Ni conspiraciones ni linchamientos

Álvaro Frutos Rosado

LA DISCREPANCIA

España no puede vivir en estado permanente de demolición

España ha entrado, de nuevo, en una fase peligrosa de su vida pública. No porque existan investigaciones judiciales, denuncias políticas, presuntos casos de corrupción o encarnizadas luchas entre partidos. Todo eso, por desgracia, forma parte de la normalidad imperfecta de cualquier democracia, y en la española de forma recurrente. Lo verdaderamente inquietante es otra cosa: la facilidad con la que las direcciones políticas convierten cualquier crisis en “una conspiración” —lo fue con el PP y ahora con el PSOE—, cualquier procedimiento judicial en un golpe encubierto o en una hendidura para meter el cuchillo, cualquier crítica interna directamente en una traición, y cualquier adversario en un enemigo mortal al que no basta con derrotar, sino que hay que expulsar del sistema.

Y lo peor es que personas no descriteriadas acaban comulgando con ello.

Duele que términos como “conspiración” o “golpe de Estado” hayan vuelto a instalarse en el centro de la política con una ligereza irresponsable. Unos y otros los invocan para denunciar supuestas operaciones del Estado profundo, jueces politizados, policías descontrolados, medios de comunicación a nómina o poderes económicos que, de ninguna manera, aceptan a determinados gobiernos. Otros y unos los visten de signo contrario: hablan de trama organizada desde el poder para colonizar las instituciones, manipular los resortes del Estado, tapar la corrupción propia y destruir al adversario. Cada bloque tiene su relato, su épica, sus mártires y sus villanos. Y, como devotos de religiones imperfectas, cada cual cree ocupar “el lado luminoso de la historia”. No se han enterado aún: no existen lados buenos.

Una democracia no puede funcionar si todos se declaran víctimas y nadie asume responsabilidad alguna. La conspiración y el golpe de Estado institucional son el refugio perfecto: permiten no explicar, no dimitir, no rectificar, no pedir perdón, no responder ante los hechos. La acusación radical sin pruebas validadas por la justicia. Entre la conspiración como coartada y la corrupción como arma arrojadiza de unos a otros se abren grietas que no solo amenazan con tragarse la confianza pública, sino la propia democracia.

La presunción de inocencia no es una frase de ocasión para arrojarla a la cara del contrario cuando conviene y olvidarla cuando perjudica. Es una garantía esencial del Estado de derecho. Protege a todos o no protege a nadie. Protege al adversario, al correligionario, al juez, al policía, al periodista y al ciudadano anónimo. Ahora bien, ¿cree en el Estado de derecho?

La responsabilidad política tampoco puede reducirse a esperar una sentencia firme diez años después de los hechos. En democracia existen planos distintos: el penal, el político, el ético y el institucional. Confundirlos deliberadamente es una forma de degradación. Una persona puede no estar condenada penalmente y, aun así, deber explicaciones políticas.

La democracia no es solo votar cada cuatro años. Es aceptar límites, respetar procedimientos —como presentar presupuestos—, cuidar instituciones, asumir responsabilidades y, en todo caso, reconocer que el adversario tiene derecho a existir. Esa es la parte de la democracia que menos entienden. El Parlamento ha agotado el cupo de sesiones de teatro de acusaciones cruzadas. No cumple con aquello para lo que constitucionalmente fue creado. El Poder Judicial aparece sometido a sospecha permanente: unos lo presentan como trinchera reaccionaria; otros, como último muro frente a un poder político supuestamente invasivo. Los medios de comunicación, que deberían ayudar a separar hechos de propaganda, alimentan la confusión tertuliana, la exageración y el escándalo rentable. Y los partidos, que deberían ordenar el conflicto, lo incendian. En fin, es lo que hay.

España tiene una larga historia de conspiraciones reales y falsas. En el siglo XIX, el pronunciamiento militar fue casi una forma de alternancia política. Generales, camarillas, algaradas, manifiestos y cuarteles corrigieron una y otra vez lo que no aceptaban resolver mediante instituciones civiles sólidas. La política española vivió demasiadas veces pendiente del ruido de sables y de las intrigas palaciegas. Aquella cultura dejó una huella profunda: la sospecha de que detrás de cada crisis hay una mano oculta, un poder en la sombra, una operación secreta.

La Segunda República conoció también ese veneno: la Sanjurjada de 1932, los sucesos de octubre de 1934 y el terrible golpe militar de 1936. Una democracia madura debe saber distinguir entre una conspiración verdadera, acreditada por hechos, y una narración conspirativa utilizada para desacreditar al adversario o eludir responsabilidades. Si todo es conspiración, nada lo es.

Durante la Transición, Adolfo Suárez también conoció el peso de las operaciones de derribo. Felipe González evocó a Azaña cuando sintió que se intentaba destruir políticamente a su Gobierno en medio de los grandes casos que golpeaban al PSOE, algo reconocido por Ansón años después.

La lección histórica es incómoda, pero necesaria: en España han existido conspiraciones reales, campañas de acoso político y también corrupción verdadera. Por eso es tan grave banalizar esas palabras como refugiarse en el “tú más” para no limpiar la propia casa. En definitiva, es una forma de indecencia pública, lo hagan los propios o los de enfrente.

Si se investiga a los míos, recuerdo los casos de los tuyos. Si se registra una sede, recuerdo la sede del otro. Si se cita a un dirigente, enumero los ministros condenados del adversario. Todo eso puede tener valor contextual, pero evidencia poca cultura democrática. La corrupción del contrario no absuelve la propia. La indecencia de ayer no justifica la de hoy. La democracia no puede consistir en una contabilidad miserable de pecados ajenos. “Los conservadores únicamente se distinguen de los liberales en que los primeros roban mucho de una vez y los segundos poco en muchas”, decía Baroja en la crisis del 98, el bucle histórico español.

Normas, controles y delitos pueden incrementarse; las instituciones pueden fortalecerse. Pero si quienes habitan el poder, pasado, presente o futuro, lo entienden como una red de favores, influencias, carreras personales, blindajes mediáticos y lealtades de clan, para nada sirven las normas. Curar una cultura política enferma es difícil. Demasiados han aprendido a moverse por las moquetas del poder como en el salón de su casa. Y un político que se precie sabe, o debe saber, que hay hechos que no son delitos, pero sí feos de “cojones”, y más cuando luego uno pretende subirse a la tribuna para hablar “de la paz mundial”.

Desgraciadamente, esta deriva afecta por igual a la derecha y a la izquierda. La derecha liberal y democristiana no puede presentarse como defensora de las instituciones mientras alienta discursos de acoso y derribo, deslegitima gobiernos y convierte la oposición en una campaña permanente de excepcionalidad, cuando ellos actuaron igual. La izquierda democrática y socialista no puede invocar la defensa del Estado de derecho mientras minimiza responsabilidades políticas, desprecia críticas internas o confunde democracia con resistencia en el poder. Ninguna tradición democrática seria —ni la liberal, ni la democristiana, ni la socialista— se reconoce en esta política de trinchera, propaganda, insulto y sospecha.

Es evidente que los líderes políticos han quedado atrapados en un ciclo agotado, enrocados en una lógica de supervivencia y derribo mutuo. Uno resiste señalando la amenaza reaccionaria; el otro acusa señalando la degradación del poder. Ambos, con su parte de razón, han perdido la capacidad de reconstruir un espacio común de confianza. Cuando la política se reduce a elegir entre dos relatos cerrados de culpabilidad absoluta, solo queda movilización emocional de bandos.

Cambiar liderazgos, lenguajes, métodos y abandonar la política de demolición es una responsabilidad histórica.

También los jueces, fiscales, policías y periodistas tienen una responsabilidad inmensa. Si hay jueces que actúan con parcialidad política, filtran selectivamente, contaminan procedimientos o buscan protagonismo mediático, son indignos de la función que desempeñan y deben ser apartados por los cauces previstos. Si hay periodistas que convierten la mentira en instrumento de combate, intoxican y fabrican culpables sin contrastar hechos, no están ejerciendo el periodismo.

Las guerras culturales empiezan con palabras y terminan, demasiadas veces, buscando cuerpos sobre los que descargarse. Primero se divide el país entre buenos y malos. Se declara traidor al discrepante, se deshumaniza al adversario y la calle acaba interpretando como mandato lo que los dirigentes han sembrado como metáfora. Ninguna democracia cae de golpe; antes se acostumbra a hablar como si ya hubiera caído.

No es equidistancia. Ya no vale. Ahora es necesario levantar la voz. No para sumarse a un bando, sino para defender el marco que permite que existan todos los bandos sin destruirse.

España necesita recuperar una idea elemental: el adversario no es un enemigo; el juez no es un conspirador por investigar; el periodista no es un sicario por preguntar; el discrepante no es un traidor por discrepar; y el ciudadano cansado solo exige decencia. La democracia es una cultura de límites y una pedagogía de la responsabilidad. La política necesita demócratas adultos.

España ya ha conocido demasiadas veces caminos tortuosos en su historia y muchos pensaron que no sería así, pero fue. Tú mism@.