La Comisión promotora de la ILP por una Ley Canaria Educación presentó recientemente un recurso de queja ante la Cámara parlamentaria redactado por el ex diputado socialista Santiago Pérez a través del cual reclamaban al Parlamento la reconsideración de la negativa a debatir la propuesta en sede parlamentaria. La contundencia de esta queja ha hecho que el Gobierno dé marcha atrás.
(En la foto, Santiago Pérez, redactor del Recurso) 

Desesperante lentitud judicial.
El ttibunal ha tardado un año en decidir sobre el recurso-pataleta de Paulino, caliente porque en El Hierro descalgaron a sus socios de AHI. Como Paulino tiene tanta mala memoria, conviene recordarle la rrogancia insoportable con la que daba opr hecho que esa moción de censura se desharía, "en horas". Pues nada, que, como siempre, no tenía razón. Y ahora, ustedes y yo, a pagar las costas de la pataleta con la que Paulino intentó calmar los ánimos de Belén y compañia. 

La Planta de Gas que se pretende instalar en Granadilla es una aberración más de las perpetradas por la alianza entre partidos desaprensivos y emprearios irresponsables que no dudan en destrozar más el territorio insular, anular las posibiulidades de futuro de Canarias, en su codicia isaciable. La Plataforma contra el puerto de Granadilla ha redactado un recurso de alzada que puede presentarse por colectivos o a título individual, en cualquier registro público, antes del miércoles 18 de julio. 
Un buena oportunidad de expresar tu rechazo a todo un concepto de entendimiento entre política y empresa, con fines de beneficio privado.

 
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso adminitrativo que Izquierda Unida Canaria ha interpuesto contra el Real Decreto del Gobierno central de 16 de marzo de 2012, por el que se otorgan a la empresa de capital transnacional REPSOL los permisos para las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.

Ante la intervención del Consejero de Educación, D. José Miguel Pérez, en la mesa sectorial de educación del pasado martes, 19 de junio, CCOO. insiste en que el Gobierno canario no tiene excusas para eludir su responsabilidad planteando el necesario recurso de inconstitucionalidad al RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.