes la Unión Europea identifica como sus enemigos, internos y externos. Los monopolios digitales tienen el deber de cooperar para cesurar los contenidos etiquetados como “odiosos”.

Ambos aspectos están vinculados en los planes de los miembros de la Comisión Europea y, en particular, de Thierry Breton, comisario europeo del Mercado Interior.

El hilo conductor de la ley es: sólo lo que está autorizado fuera de línea debe autorizarse en línea. Todo contenido ilegal se debe eliminar de internet: falsificación, antisemitismo, pornografía infantil, amenazas de muerte o venta de drogas. El contenido de odio, la amplificación de la violencia verbal y física y la desinformación deben identificarse como tales y tratarse en consecuencia.

Entonces, la desinformación sobre la pandemia procedente de los gobiernos europeos, como los confinamientos, declarados ilegales en España, entrarían en el marco de la ley.

Ciertamente no va a ser así ya que se trata de desinformación oficial, es decir, propaganda ideológica destinada a intoxicar a intimidar a la población.

La Unión Europea privatiza la censura y pone la eliminación de un derecho constitucional en manos de los monopolios tecnológicos. Las redes sociales tienen la obligación de “moderar” los contenidos y Amazon debe impedir la venta de ciertos libros.

Además, las plataformas digitales, en particular Twitter, Facebook y Google, tienen la obligación de ser transparentes en cuanto a la forma en que los algoritmos imponen su publicidad.

La Comisión Europea quiere que la población piense correctamente, vote correctamente, se exprese correctamente y consuma correctamente. Es una verdadera declaración de guerra contra las libertades de los europeos.