La plataforma social apoya al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, en su demanda al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, de medidas para crear puestos de trabajo en las Islas
"Hay cosas que no se pueden demostrar", "No hay financiación ilegal", dijo Rajoy en entrevista que le hizo Sara Eisen en BLOOMBERG. Y, como se dio cuenta de que se le entendía todo, que estaba reconociendo que tal financiación ilegal, pero que la habían tapado muy bien, el hombre fue rápidamente a pedirle a Bloomberg que censurara su propia entrevista.
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, exigirá mañana a Hilario Rodríguez, octavo teniente de alcalde del consistorio, que diga si es cierto que recibió presiones desde su propio partido, Coalición Canaria, para que mintiera sobre los sucesos acaecidos en la Gala de elección de la Reina del Carnaval de 2013.
Como dice mi amigo Felo: "El que faltaba". Esta información sobre el yerno de Aznar, Alejandro Agag, apareció en el 2009, cuando, ya ha llovido, empezaron a saberse los horrores de la trama Gurtel. La que han intentado tapar por todos los medios, llegando a defenestrar a un juez. Pero que termina por salir a la luz, porque es demasiado grande.
IU no entiende “que se trate como una simple cuestión mercantil el pago de una deuda hipotecaria, en torno a la cual pivota la materialización del derecho a la vivienda de la señora Omaña”
Dicen en LIBERTAD DIGITAL que "Los bancos que operan en España pidieron en julio al Banco Central Europeo (BCE) 402.185 millones de euros, un nuevo récord desde que el Banco de España proporciona estos datos, en enero de 1999-, que eleva un 10% lo que solicitaron un mes antes y multiplica por siete las peticiones del año anterior."
El eurodiputado de IU, Willy Meyer, pide a la UE que investigue esta “clara violación del derecho a la presunción de inocencia” Izquierda Unida ha efectuado una intervención urgente ante el Ministerio del Interior y ante la Unión Europea, para que se deje sin efecto la orden de expulsión contra el activista uruguayo, afincado en Lanzarote, José Morales Brum.