Sombras y luces de Pedro Sánchez

Antonio Aguado

 coherente veterano socialista exmilitante del PSOE

A Pedro Sánchez le quedan aún muchas asignaturas pendientes y otras las ha cerrado en falso. En este sentido, quedan enmarcadas dentro de lo que podría ser sus sombras. Entre otras y de la más importante y significativa ha sido la promesa que hizo de que si llegaba a la Moncloa, lo primero que haría seria derogar la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada popularmente “Ley Mordaza”), que tanto daño ha venido causando en los derechos fundamentales de organización, reunión y expresión. 

Tomó posesión de su cargo como presidente del Gobierno el 1 de junio del 2018 y al respecto, esa retrograda ley sigue inalterable y con reminiscencia de la anterior que, se popularizo a través del ministro del Interior Corcuera, pues fue quien con sus ansias “democráticas”, quería darle el “máximo de seguridad” a la ciudadanía. A esta ley orgánica aprobada el 21 de febrero de 1992, oficialmente se le denominó de Protección de la Ciudadanía, pero popularmente se le conocía como “ley de la patada en la puerta”, pues eso es lo que con la misma se pretendía, que las fuerzas y cuerpos de   seguridad del Estado, pudieran entrar en los domicilios sin aval judicial.

Otras de las sombras pendientes es la creación de una banca pública que nos evite las extorsiones y arbitrariedades a las que somos sometidos por la banca privada. También con relación a una empresa energética publica, para acabar con el oligopolio de las privadas. En relación a la Educación, como pilar básico y esencial de la Sociedad, seguimos sosteniendo a la enseñanza privada concertada, que es injusta y discriminatoria, pues a la misma sólo accede estudiantes de un determinado perfil socio económico, pero no jóvenes de familias humildes. En gran medida, la Iglesia Católica sigue impartiendo esta modalidad educativa. En este sentido, quien quiera enseñanza privada tendría que pagarla.

Se ha quedado entre luces y sombras el incremento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). En diez años entre 2008 y 2018, con los gobiernos de Mariano Rajoy, aumentó sólo el 22,7% pasando de 600 a 735 euros. Sin embargo, en los últimos siete años su incremento fue del 61% desde los referidos 735 a  los actuales 1.185 euros. Eso estaría muy bien, siempre y cuando, no se estuviera cometiendo la ilegalidad de las tantas horas extras trabajadas pero no remuneradas. Concretamente de media cada semana, 2,61 millones. Con este tan elevado número de horas, se podría crear más de 64.000 empleos.

En lo que respecta a las luces, Pedro Sánchez de las mejores gestiones que hasta la actualidad ha realizado, ha sido rebajar la tensión y el independentismo en Cataluña. Cuando formó gobierno en junio del 2018, Mariano Rajoy había dejado el porcentaje de independentistas catalanes en el 48%, siendo en la actualidad del 40%.  

Los grandes retos que tiene Pedro Sánchez para terminar la legislatura, son recuperar el voto femenino, tan devaluado en el PSOE, debido a los comportamientos machistas del que fue secretario de organización de la Ejecutiva Federal y ministro de Fomento, José Luís Ábalos y de su asesor Koldo García. Agravado por el acoso al que sometía a las mujeres Paco Salazar que, como asesor suyo en la Presidencia, tendría que ser una persona de su máxima confianza.

Pero el reto y la más importante gestión a realizar, es afrontar con determinación y con un mínimo de garantías, el problema que más afecta a gran parte de los españoles, como es el de la vivienda. Tendría que hacerlo sin “fuegos de artificio”, como cuando anunció con gran entusiasmo el 1 de diciembre del 2024, en la clausura del 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla, la creación de una “gran empresa pública de la vivienda”. Lo cierto es que, ha pasado más de un año y de ese mencionado anuncio no se ha sabido nada más. Esta es la gran asignatura que tiene pendiente.

Está muy bien que se refleje en la Constitución, más concretamente en su articulo 47: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Todo muy bien sobre el papel, pero en la práctica no se ha venido haciendo nada y la situación se ha estado agravando cada vez más, hasta llegar a unos niveles insostenibles. Solamente anunció que se crearía una gran empresa pública de la vivienda, pero ahí quedó todo, sin más información y explicaciones de como piensa hacerlo, ¿conjuntamente con las comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos?. Todas estas instituciones tienen competencias en la materia y gobernadas por organizaciones políticas distintas, siendo la mayoría del Partido Popular.  

Sería muy difícil que en instituciones gobernadas por el PP no se produzca la especulación, algo que lo llevan en sus genes, máxime cuando los empresarios del sector forman parte de su ecuación.