Una rebeldía que se demuestra por su resistencia a tumbar el adefesio, pero también en otra cuestión de igualmente gravísima entidad: la pasividad infame para cobrarle a los empresarios Plasencia y González el viejo, la deuda que tienen, por sentencia firme judicial sobre el hediondo asunto de Las Teresitas, deuda que ya va por los setenta millones. Y esa desobediencia impune, proclamo, se debe al evidente hecho de que quien manda en estas desafortunadas islas es la insalla empresarial, que se atreve, por ejemplo, a darle una cachetada a un tribunal ofeciendo una solución de cinco millones, cuando se le ha impuesto, por un caso criminal, una sanción de cincuenta y siete, cosa que acaba de hacer Plasencia, sin que nadie le persiga por desacato y falta de respeto al juez y a la inteligencia del pueblo canario.. El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su alcalde no derriban el Mamotreto, porque ese es un negocio para Plasencia, feliz usfructuario en exclusiva -porque para eso él es de los que mandan- del chollo de los aparcamientos en este municipio. Porque ese ayuntamiento y su alcalde, como otras instituciones en Canarias, se doblegan a la voluntad y al interés de la jarca empresarial. Y a los hechos me remito. Es que, quién manda, manda.

Y aquí, el texto del Documento presentado al Diputado del Común por la Plataforma:

Dolores Rebrow Fiege, con NIE X0070247M; Cándido Quintana Arteaga, con DNI 41946229W; Carmen Rosa Santos Meneses, con DNI 42017214D; Manuel Julián Ayala Armas, con DNI 41888113F y Ramón Luis Afonso González, con DNI 42043539E, con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Reyes Católicos, 31-8ºA. 38005, Santa Cruz de Tenerife. 

COMPARECEN Y EXPONEN:

1.- Que todos ellos son integrantes de la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción, organización popular sin personalidad jurídica propia.

2.- Que sorprendidos y alarmados por las actuaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la fase de ejecución de la sentencia firme de La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 18 de noviembre de 2014, que ordena el derribo del edificio de aparcamientos y locales comerciales conocido como "el mamotreto" y situado en la cabecera de la Playa de Las Teresitas, manifestamos lo siguiente:

a)Que la citada sentencia, además de condenar a seis personas, tres concejales y tres funcionarios municipales, a diferentes penas de prisión e inhabilitación por su participación en la comisión de un delito de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, ordena la demolición total del edificio de aparcamientos al que, al mismo tiempo, declara ilegal e ilegalizable. Sin embargo, en su Fundamento Jurídico Décimo deja la puerta abierta, de manera excepcional, a una posible legalización del mismo en el caso de que se acreditara una modificación del planeamiento que posibilitara la legalización de la parte de la obra que no invade la servidumbre de protección.

b) Que a ese supuesto excepcional se ha acogido el Ayuntamiento para obstaculizar la ejecución de la sentencia y, consecuentemente, no derribar el edificio. El 6 de abril de 2015, hace ya casi un año, el Juzgado de lo Penal Nº5 remitió al consistorio capitalino una providencia (Anexo I), solicitando que le informara de si existía esa normativa urbanística que hiciera posible la legalización. Ante la inacción del grupo de gobierno, el 9 de noviembre de 2015, el Juzgado volvió a requerir al ayuntamiento, en una segunda providencia, para que cumpliera con la sentencia firme.   

c) Que durante todo este tiempo el grupo de gobierno municipal, según manifestaciones del Sr. Alcalde, José Manuel Bermúdez, y otros miembros de la Corporación, ha remitido al Juzgado Nº5 algunos informes que, sin embargo, no dan respuesta  clara a lo solicitado. No es hasta diciembre de 2015, que la directora Técnico-Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Doña Luisa del Toro Villavicencio, a instancias de la Alcaldía, emite un tercer informe en donde concluye que el mamotreto se debe derribar en su totalidad, tal como ordena la sentencia de la Audiencia. A esa misma conclusión se llega también en otros dos informes emitidos por el secretario General del Pleno, D. Luis Prieto, y por la directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Doña Isabel Cubas. Es más, contrariando lo manifestado por los miembros del grupo de gobierno, la Sra. Cubas establece de manera categórica en sus conclusiones “que no concurre en la actualidad ninguna circunstancia fáctica o jurídica que ampare plantear un incidente de imposibilidad legal de ejecución” de la sentencia.

d)Que a pesar de la contundencia de los dictámenes emitidos por las tres máximas autoridades jurídicas del Ayuntamiento, el grupo de gobierno, según informaciones aparecidas en la prensa, ha seguido requiriendo informes de otras instancias municipales, al mismo tiempo que, también según los medios de comunicación, se ha sabido que el Alcalde, Sr. Bermúdez, ordenó a la concejalía de Proyectos Urbanos, Infraestructuras, Obras y Patrimonio la redacción del proyecto de derribo del edificio ilegal. Sin embargo, lo que dicha concejalía ha hecho llegar a la alcaldía no ha sido el proyecto solicitado. Antes bien, incumpliendo aparentemente la orden del alcalde, el concejal delegado de dicha concejalía, Don Alberto Díaz-Estébanez, ha remitido un nuevo informe firmado por Doña Verónica Patricia Rodríguez Martín, abogada y funcionaria en excedencia de la Comunidad Autónoma, contratada como personal directivo en fechas recientes por la citada concejalía. Este nuevo dictamen contradice a los anteriores, concluyendo no sólo que el edificio es legalizable, sino que la sentencia es inejecutable, al mismo tiempo que recomienda al juzgador que "valore la posibilidad de que sea otra Administración la que se subrogue en las funciones de auxilio judicial para el fin previsto”.

e) Que dictada la sentencia condenatoria, donde se ordena la restitución de la legalidad quebrantada, la consecuencia lógica es la automática reparación del daño, es decir, la demolición del "mamotreto" y el cumplimiento de las penas por parte de los condenados. Ha pasado más de un año desde que la sentencia es firme, pero su ejecución se aplaza sine die. A pesar de que a diario llenan la prensa de titulares sobre su escrupuloso  comportamiento en la ejecución de la sentencia, el alcalde Bermúdez y su grupo de gobierno siguen contraviniendo la justicia, pues parece que lo que pretenden –y hasta ahora lo están consiguiendo– es diferir y en última instancia evitar que el "mamotreto" sea derribado. De esta manera, creemos que se está perturbando la tutela judicial en cuanto se dilatan intencionadamente los plazos para hacer efectiva la ejecución de la sentencia.

No ordenar, a la luz de los contundentes informes que  se han aportado, la demolición del edificio, convertiría la laboriosa actuación judicial y de la fiscalía en una auténtica pantomima, por cuanto los condenados lograrían finalmente su propósito delictivo original.

POR TODO ELLO, las personas arriba nombradas solicitan  el amparo de la Diputación del Común de Canarias para que el ilegal e ilegalizable edificio de aparcamientos y locales comerciales de la Playa de Las Teresitas sea derribado totalmente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como especifica la sentencia judicial al  respecto.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2016

Fdo.: Dolores Rebrow Fiege   Fdo.: Cándido Quintana Arteaga Fdo.:Carmen Rosa Santos Meneses   Fdo.: Manuel Julián Ayala ArmasFdo.: Ramón Luis Afonso González

Sr. Diputado del Común

Parlamento de Canarias

C/ Pérez Galdós nº 25-27, 38002

Santa Cruz de Tenerife