Este partido local alerta de que el Gobierno de Canarias plantea solo en Las Américas 550.000 metros cuadrados más de cemento dedicados sobre todo a uso comercial.
Paco Déniz, concejal de Sí se puede en La Laguna, critica que casi un año después de que Fernando Clavijo anunciara una macro consulta ciudadana, pagada con fondos públicos, el municipio desconoce sus resultados y no se haya dado ninguna respuesta a la información solicitada por la oposición.
Román Rodríguez someterá a la ejecutiva la decisión sobre la “puerta abierta” dejada por Rivero para lograr apoyos institucionales y ciudadanos a favor del citado referéndum
Román Rodríguez destaca que el 71,2% de los ciudadanos canarios ven incompatible el gas y el petróleo con un turismo respetuoso con el medio ambiente
NC afirma que el debate del petróleo ha generado una “mayor conciencia democrática, medioambiental y como pueblo” entre los ciudadanos canarios
Hemos intentado, por activa y por pasiva, que usted, como afectado/a ejerza su derecho a decidir sobre el petróleo y el gas, pero no sólo sobre las prospecciones contra las que también lucha XTF.
Ya yo he demostrado varias veces la incosistencia metodológica y la inconsistencia de encargar a la Universidad esa miniencuesta impulsada por Paulino. Ahora, la sabiduría de E. Acosta certifica en EL OIKOS la inoportunidad política de apelar a una herramienta de investigación como un arma dialéctica.
Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) considera que, igual que en España se evidencia un déficit democrático, en Canarias tenemos que consolidar nuestro derecho a libertad de expresión.
Roberto Rodríguez, portavoz de Sí se puede, asegura que la decisión del Tribunal Constitucional de impedir la celebración de la consulta ciudadana prevista para el próximo 23 de noviembre, es “un ejemplo de la incapacidad del PP de convencer a la población con argumentos sobre unas prospecciones petrolíferas que representan un serio peligro para nuestro futuro”.
El Gobierno español, con las pasajeras leyes actuales en la mano, no acepta las consultas sobre la independencia de Cataluña ni en torno a las prospecciones petrolíferas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. En Canarias, la concesión a Repsol –también legal- le permitiría a la compañía privada (que no estatal) obtener beneficios económicos en caso de que haya bolsas de petróleo, réditos que distribuiría entre sus accionistas. La situación, aquí, se ha tensado.