
Ernesto Ekaizer es uno de los periodistas que mejor conocen el infernal sistema judicial del estado español y uno de los muchos honestos que existen. Porque son muchos y muchas, el problema es que la deshonestidad y el poder económico de la oligarquía tienen mucha potencia. A principios de julio, Ekaizer estuvo por Lanzarote presentando su libro "El rey al desnudo" y Saúl García le hizo una entrevista para DIARIO DE LANZAROTE, cuya segunda parte ha aparecido ahora. La recomienda Irma Ferrer. Y yo, Chema Tante, llamo la atención hacia este detalle funesto que nos resalta Ekaizer. De como no son solamente los jueces y juezas quienes perturban la calidad democrática de la Justicia; una pareja, un abogado estrella y una fiscala general pueden cargarse a un fiscal que incordia en un caso determinado. Un fiscal que, por cierto, ya había sido vituperado, acribillado a calumnias, por el cacicato conejero, por sus actuaciones contra las felonías urbanísticas.
Ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación, referente al contenido del “auto del juzgado de instrucción nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria notificado el 6 de marzo de 2019, donde se acuerda transformar las “diligencias previas” en “procedimiento abreviado”.
La instrucción militar consistía, en gimnasia, desfile y manejo de armas, la mayor parte del adiestramiento era con fusil, (Mosquetón Máuser de 1916). Los instructores eran soldados veteranos que habían hecho el periodo de instrucción en reemplazos anteriores, el comportamiento de estos veteranos con los reclutas era durísimo, en especial un cabo primera, que nos trataba como si fuéramos basura.
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Es un día histórico y la primera vez que se juzgarán crímenes franquistas cometidos en Canarias

La jueza imputa a estas mujeres de INTERSINDICAL CANARIA de los delitos de "allanamiento de morada", “contra la intimidad y la propia imagen” y una falta de lesiones. Yal periodista, lo empapela por grabar los hechos. Y yo digo que el principal delito cometido es el de resistirse a la agresión ultraliberal. Lo único que al parecer deben hacer las trabajadoras y los trabajadores es aceptar sumisamente la supresión de sus derechos laborales y ciudadanos.