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Limpieza y transparencia en el recuento electoral de papeletas: la ocasión hace al delincuente - por Erasmo Quintana *

El flamante Gabinete ministerial compuesto de quince ministras y nueve ministros, junto a su presidente Pedro Sánchez, se enfrentan el próximo domingo 28 M, a unas importantes elecciones autonómicas, insulares y locales, razón que pone de nuevo encima de la mesa el recuento de las papeletas en tiempo y forma como contempla la Ley Electoral vigente. Pero, lo cierto es que el escrutinio del recuento final no contemplará el llamado sistema de “c-counting” o escaneo de papeletas, pero sí delega en Indra la centralización de datos proporcionados por las Juntas Electorales de todo el país. Dicha centralización ha escapado siempre a cualquier auditoría legal, pues el procedimiento controlado por el Ministerio del Interior lo delega en esta empresa privada, en concreto el tratamiento de los datos electorales (recuento de votos y su difusión) que el día de las elecciones son extraídos del recuento de los votos que realizan las mesas electorales constituidas a tal efecto. Tras ello, los datos pasarán a las Juntas Electorales de Zona que correspondan, y éstas a una base de datos central donde comienza la intervención de la empresa civil INDRA.

La participación de Indra consiste en integrar los votos en la base de datos de todas las juntas electorales de zona de España, facilitando al Ministerio del Interior el resultado definitivo. Parece ser que el departamento dirigido por Mireya Corredor justifica la decisión en que “esta Dirección carece de los medios personales y técnicos para el desarrollo de los citados servicios”, siendo por tanto que estima conveniente utilizar la contratación externa, con el fin de garantizar “un correcto desarrollo” de los procesos electorales. Indra ha iniciado este año, por vez primera en su historia, una campaña de lavado de imagen a raiz de diferentes escándalos que en los últimos años han empañado la imagen de la compañía, y muy especialmente, su interés político en que gane uno u otro partido en los procesos electorales.  

El PSOE llega a estos comicios con algunas asignaturas pendientes, entre las que se encuentra la promesa hecha desde los tiempos de oposición, que tiene que ver con la “Ley mordaza”, así como esa otra de quitar los privilegios a la Iglesia Católica, que no contribuye a la Hacienda pública (como sí tenemos que hacer todos los españoles) por sus más que suculentos negocios en todo el país. Pero lo más grave no es eso: lo peor es que no solo no lo resuelve, sino que quiere también que no contribuyan al Fisco el resto de las confesiones religiosas asentadas en España. Lo de siempre. “Donde dije digo, digo Diego.” Pedro Sánchez también se muestra renuente a la hora de derogar el “copago farmacéutico” y medicamentos que son necesarios, no subvencionarlos. ¿Algo impide cumplir cualquiera de estos compromisos?

En abril de 2019 se celebraron comicios, obteniendo el PSOE 123 escaños.

Estuvo durante mucho tiempo “toreando” a Unidas Podemos, ese socio preferente, incluso vejándolo con un trato humillante, creyéndose Sánchez y los miembros de su ejecutivo mejores y de más calidad como personas, hasta que se quitó la careta y mandó a Podemos a los confines de la gran puñeta. Pero, atendiendo como se debe la actualidad, hay un importante detalle a tener en cuenta, que es la pregunta de: ¿quién y cómo se hace el recuento final de las papeletas depositadas en las urnas -tuyas y mías, amable lector-?, hecho que es de difícil comprensión, atendiendo aquello de “la ocasión hace al delincuente”, por el conjunto de la ciudadanía, ésa que está al cabo de la calle de todo lo que se cuece en las cloacas del poder. El voto por Correo ha facilitado la corrupción que supone la compraventa de papeletas en Melilla, y ahora, al parecer, también en Mojácar y hasta en nuestras Arona y La Gomera, aquí, en Canarias. Ante esto, hay que ser realistas, pues lo más seguro supone el efecto iceberg, apareciendo en la superficie lo que podemos ver, pero su mucho mayor volumen se esconde bajo las aguas.  

En las diferentes consultas electorales de los últimos años -va para más de treinta- el recuento informático de los votos se ha adjudicado, por una millonada de vértigo, a empresas privadas como SCYTL o INDRA. El recuento oficial lo vienen pues realizando empresas sobre la base de las actas emitidas, y ese último acto administrativo (ninguna persona privada, según la Ley, puede realizar un acto administrativo), debe hacerlo el Ministerio del Interior y su equipo de funcionarios, quienes lo supervisarían todo. ¿Quién me asegura a mí, con verosimilitud, que no hay trasvase de un partido a otro, o más claro, pucherazo? Si este acto administrativo final no se hace con la transparencia debida, con representantes de los partidos presenciándolo todo, siempre habrá sospechas. Aunque la empresa privada sea pulcra en su cometido, los actos administrativos (el recuento oficial y final de unas elecciones nacionales lo son) les está vedado a personas privadas, ya que las elecciones son de carácter nacional y sagrado, pues reflejan la voluntad soberana del pueblo, que incide además, directamente en el devenir, mejor o peor, de la nación.

* Gracias a Erasmo Quintana