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Usar en España la Justicia como eficaz arma política

Erasmo Quintana

Manda bemoles el grado de estupidez y de supina incultura de este pobrecito pueblo español. Sin tener la mínima idea ni conocimiento de leyes, utiliza cualquier medio para justificar que el prestigioso Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido ya condenado. Ésto es lo que llamamos ignorancia. Ello resulta tan obtuso, que parte importante de este pueblo carpetovetónico compra con los ojos cerrados la tremebunda propaganda del nazifascismo (después de los 50 años que muró Franco), al cual sacan de la tumba en este 20-N para continuar fastidiando a la población que, en su mayoría, quiere vivir esta vida con tranquila normalidad. Luego -seguimos con lo del Fiscal General-, no se toma en cuenta algo que es fundamental en el derecho penal y muchos sistemas jurídicos: el latinajo “in dubio pro reo”, es decir, que ante la duda, por no haber pruebas contundentes, el reo es inocente.

Y bien, ante lo que hemos visto, sobrevuela en el ambiente un juicio que se basa en meras especulaciones, y todo lo manifestado por las declaraciones de los testigos van en esa dirección. En paralelo, el origen de todo, el fraude o engaño a la Hacienda pública de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), no es un simple rumor, es un caso judicial firme y condenado. Como eran tantos los beneficios, utilizó facturas falsas. En 2020 ganó la friolera de 2,3 millones de euros gracias a comisiones por las mascarillas. Se ahorró de golpe 350.951 euros en impuestos. Lo hizo con 17 facturas falsas, algunas de más de 600.000 euros. La Fiscalía pide por todo ello 3 años y 9 meses de cárcel. Se está a la espera de la vista judicial.

LA VANGUARDIA

Aquí se da la paradoja de que el Fiscal General, por meras sospechas ya lo han juzgado, mientras que el confeso delincuente, González Amador, todavía no lo han sentado en el banquillo por lo más grave de su comportamiento. En plena tarea de este comentario saltó la noticia de que el Supremo condena al Fiscal General del Estado, García Ortiz a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa e indemnización de 10.000 euros al defraudador de Hacienda, la pareja de Ayuso, por revelación de secreto, y en todo esto hay un tufo político que apesta.

Además, la noticia aparece sin la publicación de la condena, para hacerla coincidir con el simbólico 20-N, que significa la muerte y resurrección del fascismo.

Por otro lado, vemos diáfano que el periódico ABC es genuinamente de derechas y monárquico. Nadie puede creerse cómo el Partido Popular queda en los sondeos que publica, ganador por goleada en unas próximas elecciones generales. Imposible si tenemos en cuenta cómo andan los ánimos de la gente en dos de sus grandes feudos, la Comunidad Valenciana con lo de Carlos Mazón en la DANA, y Andalucía con un Moreno Bonilla y su sonoro fracaso en los cribados falsos sobre los cánceres de mama, cosa que se repite en la Comunidad de Madrid también, todo relacionado con el PP y su política de cargarse el Sistema Público de Sanidad en favor de la Privada. 

En este Partido Popular, acaban de ser detenidos por la UCO el presidente (ya dimitido) y el vicepresidente de la Diputación de Almería por una supuesta trama de comisiones ilegales en contratos de obra pública y también por mascarillas. ¿Por qué el PP, que tan preocupado parece estar con la corrupción (solo con la que tiene que ver con el PSOE), no nos ilustra sobre este caso paradigmático de la ya larga historia de corrupción dentro del Partido Popular? En Almería, se insiste, son ocho los detenidos.

En qué maledicencia nos encontramos. La histórica Esperanza Aguirre, esa que tantas ranas amamantó, ahora habla de guerracivilismo, es decir, franquismo o golpismo fascista, pucherazo electoral, y el PP está abriendo las puertas a la extremaderecha. Mientras, su pupila Isabel Díaz Ayuso, ante la Ley, para que elabore un censo de médicos con problemas de conciencia por los abortos, pues se niega a confeccionar ese listado, y lo resuelve aconsejando: “La mujer que quiera abortar, que vaya a otra parte”. Ante esto, lo que nos preguntamos es, si se trata de una Ley en vigor, ¿por qué una Comunidad puede no aceptar el cumplimiento de esa Ley, y el Estado no cumplir con el castigo por desobediencia? No lo entendemos. ¿Tanto poder tiene esta gente de las derechas en nuestro país?

Ésta es la España cañí y de pandereta, así denominada y reconocida, gracias a estos políticos del sistema imperante, los fascistas autoritarios. Vean que el mal siempre viene de la derecha radical y demandadora de que todo le pertenece. Nuestro país, España, es grande en lo cultural, en lo deportivo, en su clima y belleza monumental, así como en su orografía. Es un lugar que todo el mundo quiere visitar en algún momento. Ahora, como algo negativo, que también lo tiene, es su clase política, en nuestro parecer de las peores de nuestro entorno, más en la derechona y la fascista que nos canta el “Cara al Sol”. Todo esto, después de lo que hemos vivido, nos avergüenza sobremanera porque es, además, definitorio.

Por medio hemos presenciado el desarrollo del juicio-castigo, en el cual se ha visto la poca consistencia argumental de su celebración, donde no se tenía en cuenta los testimonios de periodistas porque iban a favor del acusado, no habiendo en fin, fundamentos de peso que justificaran tanto aparato para “castigar a un delincuente”. Lo paradójico de la mascarada es que, mientras todavía no han sentado en el banquillo al auténtico quinqui confeso, que engañara a la Hacienda pública y a todos los españoles, ya sentaron, y condenaron, a un hombre serio y bueno, gran profesional de la Justicia, Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Nuestro país está enfermo.

La gente sensata, por toda España, se ha quedado boquiabierta con este escándalo judicial y, claro, ya se anuncian movilizaciones, como la que se ha convocado en Las Palmas de Gran Canaria, para este 6 de diciembre