Luis Portillo Pasqual del Riquelme señala esta nota servida por EUROPA PRESS y difundida por LA VANGUARDIA,sobre el artículo de Miguel Urbán, que también ha sido comentado en La casa de mi tía Urbán aborda el ineludible tema de la responsabilidad enorme que le cabe al estado español en la cuestión del Sáhara Occidental y recuerda el deber de un gobierno progresista de apoyar la causa de la libertad saharaui.
Luis Portillo Pasqual del Riquelme señala en CONTRAMUTIS esta repetida información aportada por Alfonso Lafarga en CONTRAMUTIS. Digo repetida, porque no cesan las noticias que certifican la brutal actitud de las autoridades ilegales de ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Y hay que repetir también, porque no cesa, el recuerdo de la complicidad del estado español con esta negación de libertades.
Francisco Morote, de Attac Canarias, apunta a este notable artículo que publica Juan Torres López en su blog personal GANAS DE ESCRIBIR. Torres denuncia las subrepticias pero imparables maneras en que los poderes económicos se empeñan en meterle mano al negocio de las pensiones. Lo hacen con cuidado y secreto, porque saben que a la gente este tema le irrita, pero siguen en su propósito.
El portavoz de XTF-NC en La Laguna, Santiago Pérez, señala que el alcalde, José Alberto Díaz, sólo quería ganar tiempo con la ilegalidad que cometió en la Junta General de Muvisa, con la colaboración de la secretaria, que ahora emite un informe que es más un pliego de descargo.
Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, llevará una moción al próximo pleno sobre los asesinatos de civiles que están perpetrando militares israelíes porque, “si el Gobierno de España no hace su trabajo en defensa de los derechos humanos, lo tendremos que hacer los municipios”. Para el portavoz municipal de IUC, “es una vergüenza que el alcalde de Santa Cruz haya recibido al embajador de Israel hace unos meses”.
El diputado de la formación morada asegura que “el Gobierno representa los intereses de las multinacionales de la energía y ampara los negocios de determinadas empresas en contra de los intereses generales de la ciudadanía canaria”.