Un regalo fiscal que agrava la crisis

Jacinto Ortega del Rosario

La última propuesta del PSOE en materia de vivienda no es solo un error de políticas públicas: es una traición a quienes más sufren la crisis. Al presentar incentivos fiscales a propietarios para que no suban los alquileres —como un 100 % de bonificación en el IRPF para quienes renueven contratos sin aumentar rentas— la dirección socialista demuestra una absoluta falta de comprensión de la verdadera naturaleza del problema.

Desde el principio, esta política está equivocada en su diagnóstico: no hay escasez de voluntad fiscal, sino de oferta y de regulación eficaz. Bonificar fiscalmente a los propietarios que hacen lo mínimo —mantener el precio actual— no contiene nada, no crea vivienda asequible, no reduce la presión sobre los mercados urbanos y no resuelve ni un solo problema estructural de fondo. Es un mero parche para el statu quo que, encima, utiliza dinero público para premiar a quienes ya tienen ventajas de mercado.

El propio socio de Gobierno, Sumar, no solo ha mostrado su desacuerdo: ha llamado a esta propuesta una inadmisible concesión a los rentistas y especuladores. La ministra Yolanda Díaz ha llegado a afirmar que la vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal, y ha lamentado que el PSOE pretenda “regalar dinero público a los rentistas en plena crisis de la vivienda”.

No se trata de una semicrítica diplomática: se trata de reconocer que esta política no solo es ineficaz, sino injusta. Si bien el PSOE apela a la “centralidad” y a acuerdos blandos, Sumar y otras fuerzas de izquierda —incluyendo Podemos, ERC o EH Bildu— han señalado que con estas medidas solo se refuerza a los caseros y grandes propietarios mientras los arrendatarios siguen sin protección real.

El PSOE afirma que su propuesta va “contra la especulación”, sin embargo, ¿qué hay más especulativo que premiar con beneficios fiscales a quien está en posición de extraer rentas más altas? Esta visión optimista del mercado —en la que dar incentivos a propietarios reduce la presión sobre los alquileres— es ingenua, si no directamente contradicha por la realidad del mercado inmobiliario español. Eso lo vemos reflejado en la indignación de colectivos de inquilinos que ven cómo se les pide que acepten precios inalcanzables, mientras se recompensa a quien ya posee activos que han subido de valor durante años.

El PSOE no entiende que la crisis de vivienda no se arregla con bonificaciones fiscales, sino con:

Aumentar radicalmente la construcción de vivienda pública asequible.

Regulación de precios efectiva y vinculante.

Protecciones legales fuertes para inquilinos, como prórrogas obligatorias y límites a subidas.

Herramientas para frenar fondos buitres y la especulación a gran escala.

Todo lo contrario de lo que propone ahora: subvencionar a caseros para que no suban sus rentas no solo no soluciona el problema, sino que refuerza el poder de quienes controlan el mercado, incrementando la desigualdad en un contexto de precios desorbitados.

Más allá de fallos técnicos, hay un problema político profundo: el PSOE parece creer que la vivienda es un asunto de gestión fiscal y no de derechos sociales. Esta interpretación ideológica —que convierte la vivienda en un bien de mercado regulado con incentivos en vez de en una necesidad básica garantizada— los aleja del electorado que tradicionalmente apoyaba políticas sociales. Lo más irónico es que, en lugar de avanzar hacia una intervención pública más ambiciosa, el PSOE parece querer satisfacer a una clase media propietaria temerosa, en lugar de proteger a los hogares que no pueden permitirse una vivienda digna.

Es difícil imaginar una política de vivienda más desencaminada y potencialmente dañina que esta. El PSOE se equivoca al centrar su propuesta en beneficios fiscales para los propietarios, mientras ignora la raíz del problema: la falta de oferta pública real, la especulación desbocada y la ausencia de mecanismos regulatorios vinculantes para frenar las subidas de alquileres.

Si el objetivo era reivindicar un papel progresista para la izquierda, este enfoque es una mala broma. El PSOE debería replantearse de manera radical sus prioridades, centrándose en garantizar el derecho a la vivienda como algo real y tangible —no como un titular de prensa ni como un incentivo para rentistas. Solo así podrá acercarse a una solución justa y eficaz para millones de personas que ven cómo el acceso a una vivienda digna se les escapa de las manos.