El primer ministro electo húngaro parece tener mucha prisa

Joaquín Rábago

El primer ministro electo húngaro, Péter Magyar, parece tener muchas prisas con las reformas radicales que se ha propuesto acometer en el país.

Así ha dado un ultimátum al jefe del Estado, Tomász Sulyok, elegido bajo el anterior gobierno de Viktor Orbán, para que dimita cuanto antes.

En caso contrario, Magyar aprovechará la aplastante mayoría que logró en las elecciones del pasado domingo, para destituirle.

Algo así no había ocurrido antes en Hungría, y no es tampoco que se diga habitual en las democracias de Occidente, donde un proceso de destitución del jefe del Estado, lo que en EEUU se conoce como “impeachment”, está siempre sometido a complejos mecanismos legales.

Pero no importa. Si Bruselas acusaba a Orbán de haber dado  la vuelta como un calcetín al sistema legal e institucional húngaro en sus dieciséis años al frente del Gobierno, su sucesor quiere al parecer hacerlo en semanas.

Y para evitar críticas a su gestión, el líder de Tisza pretende también tomar el control de la radio televisión pública húngara, limpiándola de afines al derrotado Orbán, según informa el corresponsal del diario alemán para la Europa del Este, Reinhard Lauterbach.

Pese a los cambios radicales de Orbán, en Hungría no se puede despedir de la noche a la mañana a un empleado público, sino que hay que cumplir ciertos plazos, y Magyar ha decidido tomar un atajo y prohibir todos los programas informativos de la TV pública, informa el diario alemán Junge Welt.

Algo parecido hizo en 2023 el entonces recién elegido gobierno polaco de Donald Tusk con el resultado de que pocos ciudadanos de ese país siguen ya los programas de la televisión pública TVP, a la que le ha salido un fuerte competidor privado de ideología fuertemente conservadora y afín al movimiento trumpista, TV Republika.

Hablando de Polonia, el presidente ultraconservador del país, Karol Nawrocki se niega a tomar el juramento de cuatro de los seis nuevos jueces del Tribunal Constitucional nombrados el pasado marzo por el Parlamento. Y los dos a los que sí aceptó juramentar no han asumido aún sus cargos en solidaridad con sus colegas rechazados.

El Tribunal Constitucional polaco está prácticamente bloqueado: solo nueve de sus quince miembros seguían en el cargo, con lo que no se alcanzaba el necesario quórum de dos tercios.

Con los dos jueces que pudieron tomar juramento, sí se logra esa mayoría siempre y cuando ésos acepten tomar posesión de sus  cargos pese al bloqueo del Presidente  a sus cuatro colegas.

Nawrocki justificaba su negativa a juramentarlos  porque ha estudiado cuidadosamente el “currículum vitae” de cada uno de los cuatro jueces, algo que, sin embargo, no  es competencia del jefe del Estado, sino del Parlamento.

Lo que parece claro en todo esto es que el político ultraconservador, que asumió la presidencia en agosto pasado, quiere aprovechar el cargo para ampliar sus competencias, lo que convertiría a Polonia en un sistema presidencial autoritario.